El Gobierno del PP en Murcia deja fuera de la FP a jóvenes con discapacidad
La ilusión de Alejandro es seguir estudiando. Tiene 20 años, es de Yecla y había depositado sus esperanzas en la Formación Profesional para continuar aprendiendo y avanzar hacia una vida más autónoma. Este curso, sin embargo, no ha podido formalizar su matrícula. La Consejería murciana de Educación ha rechazado su admisión porque supera los 19 años establecidos en la convocatoria murciana. La decisión ha dejado a su familia preguntándose cómo puede quedarse fuera del sistema un joven por el simple hecho de cumplir años. Tras haber cursado Almacén, quiere estudiar Actividades Auxiliares de Comercio en el IES José Luis Castillo-Puche, cuyos informes respaldan que Alejandro continúe en un programa de formación.
El caso de Alejandro no es una excepción. En 2025, Leyre Sofía Fuster, una joven de 19 años con síndrome de Down, tampoco pudo continuar formándose tras completar un ciclo de FP adaptado de Ofimática en el IES Miguel Espinosa de Murcia. Sus padres denunciaron que la Consejería de Educación le impedía matricularse en otro programa adaptado de Administración Básica debido a su edad. Sus padres presentaron un recurso de alzada para reclamar una revisión de la normativa y poder garantizar la continuidad de sus estudios, cuenta su padre, Antonio Fuster.
Antonio agotó también un recurso de reposición. “Solo me quedaba la vía del contencioso administrativo”, se lamenta. Leyre “sufrió una decepción enorme, no le dieron la oportunidad de seguir formándose cuando sí que existía esa posibilidad”. Antonio se pregunta por qué a las personas con discapacidad se las limita a los 19 años para acceder a esta modalidad de FP, “cuando a las personas procedentes de familias desestructuradas se les permite continuar con el mismo procedimiento hasta los 21 años”. “Es un agravio comparativo”.
El consejero de Educación, Víctor Marín, ha defendido que la restricción de acceso se debe a “un criterio interpretativo” del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional: “Estamos ante un paripé, porque es el Gobierno de la Región de Murcia el que detecta primero este problema y lo pone en conocimiento del Ministerio, subrayando el perjuicio que puede suponer para los alumnos y las familias el tener limitado este acceso por una edad máxima”, ha defendido.
Sin embargo, la ordenación del Sistema de Formación Profesiona a nivel estatal no limita de ninguna manera la edad de acceso al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE). El texto solo pone coto a la permanencia de los alumnos en estos programas, que limita en unos 21 años: “En las ofertas de formación profesional bajo esta modalidad en el sistema educativo, las personas escolarizadas en centros ordinarios o en centros de educación especial podrán permanecer, al menos, hasta los 21 años cumplidos en el año natural en que finalice el curso”.
Se trata de unos tiempos que, además, pueden ser prorrogables: “[Un] plazo que podrá ser excepcionalmente ampliado por un año cuando el equipo docente considere que dicha ampliación hará posible la consecución de los resultados de aprendizaje”.
La restricción que limita la edad de matriculación de los jóvenes con Necesidades Educativas Especiales es de la Consejería de Educación de la Región de Murcia. En concreto, en su resolución de matriculación de FP para el curso 2026/2027: “Los destinatarios de los Programas Formativos Profesionales de la modalidad Especial serán jóvenes con necesidades educativas especiales que tengan un nivel de autonomía personal y social que les permita acceder a un puesto de trabajo. Podrán incorporarse a estos programas alumnos de entre 15 y 19 años, cumplidos en el año natural de incorporación”. En otras palabras, el texto limita el acceso a aquellos alumnos que tengan más de 19 años en el año de inicio del curso formativo.
Curiosamente, la orden de matriculación para el curso 2024/2025 difiere de la de 2025/2026 y de la actual. Con el mismo Real Decreto del Ministerio de Educación en vigor, en el curso 2024/2025 la Consejería sí que interpretó que los alumnos de más de 19 años podían matricularse en FP: “Podrán incorporarse a estos programas alumnos de entre 15 y 21 años, cumplidos en el año natural de incorporación”.
Todo apunta a que la Comunidad Autónoma calculó los años que un alumno debería tener a la hora de matricularse para poder graduarse a los 21 (que estableció en 19) e interpretó que esta era la edad máxima legal en la que un alumno con Necesidades Educativas Especiales puede matricularse en FP. Una teoría que se confirma en un escrito de consulta que la Consejería envió el pasado año al Ministerio: “Dicho artículo [el del Real Decreto] establece una limitación de edad de permanencia hasta los 21 años y, en consecuencia, de acceso, dependiendo de la duración de estas enseñanzas”.
Esta orden no solo añade restricciones que no figuran en el Real Decreto, también es más restrictiva que la orden de la propia Consejería tras la publicación de la ley estatal, que toma como modelo: “La edad máxima en la modalidad Especial en centros ordinarios o en centros de educación especial será la establecida en el artículo 35 del Real Decreto n.º 659/2023, de 18 de julio”.
En declaraciones a medios, Víctor Marín ha asegurado que la Región de Murcia comparte la misma interpretación del Real Decreto que el resto de las Comunidades autónomas y Ceuta y Melilla: “Siguiendo un criterio interpretativo del Real Decreto nacional queda compartido por la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y por Ceuta y Melilla, donde el Ministerio tiene competencias en educación”.
Lo cierto es que La Rioja es la única autonomía que, junto a la Región de Murcia, limita también la edad. En su orden de matriculación establece que, para poder acceder a FP, los alumnos deberán “tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso y no superar los dieciocho años en el momento de acceso ni durante el año natural en curso”.
En el caso de Ceuta y Melilla, el consejero de Educación murciano argumentó que solo se bareman a los alumnos de entre 15 y 19 años. Lo cierto es que la normativa ceutí y melillense establece lo mismo que el Real Decreto, que “en las ofertas de formación profesional bajo esta modalidad, las personas escolarizadas en centros ordinarios o en centros de educación especial podrán permanecer, al menos, hasta los 21 años cumplidos en el año natural en que finalice el curso”. Plazo que, de nuevo, “podrá ser excepcionalmente ampliado por un año cuando el equipo docente considere”. La baremación a la que se refiere Marín simplemente da puntos a los alumnos de edades comprendidas entre los 15 y 19 para priorizar su acceso.
Dos comunicaciones que no se contradicen
Unas informaciones que se difundieron el pasado miércoles es que el Ministerio de Educación envió dos comunicaciones a la Región de Murcia sobre la normativa de FP a la Región de Murcia totalmente contradictorias. El caso es que ninguna de estas dos misivas avalan el límite de la edad de matriculación establecido por la Consejería, e inciden en la normativa estatal.
La primera misiva llegó del director general de Gestión y Planificación Educativa del Ministerio, una carta de colaboración en el que se le recordaba a la Comunidad Autónoma el contenido del Real Decreto Estatal. También apunta a la contradicción entre la orden de la Consejería tras la publicación del Real Decreto y la orden de matriculación: “Se aprecia, por tanto, una discrepancia entre la resolución analizada y el régimen jurídico vigente. Al establecer dicho límite de edad máxima de acceso, la resolución introduce una restricción no contemplada ni en su propia norma autonómica ni en la legislación básica estatal”.
Más tarde llegó una respuesta de la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio a la consulta que envió la consejería de Educación el pasado año: “La previsión contenida en el artículo 35.3 del Real Decreto 659/2023 se refiere específicamente a la permanencia en determinadas ofertas de formación profesional desarrolladas en el sistema educativo bajo esta modalidad, sin que de ello pueda deducirse una limitación general de la continuidad formativa de las personas con necesidades educativas especiales dentro del Sistema de Formación Profesional una vez alcanzada dicha edad”, ha explicado la Secretaría General.
“Los dos escritos que ha enviado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a la Consejería son complementarios y se ajustan a la normativa vigente”, ha insistido fuentes de la Delegación del Gobierno a este diario.
“No debería haber límite de edad”
“Realmente no debería haber ningún límite de edad”, opina Pablo García, presidente de la Asociación Kapaces, que trabaja en Yecla para facilitar la inclusión social de las personas con diversidad funcional. “En la Región de Murcia hay más personas afectadas por esta problemática, en la que llevamos implicados tiempo para poder resolverla; es muy injusto”, apunta mientras que lo califica de “discriminación”.
Pablo García insiste en que imponer límites de edad es “restar oportunidades a estas personas de formarse en un oficio con sus adaptaciones para gente con autismo, síndrome de Down, asperger o daño cerebral adquirido, por ejemplo”.
En cuanto al “tira y afloja” de las administraciones, apunta, “es lamentable porque estamos hablando de personas, y la Consejería debería admitir que es una interpretación errónea y discriminatoria”.
Si en otras comunidades no tienen estos límites, reflexiona, “por qué la Región responsabiliza al Estado”. Limitar el acceso a los 19 años, señala, es “casi lo mismo que quitarles la oportunidad de seguir formándose porque a estas personas les cuesta más aprobar un curso y suelen repetir; así que lo tendrán que solucionar”. Para el presidente de Kapaces, “la legislación estatal debería eliminar el límite de edad y a nivel regional que son quienes tienen la competencia en Educación deberían velar por los ciudadanos más vulnerables”.
Con este tipo de formaciones, además, “los chicos hacen prácticas, se les da visibilidad y ayuda a que los empresarios pierdan el miedo que todavía hay a veces para contratarles”. Por eso, “si queremos que las personas con diversidad funcional tengan un trabajo lo más independiente posible, no podemos fallarles en la formación”.
Pablo García confía en que se pueda resolver el conflicto: “Tanto desde la Delegación como el consejero nos han comunicado que van a poner de su parte para que se solucione”.