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Castejón se enfrenta a las primeras críticas por las competencias del exalcalde López

Ana Belén Castejón, del PSOE, nueva alcaldesa de Cartagena (Murcia)

Rafa López

Murcia —

Ciudadanos y Cartagena Sí Se Puede critican duramente los primeros días de gestión de Ana Belén Castejón como alcaldesa. La noticia por la que mantiene a José López en Urbanismo y además le otorga poder con el puesto de teniente de alcalde han supuesto la llegada de duras críticas por parte de la oposición.

Por un lado, Manuel Padín, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cartagena, considera que el gran problema “es que algunos se creen intocables, y van por la vida dictando sentencias morales pero cuando llega el momento de aplicarte lo que exiges a los demás huyes de tu responsabilidad, y a pesar de que sigo creyendo en la presunción de inocencia, sé que él (el exalcalde José López) que la hace con malas artes acaba pagándola”.

Por otro lado, Miguel Sánchez, portavoz regional de la formación naranja considera una enorme contradicción que el Partido Socialista pida la dimisión de Pedro Antonio Sánchez por su imputación mientras que en Cartagena mantiene en el poder a José López. Además, considera que el actual gobierno “ha tardado sólo un día en colocar sin concurso público a los acólitos de López en puestos clave y técnicos, como ha ocurrido con Giménez Gallo”.

Además, El grupo municipal de Podemos en Cartagena (Cartagena sí se puede) exige que el edil de Movimiento Ciudadano debe ser apartado inmediatamente de su cargo hasta que se demuestre, en su caso, su inocencia. CTSSP, que votó a favor de la nueva alcaldesa, considera que Castejón es corresponsable por otorgarle las competencias en Urbanismo e Infraestructuras a José López, cuando el edil de MC se encuentra investigado por la Justicia por presuntos delitos de prevaricación, negociación prohibida, malversación y tráfico de influencias (relacionados con urbanismo).

Además, el código ético del Partido Socialista, junto al artículo 54 de la Ley de Transparencia, manifiestan la necesidad de apartar a cargos políticos investigados por corrupción (como la imputación de Barreiro y PAS).

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