Nos levantamos el domingo con una noticia sobrecogedora, lo que en un principio parecía un accidente se transformó en algo que además de espeluznante resultaba inexplicable. No hay palabras para describir la tristeza al saber que se podía haber evitado, no hay palabras que puedan contener la indignación, solo me caben frases para dar ánimo y consuelo a las familias y amigos que deben estar viviendo ahora el peor de sus momentos.
La discoteca incendiada llevaba funcionando cuanto menos desde que pidió licencia en 2019 y especialmente durante 2020, aunque el mandato de cese fuera ordenado en enero y octubre de 2022. A pesar de ello siguió abierta, recibiendo público desde jóvenes a adultos, sin una seguridad que impidiera lo que pasó y que podía afectar a todo el mundo. Más de uno el domingo se levantó a mirar la habitación de sus hijos o los llamó a sus móviles para asegurarse que no estaban allí.
Primero, fue la sorpresa ante el incendio, después el horror, más tarde el estupor y, por último, la indignación ante las declaraciones dadas en el consistorio. Las muertes se podrían haber evitado con unos necesarios protocolos que el juez investigará. Las noticias parecen indicar que la comunicación entre las diversas unidades administrativas del ayuntamiento era inexistente. Además, el reciente incendio en un bar de Madrid no había servido de escarmiento a Murcia, como si lo ha sucedido a la inversa. En la capital del país, como en otros tantos ayuntamientos, se ha iniciado una investigación ante el miedo de que lo sucedido pudiera repetirse.
La administración municipal murciana ha fracasado. Todo el mundo en la Región sabía que las discotecas estaban abiertas. Habían visto la publicidad en redes, las noticias de toda índole en medios, pero nadie sabía que habían de cerrarse, excepto la unidad de urbanismo y sus inspectores. No cabe duda de que la responsabilidad principal cae en quien abre con un dictamen de cese de actividad. Sobre el empresario que dirigía las discotecas se acumulan noticias en los medios y ninguna buena, lo que no resulta extraño. ¿A la avaricia en su caso se suma la soberbia de creerse por encima de la ley?
Sin embargo, ante la avaricia de unos, cabe el control de otros, es la obligación de la administración. No resulta descabellado pensar que el triste desenlace se podría haber evitado con mejores protocolos y una comunicación eficiente que tendrá que ser dirimida en los tribunales, que dado el actual estado de la justicia española serán años y años. Será allí donde se delimiten las responsabilidades penales y civiles si las hay.
Han sido varias voces las que se han pronunciado que ni la simplificación administrativa, ni las declaraciones responsables sirven de mucho si no se refuerza el control de la administración. Viene haciendo falta, menos simplificaciones, más controles y mejores protocolos para poner fin a esta situación que no solo abarca los locales de ocio. Muchos son los ejemplos que se han puesto estos días, pozos ilegales, regadíos sin controlar, granjas… En esto no vale mientras rueda no es chamba, porque las consecuencias las pagan las personas. La política de adelgazamiento de las administraciones públicas que algunos preconizan debe terminarse para que situaciones como esta en cualquier ámbito no se repitan más. No podemos perder de vista que esto es un toque de atención para lo que sucede en otros ámbitos. Es lo mínimo que le debemos a los fallecidos: cambiar el chip. No podemos dejar, en este caso, que las portadas y noticias del hoy envuelvan el pescado del mañana y que como peces lo olvidemos y como ballenas traguemos. Se lo debemos a ellos que esto no vuelva a suceder jamás.
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