Un tribunal anula la adjudicación del contrato de agua a Aqualia en el municipio murciano de San Javier

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha anulado el contrato de adjudicación de abastecimiento de agua potable y gestión del alcantarillado del municipio murciano de San Javier otorgado el pasado octubre a Aqualia tras el recurso presentado por la empresa Aguas de San Javier y La Manga del Mar Menor. El contrato asciende a casi 250 millones de euros para los próximos 20 años.

El proceso de licitación retorna al principio ya que se ha anulado tanto el acuerdo como el procedimiento de contratación al no haberse dado a conocer “las identidades de los técnicos o expertos del equipo valorador, su formación y experiencia profesional”. La empresa recurrente ha señalado que el Ayuntamiento del municipio murciano estableció una cláusula de confidencialidad sobre las ofertas de los licitadores que restringía la información sobre las puntuaciones definitivas y se desconocían los criterios de valoración aplicados.

Según la resolución, Aguas de San Javier y La Manga del Mar Menor-la tercera empresa con mejor puntuación del concurso detrás de Aqualia e Hidrogea- ha denunciado que la empresa externa consultora, Ingeagua, “puede estar en connivencia con la adjudicataria”, Aqualia, “lo que ha de acarrear la nulidad de todo lo actuado”.

Tanto Aqualia como el Ayuntamiento de San Javier se plantean presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región tras la resolución del TARC, órgano del Ministerio de Hacienda responsable de resolver los litigios en la contratación pública.

Aguas de San Javier y La Manga del Mar Menor también se hacen eco de la investigación iniciada por la Fiscalía de Cartagena a raíz de la denuncia presentada por Pleamar San Javier, una formación política independiente del municipio murciano, por un por un posible “delito de prevaricación dada la posible connivencia entre la empresa elegida por el Ayuntamiento de San Javier, INEAGUA y la adjudicataria de este contrato de concesión FCC AQUALIA, S.A”, aunque el tribunal aclara que no se pronuncia sobre este procedimiento penal al carecer de competencia.

El Ayuntamiento de San Javier, encabezado por el también secretario general del PP de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, contrató “directamente” a Ingeagua “mediante la suscripción de un contrato menor por importe de 18.029 euros” y “no licitó este contrato de asesoramiento entre las distintas empresas de consultoría que hay en el mercado”, denuncia Aguas de San Javier y La Manga del Mar Menor.

La empresa recurrente alega que la “Fiscalía está analizando si ello habría llevado a Ingeagua a otorgarle (indebidamente) a FCC Aqualia una puntuación superior a la que le correspondía”, al plantearse en dicha denuncia que la empresa evaluadora había concedido “la máxima puntuación posible en todos y cada uno de los criterios de valoración 'subjetivos' frente a los criterios 'objetivos' evaluables mediante fórmulas matemáticas”.

Aqualia: La oferta, “ajustada en derecho y forma”

Por su parte, Aqualia ha emitido un comunicado en el que afirma que la compañía “ha presentado una oferta ganadora, muy beneficiosa para la ciudadanía y que incluye el alto nivel de inversión que el municipio y el estado actual del servicio requieren, muy superior a la presentada por el resto de los licitadores”. Asimismo, Aqualia defiende que su oferta es “ajustada a derecho en fondo y forma”.

Añaden que “el proyecto de Aqualia para la gestión del Servicio de Agua de San Javier tiene como ejes principales la digitalización y la sostenibilidad, y supone la inversión de más de 80 millones de euros, así como la sustitución del 100 % de los contadores actuales por otros 'inteligentes' y la renovación de 115 kilómetros de tuberías”.

El alcalde de San Javier ha defendido que la oferta de la compañía adjudicataria era la más beneficiosa, puesto que ofrecía una inversión muy elevada y ha añadido que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento están estudiando el fallo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para ver si acuden a la vía de lo contencioso administrativo.