El viernes pasado la noticia que removía nuestras neuronas y nos ponía una vez más sobre la pista de lo injusto que es a veces, demasiadas veces, el sistema judicial español con las mujeres y los niños fue una sentencia del Tribunal Supremo en la que se recoge una condena al Estado español a pagar 600.000 euros a Ángela González como indemnización por el asesinato de su hija.
Esos 600.000 euros son el precio que ha fijado nuestro alto tribunal como “reparación adecuada” del sufrimiento de una madre que ha visto como su hija fue asesinada a manos de su propio padre hace ya quince años durante una visita de esas que nuestro ordenamiento jurídico consideran un instrumento para velar por el “interés superior del menor” en los casos de separación o divorcio de sus padres o tutores, aunque ello les cueste la vida.
¿No sería como mínimo de sentido común, de justicia, que quienes trabajan prestando un servicio público en nuestras instituciones asumiesen alguna responsabilidad ante un hecho, o suceso, que como mínimo podemos considerar un error del sistema judicial?
¿Hay una respuesta a esta pregunta? Lo que hemos encontrado es que el sistema judicial español no acudió a reparar el daño causado a Ángela voluntariamente. Ni siquiera lo hizo cuando esta madre recurrió a nuestro sistema judicial en primera instancia, como seguramente haríamos cualquiera de nosotras. El sistema le dio la espalda y le mostró la cara menos humana de una justicia entendida como aplicación de un conjunto de leyes, así, sin más. Ángela tuvo que acudir nada más y nada menos que a la ONU, y atravesar un calvario de quince años de duración, que finaliza en esa condena “reparatoria”.
Toda persona que haya sentido amor por otra alguna vez en su vida y haya sufrido su pérdida entenderá que no hay montante económico capaz de reparar ni un ápice ese dolor que tanto duele. Pero si al dolor de la pérdida le sumamos la sensación de maltrato infringido por aquellas instituciones que se supone están para velar por nuestro bienestar, la sensación de desamparo cuando ya no queda nada ni nadie que te proteja, la sensación de incomprensión por parte de quienes se supone trabajan para repartir justicia, el dolor va mutando hasta convertirse en un batiburrillo de sentimientos que en el caso de Ángela han sido el combustible necesario para transitar durante quince años por una senda en cuyo destino esta madre ha podido sentir el reconocimiento de que la muerte de su hija fue una injusticia en toda regla, catalogada según el CEDAW (Comité contra la Discriminación contra la mujer de la ONU) como una vulneración integral de sus derechos fundamentales.
Hoy, otro viernes de verano, el último antes del ansiado agosto para muchas de nosotras, nos despertamos con la noticia de que Juana Rivas ha sido condenada a cinco años de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad y a una multa de 30.000 euros, además del pago de las costas del juicio.
¿Qué delito ha cometido? Pues según el juez que firma esta sentencia ha cometido dos delitos, uno por cada uno de los hijos que esta madre intentó proteger de la persona que aún siendo el padre de los menores, fue además su maltratador. Hoy, esos que no cejan en la transmisión del mensaje del “instinto maternal” como aquel por el que las madres protegen a sus hijos, como si este fuese un rasgo exclusivo de las mujeres, y no de las personas que tienen una responsabilidad de crianza, ese mismo instinto al que apelan para justificar que las mujeres seamos en un elevado porcentaje las que asumimos el cuidado de los hijos, abandonando carreras profesionales, provocando brechas salariales, sobrecargándonos con dobles y triples jornadas, hoy, en la puerta de agosto, esos mismos vocean que Juana “explotó” el argumento del maltrato, al tiempo que celebran que Arcuri sea “judicialmente reparado” por un episodio que se produjo durante unos calurosos días del pasado verano, y que acabó con los menores viviendo con su padre en Italia, y con Juana transitando, como Ángela, por la senda de un calvario judicial, que es su caso tiene como destino la cárcel y la pérdida de condición de madre durante seis años.
Desde los movimientos feministas vemos el destino de Juana como un mensaje lanzado a todas las mujeres, el enésimo que nos lanzan, desde nuestras instituciones. Parecen decirnos: “Mujeres, con vuestro instinto maternal proteged a vuestros cachorros, aunque ello os cueste renuncias personales, ya que ello va implícito en la condición de madre, pero ojo, no os paséis de listas, y no hagáis caso de ese instinto de protección de vuestras camadas si ello implica contradecir o enfadar al padre, aunque eso les cueste la vida a vuestros hijos e hijas o a vosotras”.
Si Juana consigue algún día futuro, ojalá, recalar en una estación en la que se demuestre que el padre de sus hijos la ha maltratado, y que ella actuó guiada por el “interés superior del menor”, en este caso de dos menores (sus dos hijos) sobre los que ya no podrá ejercer la patria potestad en seis años, no habrá indemnización económica que le devuelva a esta mujer y a estos dos niños dos infancias robadas.
No se extrañen estos días si leen hashtag sobre guerras feministas. Y sobre todo no se asusten porque las armas que usamos las mujeres para batallar son la solidaridad, el amor, la comprensión, la empatía. Nuestro ejército está compuesto solo por hermanas, y nuestro enemigo es aquel que reparte dolor y además lo eleva a la enésima potencia mediante la incomprensión, el desamparo, el abuso de poder. Lemas como “somos tu manada”, “feminismo o barbarie” no tienen por objeto herir. Su intención es hacernos evolucionar como sociedad a un estado más justo, más humano, más feliz.
*Raquel Abeledo pertenece al colectivo feminista Paro Internacional de Mujeres (PIM) Cartagena
