Unos mensajes de WhatsApp sitúan a la cúpula de Vox al corriente de los pagos de Garre meses antes de la ruptura en Torre Pacheco

El relato oficial de Vox sobre la salida de José Francisco Garre en Torre Pacheco se desmorona. Si hace apenas unos días la formación exigía el acta de concejal a Garre bajo la acusación de haber recibido 16.000 euros en transferencias “sin justificar”, una serie de mensajes de WhatsApp revelados por La Opinión de Murcia demuestran que la cúpula nacional de la formación ultraderechista no solo conocía esos pagos, sino que también los habría validado.

La dirección nacional de Vox, a través de la vicesecretaria de Acción de Gobierno, Montserrat Lluis, recibió el pasado 4 de marzo hasta diez capturas de pantalla que acreditaban que el Grupo Parlamentario estaba al tanto de cada euro transferido a Garre, quien además de concejal en Torre Pacheco había sido el número dos del Comité de Garantías del partido a nivel nacional. En esos mensajes, el propio Garre detallaba que los ingresos correspondían a trabajos jurídicos realizados desde 2020, cuando el partido carecía de estructura y él asumía en solitario la asesoría de numerosos municipios y procesos internos.

A pesar de que Lluis agradeció el envío de la documentación y que los pagos estaban acordados con figuras de peso como Rubén Martínez Alpañez (actual portavoz parlamentario tras la expulsión de José Ángel Antelo), Vox decidió lanzar públicamente la acusación de irregularidades económicas solo después de que Garre rompiera con el partido, junto a las ediles Ana Belén Martínez y Maria José Guillén, para formar gobierno con el PP en Torre Pacheco. Un pacto, justificado por Garre, que buscaba “desbloquear servicios esenciales, como limpieza y agua”, los cuales, según los concejales, estaban paralizados ante la falta de un equipo de gobierno sólido.

La cronología de los mensajes reforzaría la versión aportada por Garre, quien califica la actitud de su antiguo partido como una estrategia de “amedrentamiento”. Según el concejal, Vox estaba buscando un mecanismo de presión para evitar que explorara acuerdos de gobierno fuera del control de Madrid. Garre ha dicho que sabían “perfectamente” cuánto dinero y por qué se le estaba pagando, y asegura que incluso ha llegado a recibir disculpas de responsables nacionales por la carga de trabajo que había soportado durante años antes de que se profesionalizara el área jurídica.

Este nuevo capítulo agrava la crisis interna de Vox en la Región. Aunque el partido ha acusado a Garre de “venderse” al PP por supuestos intereses personales y de no justificar sus ingresos, las últimas informaciones apuntan a que todo estaba, previamente, en conocimiento de la cúpula de Santiago Abascal. Lo que Vox presentó como un expediente de expulsión por falta de transparencia parece haber sido, a tenor de las pruebas, una reacción de castigo ante la pérdida de control territorial en Torre Pacheco, que es una de las plazas fuertes del partido a nivel nacional y donde en las elecciones de 2019 llegaron a alcanzar el 38 por ciento de los votos. Por el momento, la dirección nacional de Vox no ha ofrecido una explicación coherente sobre por qué cuestionó unos pagos que sus propios dirigentes habían coordinado meses atrás.

Por su parte, fuentes de Vox afirman que el partido “no tenía constancia de los pagos que realizaba Antelo, ni de las contrataciones o acuerdos que él ejecutaba. Fue tras su cese cuando empezamos a conocer todos estos movimientos, cuya justificación no fue capaz de aportar”. Según añaden desde la formación: “Por eso, durante muchas conversaciones, se le solicitaron esas aclaraciones a Garre. Él, aunque se comprometía a facilitarlas y a colaborar, manifestando lealtad absoluta al partido, nunca lo hizo. En lugar de ello, aprovechó ese tiempo para pactar un acuerdo de gobierno con el PP a espaldas de la dirección nacional y regional”.

Tras ser consultados por elDiario.es Murcia, también han aportado un comunicado de la concejal en Torre Pacheco, Merche Meroño, quien califica el pacto con el PP como un “robo de acta” y una “traición al mandato de los votantes”. Meroño eleva el tono al asegurar que el acuerdo responde a intereses económicos, señalando que el sueldo de Garre pasará de 20.500 a 33.000 euros, mientras que el del alcalde popular subirá hasta los 56.000 euros.

Meroño sostiene que “desde la dirección nacional se le pidieron explicaciones hace semanas, pero no lo hizo”, una afirmación que choca frontalmente con los mensajes del 4 de marzo en los que Montserrat Lluis agradecía a Garre el envío de toda la documentación justificativa.