El Estado y el Gobierno Foral vuelven a verse las caras para negociar el IVA de Volkswagen
Este martes, a las 13:00 horas en Pamplona, vuelven a reunirse la Comisión Coordinadora del Convenio. Sobre la mesa, un tema clave: el recurso del IVA de Volkswagen entre 2007 y 2011. Tan clave que conlleva la reclamación, por parte del Estado, de 1.513 millones de euros. Esa cifra supone una amenaza grave para la viabilidad económica de Navarra y, según la oposición, también para el autogobierno, un debate constante en las últimas semanas en el Parlamento de Navarra por los continuos recursos a leyes navarras por parte del Gobierno central. Varias de las incógnitas de esta cita son si se retira esta última reclamación oficial sobre el IVA, si se acuerdan las formas de pago por parte de Navarra y en qué estado ha afectado esta tensión a las negociaciones entre ambas partes para actualizar el Convenio Económico.
Precisamente lo que se preveía, el pasado 16 de septiembre, como una reunión trámite para limar asperezas entre ambas instituciones, tras el recurso de la Ley Foral de la Energía o la posibilidad de un nuevo enfrentamiento con el impuesto foral sobre los depósitos bancarios, coincidió con la presentación de este nuevo recurso sobre Volkswagen. La propia presidenta del Gobierno Foral, Yolanda Barcina, valoró tras la maratoniana cita que esta había sido “compleja y tensa” y, un día después, en declaraciones ante los medios de comunicación navarros, sentenció que las relaciones con el Estado no pasaban por su mejor momento. Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, echó balones fuera y aseguró no entender el “revuelo” ante una decisión que había tomado la Agencia Tributaria, y que se centra en el sistema de salida de los vehículos de Volskwagen Navarra hacia Europa.
El asunto que ha provocado este conflicto es la reclamación, por parte del Gobierno, del IVA correspondiente a los años 2007 a 2011, y no antes porque esos años habrían prescrito. El problema señalado por el Estado es el sistema por el que Volkswagen Navarra daba salida a sus vehículos hacia Europa a través de una empresa, VAESA, con sede en Barcelona, a pesar de que los coches no llegaban físicamente a Cataluña. El conflicto se debe a que, al salir a Europa, esos vehículos dejaban España, por así decirlo, libres de impuestos (de lo contrario, tendrían que volver a pagarlos en su país de destino) y la devolución del IVA a la empresa (puede restarse el IVA que ha soportado, por ejemplo, en el pago a proveedores) se hacía a través del Estado (Cataluña no gestiona ese impuesto, pero la Hacienda navarra sí) y no en la Comunidad Foral.
¿Está en su derecho, entonces, el Gobierno en solicitar ese dinero a Navarra? Según el catedrático de Derecho Financiero de la UPNA Fernando de la Hucha, el Convenio Económico es claro, y Navarra tiene que hacerse cargo de los ingresos y las devoluciones del IVA, “para lo bueno y para lo malo”. Desde la oposición no lo han visto así, y han exigido a Barcina que defienda los intereses de Navarra y su propia autonomía tributaria. Porque, y en eso sí han coincidido unos y otros, la posibilidad de afrontar un pago de 1.513 millones pondría en serios aprietos a la Hacienda navarra.
¿Se usarán las cifras ya pactadas por el PPN?
En cualquier caso, no está previsto que este martes vuelvan a verse las caras Barcina y Montoro, puesto que se trata de una reunión técnica, que en origen se anunció para actualizar el Convenio Económico y garantizar la autonomía de Navarra. Algo tan importante, sin embargo, ha quedado en un segundo plano. Porque la cita ha generado expectación sobre dos puntos, en concreto: si el Estado finalmente retirará ese recurso, como ha solicitado insistentemente Barcina (que ha endurecido su discurso, pero tampoco ha elevado demasiado el tono), y si se acuerda el sistema de pago.
Hasta el momento, el PPN ya anunció que, en una reunión entre el presidente de la comisión que gestiona el partido en Navarra, Pablo Zalba, y el propio Montoro, había cerrado un compromiso: el pago por parte de Navarra de 25 euros al año al Gobierno central por cada uno de los cuatro ejercicios. Es decir, un acuerdo similar al que ambas instituciones ya cerraron en 2012.
Desde Bildu criticaron que acuerdos así, adoptados en un despacho y de espaldas a los ciudadanos, suponían una tomadura de pelo a Navarra; ahora está por ver si, finalmente, se cierran las mismas cifras y, por fin, se adopta a una decisión. Los grupos han sido muy críticos, además, con la propia actitud de UPN, que en su opinión intenta presentarse como el salvador de los intereses navarros e, incluso, fuerzas como Izquierda-Ezkerra o la propia Bildu han temido que toda esta controversia solo sea un escenario ya pactado.
