Se acaba de tomar la decisión en nuestra Región, como en otras de nuestro país, de que no se reanudarán las clases hasta septiembre. Tras la Conferencia Sectorial, los gobiernos autónomos competentes en materia educativa decidirán lo que consideren más conveniente o estén en condiciones de afrontar. Se puede entender que no ha sido posible conciliar el derecho a la salud con el derecho a la educación.
La cuestión que nos planteamos en este momento, en el que la emergencia sanitaria empieza a estar controlada y en el que hemos iniciado la 'desescalada', en relación a la garantía del derecho a la educación, es ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿en qué condiciones? debe producirse la vuelta a las aulas. Y al mismo tiempo, ¿cuál es el límite óptimo entre la protección del derecho a la salud, que debe cumplirse de manera escrupulosa en la actual situación de emergencia sanitaria, y la garantía de los derechos de niñas y niños? La solución ideal probablemente es aquella que pasa por hacer compatible el máximo respeto por estos dos intereses primordiales, asumiendo el mínimo riesgo para la protección de cada uno de ellos.
Para responder a estas preguntas, hemos de valorar dos cuestiones. En primer lugar, la necesidad de garantizar el desarrollo y el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, que se han tenido que enfrentar a un cambio abrupto de modelo de enseñanza-aprendizaje – como también sus familias y el profesorado- sin tiempo para reaccionar y, en ocasiones, sin recursos para adaptarse a él. Lo que, sin lugar a dudas, puede tener un impacto negativo en todos los alumnos y alumnas, pero especialmente en el de aquellos que pertenecen a entornos vulnerables. Al mismo tiempo, resulta imprescindible tener en cuenta los serios efectos que esta crisis está teniendo en la economía, situando a un amplio porcentaje de la población infantil en condiciones de gran vulnerabilidad, mayor aún que la reflejada en los datos de los que ya partíamos, especialmente en nuestra Región.
Ante esta situación ¿cuál es el momento oportuno para volver a las aulas? Partimos de la necesidad de que lo primero es garantizar que se den las condiciones de seguridad adecuadas, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. Pero considero que es importante valorar si es posible armonizar el derecho a la salud y el derecho a la educación que niños y niñas también poseen, teniendo en cuenta el riesgo que supone para muchos de ellos no poder recibir la protección, física y psicológica, que la escuela proporciona, además del consiguiente retraso en su progreso académico.
Creo que merece la pena plantearse si el regreso a las aulas, en condiciones de seguridad, bajo la orientación y el apoyo de la administración educativa, podría permitir a los centros una progresiva adecuación a la “normalidad”, sin necesidad de tener que esperar a septiembre para hacerla. Así podríamos empezar a responder a cuestiones como: Si hacerlo de manera voluntaria para las familias; si escalonadamente para el alumnado; cuál podría ser la mejor organización para atenderlos de acuerdo con sus necesidades, sean estas las que sean (edad, curso académico, abandono del aprendizaje telemático...).
Todas estas cuestiones ya son importantes por sí mismas. Pero además, de su resolución se derivan otras que no son menos urgentes: ¿Qué sistema de apoyo escolar se va a seguir para el alumnado que haya tenido dificultades y necesite recuperar competencias no adquiridas? ¿Qué sucede con los alumnos de necesidades especiales, que requieren una atención singular? ¿Qué va a pasar con los pequeños cuyos padres hayan tenido (afortunadamente) que incorporarse a su puesto de trabajo? ¿Por qué se están utilizando dos modelos de apertura uno para las escuelas infantiles privadas y otro para las públicas? Si los colegios no van a abrir por razones de seguridad sanitaria ¿se podrán organizar escuelas de verano? Y los padres y madres que hayan consumido sus vacaciones durante el periodo del estado de alarma y deban trabajar en verano ¿cómo podrán conciliar su trabajo con el cuidado de sus hijos e hijas más pequeños?
No cabe duda que, en la situación actual, las respuestas no son fáciles, como ninguna lo está siendo en otros ámbitos. Pero ¿no hay forma de conciliar el derecho a la salud con el de la educación con una adecuada organización? El que esta organización sin duda compleja sea difícil ¿quiere decir que es imposible? El interés superior del menor, recogido como principio rector en la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño, parece exigir la necesidad de conciliar dos de sus derechos fundamentales: la salud y la educación.
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