“Pues ya identificaron los restos de mi cuñado Javier”. Con desparpajo, Reynaldo explica el motivo de su viaje a Cobán (Alto Verapaz, Guatemala) desde Uspantán (Quiché) al conductor del minibús, viejo conocido. “Vamos a hacerle las honras fúnebres”, precisa, que no le han podido hacer desde su desaparición, hace ya veinte años.
Los huesos de Javier fueron encontrados, junto a los de otras cuarenta y siete personas, hace cuatro años en un “enterramiento ilegal”, es decir, una fosa común, no muy lejos de una carretera sin asfaltar en las montañas de los Cuchumatanes, en el noroeste guatemalteco, zona especialmente castigada por los asesinatos masivos y represión militar contra comunidades indígenas durante los treinta y seis años que duró la guerra civil guatemalteca, acabada en 1996.
Los mismos meses que personas fueron halladas en esa fosa han tardado los forenses en identificar a todos los muertos, entre los que está el cuñado de Reynaldo, un fornido cincuentón. “Con las muestras de adn lo hicieron” sigue el viajero platicándole al chófer del minibus y a todo el que quiera oírle.
“La insurgencia no fue”, añade, rotundo, como respuesta a la pregunta que flota en el enrarecido aire del vehículo que sigue dando tumbos acercándose a Cobán y deja en el ambiente, abiertas, las otras dos posibilidades: si no fue la guerrilla, fue el ejército… o fueron los paramilitares, queda sobreentendido.
Nadie solicita aclaración ulterior, aunque todos los presentes parecen participar del mensaje oculto. Porque, veintidós años después del final de tanta matanza de campesinos y destrucción de aldeas enteras, también todos conocen que el jueves 26 de abril se cumplen cuatro lustros del asesinato con premeditación, nocturnidad y alevosía del obispo Juan José Gerardi, cabeza visible de los autores del informe “Guatemala Nunca Más (Informe del Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica)”.
El texto, cuyo somero resumen es un volumen de 300 páginas, había sido presentado públicamente solo dos días antes por Gerardi, el 24 de abril de 1998. La reacción de la caverna guatemalteca fue fulminante: cuarenta y ocho horas después el obispo fue asaltado en el garaje de su vivienda. Su rostro quedó irreconocible tras ser golpeado con un bloque de cemento. Murió prácticamente en el acto.
El exhaustivo informe señalaba, mediante miles de testimonios, que el ejército y sus asociados paramilitares fueron los máximos y principales responsables de las atrocidades de la larga guerra civil “de baja intensidad”, que causó doscientos mil muertos, 45.000 desaparecidos y casi cien mil desplazados, según estableció una Comisión ad hoc de Naciones Unidas en 1999. Se supone que Gerardi fue uno de ellos.
Además cientos de aldeas fueron arrasadas concienzudamente, especialmente en las montañas cercanas a la frontera con el Chiapas mexicano, por la simple sospecha de colaboración con la guerrilla izquierdista insurgente, en aplicación de una decidida estrategia de tierra quemada.
El tremendo asesinato de Gerardi no arredró, ni mucho menos a la sociedad civil guatemalteca, que, igual que había colaborado con la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y con muchas otras organizaciones independientes para la elaboración del Informe, siguió y sigue haciéndolo para hallar y explicar las salvajadas cometidas durante la larga guerra civil durante la que el país estuvo gobernado por dictadores militares, a las claras o en la sombra.
Gracias a esa colaboración valiente de la población maya guatemalteca, casi el 50% del total de 17 millones, han ido saliendo a luz casos como el de los 48 desparecidos recién identificados entre los que está el cuñado de Reynaldo.
Y gracias a eso también, toda Guatemala, pero especialmente las poblaciones de las regiones Alta Verapaz, Quiché y Xela, están ya regadas de recordatorios de las matanzas y desapariciones: aquí, un mural con los rostros de 15 o 20 desaparecidos; en otro pueblo, un monolito con placa en la plaza; más allá, un túmulo en un camposanto, con su correspondiente explicación…
La autoría del asesinato de Gerardi nunca estuvo en duda. En el año 2000 fueron condenados el capitán Byron Lima Oliva; su padre, el coronel Byron Lima Estrada; y el sargento Obdulio Villanueva, presunto autor material. El quinto condenado muestra que no todo era ni es aún trigo limpio en la Iglesia Católica guatemalteca: el sacerdote Mario Orantes, que vivía en la misma casa que Gerardi y franqueó el acceso a los asesinos.
A diferencia de otras sociedades en las que décadas después de otras matanzas la mayoría prefiere mirar cobardemente a otro lado y se rasga farisaicamente las vestiduras cuando se plantean exhumaciones como la recién emprendida en el franquista “Valle de los Caídos”, en Guatemala la población indígena, apoyada por ONGs locales e internacionales, y parte del catolicismo con Gerardi a la cabeza, actuó inmediatamente para recuperar, reparar y reconstruir la memoria de quienes sufrieron el mordisco del fascismo, apoyado desde Washington.
Miles de restos de asesinados han sido hallados, identificados y entregados a sus familias para recibir digna inhumación, a pesar de que el poder oculto de los militares sigue siendo un factor muy a tener en cuenta en la vida diaria y en la política guatemalteca.
Por eso Reynaldo proclamaba en el bus que le lleva a Cobán desde Uspantán —tierra de la Nobel Rigoberta Menchú— que iba a dedicar unas palabras al esfuerzo y lucha de la sociedad civil en las honras fúnebres de su cuñado Javier, veinte años después de su desaparición, “porque si no llega a ser por ella…., y 'ella' somos todos nosotros”, termina, enfático.
