El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha llamado la atención al Gobierno regional por excluir a la Asociación Unión de Consumidores de España (UCE) del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y ha reclamado que se pongan en marcha las actuaciones oportunas para que pueda ser designado “en el puesto correspondiente a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, ya sea como vocal único o en alternancia con otras asociaciones más representativas”.
El Gobierno regional argumenta que UCE “no tiene representación en este organismo porque no cuenta con los requisitos ni cumple las obligaciones que contempla el decreto en su artículo número 10, para poder pertenecer al Registro y desde la Dirección General se debe cumplir con la normativa”. Sin embargo, desde esta asociación aseguran que su salida del registro es posterior a la investigación del Defensor del Pueblo y que sí cumplían con todos los requisitos para formar parte de la elección al CES en el último proceso.
El escrito del Defensor del Pueblo, de 24 de julio, da respuesta a las denuncias de la UCE por su exclusión por parte del Consejo de Gobierno en la representación del Consejo Económico y Social, “vulnerando todos los preceptos legales para imponer a Juana Pérez, presidenta de la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, THADER CONSUMO”, explica a elDiario.es Región de Murcia, Pedro Valera Duque, presidente de UCE.
No es la primera vez que Juana Pérez se ve envuelta en una polémica. En diciembre de 2022, su nombramiento como presidenta del ya extinto Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) fue denunciado ante la Justicia al considerar algunos de los vocales del Consejo que se había cometido un delito de prevaricación durante el proceso de su elección.
En el registro de organizaciones de consumidores de la Región de Murcia están inscritas dos organizaciones: la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Thader Consumo, con 26.240 socios y la UCE, con 102.223, según la información facilitada por la Dirección General de Consumo al Defensor del Pueblo,.
Al contar con más socios, el Defensor del Pueblo entiende “que esa condición le da derecho a ostentar un puesto en el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia”. A pesar de ello, “y de haberlo reclamado en varias ocasiones”, la vocalía correspondiente a los representantes de los consumidores y usuarios le ha sido atribuida en las últimas renovaciones a la representante de Thader Consumo.
Del Defensor del Pueblo, a la Fiscalía
“Llevamos años tratando de corregir lo que entendemos que es prevaricación”, se queja Pedro Valera Duque, quien adelanta que el escrito del Defensor del Pueblo “nos abre la puerta para llevar al Consejo de Gobierno ante la Fiscalía”. El presidente de UCE insiste en que desde la Consejería de Economía se ha vulnerado “conscientemente” la normativa, que marca que los mandatos (son de cuatro años) sean rotativos: “Todas las organizaciones se van turnando, porque estar un año fuera de juego es mucho tiempo”.
La UCE lleva casi una década al margen. El Consejo de Gobierno ha designado a Thader Consumo “unilateralmente” tres mandatos seguidos, sigue Pedro Valera Duque: “Nunca nos han contestado a ninguno de los escritos que les hemos mandado hasta que hemos llegado al Defensor del Pueblo; están tomando decisiones injustas a sabiendas para perjudicarnos”, valora.
Según la respuesta del Servicio de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Consumo al Defensor del Pueblo, en dicho departamento no tienen constancia de ninguna queja, reclamación o solicitud de información de la UCE. Sin embargo, esta asociación “asegura haberse dirigido entre los años 2020 y 2021 al propio Consejo Económico y Social, al consejero de Presidencia y al consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, y aporta copia de sus escritos, interesándose en participar en el Consejo Económico y Social y proponiendo la búsqueda de un acuerdo para alternar su participación con otras asociaciones más representativas”, señala el Defensor en su escrito.
Por lo que concluye que “a pesar de sus reclamaciones la citada asociación no ha visto siquiera contestadas sus solicitudes, ni ha sido tenida en cuenta en la última renovación del Consejo llevada a cabo en el mes de febrero de 2024”.
El requisito “innecesario” de una certificación
Según la información aportada por Hacienda al Defensor del Pueblo, con fecha 15 de mayo de 2023 se remitió por la secretaria general de la citada Consejería la designación de Thader Consumo, “acompañando una certificación de la Dirección General de Consumo y Artesanía”. Y según la Dirección General de Consumo: “En las dos últimas renovaciones, el certificado fue solicitado por la Vicesecretaria de la Consejería de Hacienda (2021) y por la Federación THADER CONSUMO (2023), mientras que la Asociación UCE no solicitó certificado alguno”.
Sin embargo, a juicio del Defensor del Pueblo, las actuaciones procedimentales llevadas a cabo “no han servido para asegurar la máxima representatividad de las asociaciones, ya que la propuesta iba acompañada de una certificación de la Dirección General de Consumo en la que se afirma que al tener la condición de Federación de consumidores más representativa le corresponde (a THADER CONSUMO) formar parte del Consejo Económico y Social, obviando la existencia de la otra asociación inscrita en la sección primera del registro de organizaciones de consumidores y usuarios, dotada aun de mayor representatividad”.
El Defensor del Pueblo concreta que no se comprende el motivo por el que la designación como miembro del Consejo Económico y Social dependa de que las asociaciones soliciten a la Dirección General de Consumo un certificado, que no se prevé en la normativa, para constatar una información que es pública. “Con el fin de asegurar la máxima representatividad de todas las asociaciones, lo razonable habría sido que, desde la propia Consejería de Empresas, Empleo y Economía Social, se hubiera trasladado a todas las asociaciones más representativas inscritas en el registro, información sobre la próxima renovación del Consejo Económico y Social, a fin de que estas pudieran manifestar su interés en ser designado”.
Es decir, concluye el Defensor del Pueblo, “no parece que el Decreto haga depender los derechos de representación de las organizaciones inscritas, de ningún certificado expedido al efecto; un certificado que parece un requisito innecesario en la medida que el registro se encuentra adscrito a la propia Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social que ha de proponer a la organización de consumidores más representativa”.
En opinión del presidente de UCE, esta actitud “se debe a que no estamos dentro de su esfera de amigos, de su élite de confianza”. Y se queja de que el presidente regional, Fernando López Miras, lleva sin recibirles una década. “Somos una asociación con 40 años de historia, independiente y somos incómodos”.
Pedro Valera va más allá y denuncia que la intervención del Defensor ha provocado que les hayan abierto un expediente desde el Gobierno regional para dejarles fuera del registro de asociaciones y, por tanto, fuera también del Consejo Asesor de Consumo. “Hemos recurrido porque argumentan que durante la pandemia no presentamos un documento, pero la decisión ha sido manifiestamente prevaricadora y tenemos plena confianza en que la Fiscalía va a restaurar esta indefensión”. Desde la UCE, además, van a acudir al Ministerio de Consumo.
A este respecto, fuentes del Gobierno regional argumental que actualmente, UCE no está en la lista de asociaciones más representativas, motivo por el cual no forma parte del Registro de Asociaciones. “La decisión no es arbitraria ni injusta, se debe exclusivamente al cumplimiento del decreto 1/2006, que regula el funcionamiento del registro, las obligaciones y los requisitos; cuando se creó el registro, UCE cumplía todos los requisitos como asociación mas representativa, con lo cual podía estar en el registro”, señalan.
Sin embargo, “en la actualidad, UCE no cuenta con los requisitos ni cumple las obligaciones que contempla el decreto en su artículo número 10, para poder pertenecer al Registro y desde la Dirección General se debe cumplir con la normativa”. Aun así, continúan desde el Ejecutivo regional, antes de la exclusión del Registro, “se dieron a UCE todas las facilidades para que subsanaran lo necesario para reunir los requisitos, incluso alargando plazos estipulados para ello”.