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Educación insiste en que tres auditorías avalaron que una filial de Servinabar sin estructura recibiera un contrato en Navarra

La exdirectora general de Universidades y Recursos Educativos del Gobierno de Navarra Nekane Oroz, durante su comparecencia en la comisión de investigación.

Rodrigo Saiz

Pamplona —

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La exdirectora general de Universidades y Recursos Educativos del Gobierno de Navarra en la legislatura 2015/2019, Nekane Oroz, ha insistido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral que tres auditorías externas han “avalado” la adjudicación que ella firmó en el año 2018 a la UTE de Acciona con Alegure, una empresa hermana de Servinabar 2000 sin estructura ni trabajadores, para la construcción del colegio público de Arbizu.

Oroz, que ha asegurado que no tuvo conocimientos de esa mercantil hasta leer el expediente de la mesa de contratación, ha defendido que la adjudicación no respondió únicamente a la oferta económica, como señaló la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), sino que también a criterios técnicos como los plazos de obra.

La obra para la construcción de este centro escolar es el único contrato que el Ejecutivo navarro adjudicó a la empresa Alegure. Alegure estaba domiciliada en el mismo lugar que Servinabar 2000, la pretendida pieza central de la trama y en la que, supuestamente, el exdirigente socialista Cerdán tenía intereses y participación a pesar de que el único administrador nominal era su amigo Alonso. Alegure se compone en un 96% de Servinabar 2000 y el 4% de Uribene, una entidad controlada por el empresario vasco Iñaki Alzaga, de Grupo Noticias, Euskaltel o Nortegás, entre otras. En las antiguas oficinas de Servinabar 2000, ya desmanteladas después de que trascendiera esta investigación, no había ningún rastro de esta otra empresa.

Fue adjudicataria de esta obra en UTE con Acciona, como solía operar Servinabar 2000. Conformaron la UTE denominada CPEIP Arbizu específicamente para esta obra. Se impusieron en un concurso abierto pero que tuvo carácter “de urgencia” a Río Valle, EBA, Erri-Berri y Murias. En la parte técnica EBA tenía una propuesta que fue ligeramente más valorada, pero en la oferta económica la de Acciona y Alegure era claramente la mejor.

De hecho, incluido el modificado, el total facturado por la obra del colegio, que ya está operativo, no supera los 3.563.706,28 de tope máximo previsto por la Administración inicialmente. Se quedó en exactamente 3.268.137,37 euros. Es también más bajo que cualquiera de las otras ofertas del concurso. EBA, por ejemplo, propuso 3.314.596,22 euros. En la UTE Acciona tenía un peso del 75% y Alegure del 25%, pero estos porcentajes se cambiaron posteriormente en escritura pública y Acciona pasó a tener el 99% de las participaciones y Alegure únicamente un 0,01%. Nekane Oroz ha asegurado que nadie le informó de esta circunstancia. “Mi labor es la coordinación y supervisión de los informes y la firma de las resoluciones”, ha afirmado.

La tramitación de esta adjudicación se hizo en la legislatura 2015-2019, con Uxue Barkos de Geroa Bai como presidenta y María Solana, de esa coalición y, en concreto, del PNV navarro, como consejera responsable. Todos los pasos del concurso los supervisó una mesa de contratación encabezada por el director del Servicio de Infraestructuras Educativas de Navarra. El modificado, en cambio, lo firmó ya el Ejecutivo de María Chivite, con Carlos Gimeno al frente de Educación. De hecho, consta en el expediente que el anterior equipo aceptaba dar más plazo pero no más dinero y que las empresas recurrieron y lograron esa compensación adicional.

La exdirectora general ha apuntado que ella únicamente autorizó una ampliación de plazo de ejecución de las obras y que respondió a un informe elaborado por la dirección facultativa en el que se exponía que “habían surgido algunos problemas con la red de pluviales durante las obras”. “Era un informe muy exhaustivo”, ha aseverado, para añadir que se les dio dos meses más de plazo “sin coste añadido”.

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