El Gobierno quiere integrar en el sistema público el servicio de Salud Mental concertado con una fundación privada
El grupo parlamentario de UPN quiere que el Consejero de Salud, Fernando Domínguez, confirme en el Parlamento si tiene intención de rescindir el convenio con la Fundación Argibide para la prestación de los servicios de Salud Mental, como aseguran desde la entidad que les trasladó este verano el departamento de Salud. En el caso de que esta sea la intención del departamento, UPN pide al consejero que lo reconsidere y que “siga concertando con Argibide, ya que ha demostrado con creces la profesionalidad, la eficiencia y la excelente calidad con la que presta los servicios de Salud Mental que tiene concertados”.
La Fundación Argibide mantiene desde 1986 un concierto con Salud por el que se hace cargo de la atención en Salud Mental de las zonas básicas de Burlada, Villava, Burguete, Huarte, Lesaka, Elizondo, Ultzama y Santesteban. Además del Centro de Salud Mental de Burlada, la fundación se hace cargo del Hospital de Día de Salud Mental. La fundación se constituyó en 1976, cuando la atención a la salud mental en Navarra apenas se había desarrollado, y desde entonces ha colaborado con las sucesivas administraciones para impulsar este servicio y conseguir el nivel de atención que se presta en la actualidad.
Durante el pasado verano, responsables de la fundación recibieron por parte de Salud el anuncio de que el convenio que mantienen no va a renovarse a partir del próximo 31 de diciembre, ya que el Servicio Navarro de Salud tiene intención de prestar estos servicios con medios propios. Este paso al sistema público supondría, según los responsables de la fundación, “la generación de un perjuicio para los pacientes” atendidos por esta entidad, “por la particular importancia de la relación de confianza entre médico y paciente” en el área de Salud Mental, en la que “se hace fundamental preservar, en el mayor grado posible, la continuidad de la asistencia (terapias, equipos de profesionales que las ponen en práctica), de forma que la ruptura en la continuidad puede afectar muy negativamente a las personas atendidas”.
Los responsables de la fundación reconocen que, si no se renueva el convenio, la entidad quedaría abocada a su “desaparición” o a “ver comprometida seriamente su superviviencia”. En la actualidad, la fundación cuenta con una plantilla de 30 profesionales. Sus responsables lamentan que la entidad tenga que desaparecer “tras décadas de intensa actividad preventiva, docente, investigadora, de sensibilización a la población, de colaboración con los poderes públicos y, en definitiva, de contribución a la salud mental de los navarros”.
El pasado mes de junio, el Defensor del Pueblo dictó de oficio una recomendación al departamento de Salud para que renueve el convenio con la Fundación, y ahora es el grupo parlamentario de UPN quien se hace eco de esta petición y quiere que el consejero se pronuncie en el Parlamento.
