El PSN se ha desmarcado este jueves en el pleno del Parlamento navarro de sus socios de gobierno de coalición y ha acordado con UPN una moratoria de únicamente un año para la instalación de nuevas plantas de biometano en la comunidad foral. Geroa Bai y Contigo/Zurekin, socios de Chivite en el Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, había presentado una moción para modificar la ley foral e introducir una moratoria de dos años y con efectos retroactivos al 1 de enero de 2023 para este tipo de infraestructuras. El acuerdo entre socialistas y regionalistas ha enfadado también a colectivos ecologistas y vecinos de las localidades afectadas que se han concentrado a las puertas del Parlamento para protestar por la construcción de estas plantas de biometano “sin control”.
“Se facilita la entrada de un modelo industrializado del tratamiento de residuos que va a conllevar una mayor contaminación de los suelos de Navarra y un deterioro de la agroganadería de nuestro territorio. Es un ataque a la biodiversidad y al medio rural”, ha lamentado Pablo Lorente, de la fundación Sustrai Erakuntza.
El texto aprobado en el pleno con los votos favorables de PSN, UPN, PP y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti (exparlamentaria de Vox) recoge una moratoria de 12 meses para la tramitación de nuevos proyectos de generación de biometano dentro de la Comunidad foral “para evaluar el estado de desarrollo de los ya existentes” y responde a una enmienda in voce de sustitución consensuada por UPN y PSN, como alternativa al artículo único de la proposición de ley para modificar la norma reguladora de las actividades con incidencia ambiental impulsada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
La iniciativa de estos tres grupos tenía por objeto introducir una moratoria de dos años (hasta el 1 de octubre de 2027) en la tramitación de nuevos expedientes de autorización ambiental para plantas de biometanización que superen las 10.000 toneladas anuales y, al mismo tiempo, suspender la tramitación de los expedientes sobre los que no haya recaído resolución firme de autorización ambiental en vía administrativa (también hasta el 1 de octubre de 2027), con efectos retroactivos al 1 de enero de 2023.
Con la ley finalmente aprobada tras la enmienda de UPN y PSN, se establece un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor de la norma para que el Gobierno de Navarra “evalúe el estado de desarrollo de los proyectos de generación de biometano existentes en la Comunidad foral, así como el grado de avance en el cumplimiento de la Agenda Navarra del Biogás 2030”. Durante ese período no se admitirán nuevos proyectos por parte de ninguna administración pública competente.
Respecto a los expedientes administrativos en fase de tramitación, quedarán suspendidos cautelarmente, salvo que se haya completado la fase de información o exposición pública y, además, se encuentre en fase de propuesta de resolución, con todos los informes sectoriales vinculantes favorables.
Quedarán excluidos de esta suspensión los proyectos que con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley hayan obtenido una resolución de autorización ambiental integrada -incluida la evaluación ambiental y la compatibilidad urbanística- o, en su defecto, hayan sido declarados proyectos de interés foral por parte del Gobierno de Navarra.
En todo caso, la suspensión cautelar finalizará antes del 30 de septiembre de 2026 o en el momento en que entre en vigor la normativa foral sobre fertilización orgánica en zonas vulnerables.
La votación ha abierto una grieta entre los socios del Gobierno liderado por la socialista María Chivite. En palabras del portavoz de la coalición Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), Carlos Guzmán, marca “un antes y un después” en el Gobierno navarro. “¿Les parece oportuno, en medio de una negociación presupuestaria, de una negociación de las medidas fiscales, que vayan a legislar de la mano de UPN en contra de sus socios políticos y de sus socios presupuestarios?”, ha cuestionado.
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