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Podemos Navarra reinventa el transfuguismo

Laura Pérez ofrece el "beneficio de la duda" al Gobierno foral y le recordará "constantemente" el acuerdo programático

N. Elia

El ‘Tamayazo’ que propició en Madrid el gobierno de Esperanza Aguirre se estudia ahora en política como un caso de transfuguismo de libro. Dos parlamentarios socialistas se pasaron al grupo mixto para evitar investir presidente al candidato de su propio partido, Rafael Simancas. Hasta el momento, se venía considerando un tránsfuga al político que abandona su partido, su coalición electoral o sus siglas, pero se mantiene en el cargo electo integrado, normalmente, en el grupo mixto. La crisis que vive Podemos en Navarra, sin embargo, ha conseguido reinventar el concepto del transfuguismo: Quienes han abandonado la formación morada hablan en las instituciones como la voz oficial de Podemos, mientras que quienes permanecen fieles a las directrices políticas y estructura del partido se quedan sin voz en el Parlamento.

Laura Pérez, ex secretaria general de Podemos suspendida cautelarmente de militancia, Carlos Couso, Rubén Velasco y Fanny Carrillo se han posicionado públicamente “al margen del partido” con el que concurrieron a las elecciones y bajo cuyo paraguas obtuvieron sus escaños en el Parlamento foral. Sin embargo, acaban de nombrar a Couso portavoz oficial del grupo parlamentario Podemos. Y, para ello, han despojado de la portavocía al parlamentario Mikel Buill, designado oficialmente por el Consejo Ciudadano de Podemos para el puesto.

El secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, no ha dudado en calificar de tránsfugas a los cuatro parlamentarios que se han situado “al margen del partido”. Y el epíteto tendría sentido si los parlamentarios críticos hubieran abandonado también el grupo parlamentario de Podemos, como amenazaron con hacer si la dirección del partido no retiraba el expediente contra Laura Pérez. Pero no se marchan. Se quedan. Al margen del partido, se quedan con su sigla en el Parlamento. La crisis de Podemos ha dado una vuelta de tuerca al transfuguismo político, al derivar en unos ‘tránsfugas’ que no se fugan y que siguen bajo las siglas del Partido.

¿Quién dicta las normas, el partido o el Parlamento?

Los parlamentarios afines a la ex secretaria general de Podemos no dan puntada sin hilo. Sus movimientos y decisiones dentro del grupo parlamentario se ciñen a lo que establece el reglamento de la Cámara y se sujetan también a las interpretaciones de dicho reglamento elaboradas por los servicios jurídicos del Parlamento. Si no infringen las normas de funcionamiento de la Cámara, al partido le queda realmente muy poco margen de maniobra para frenar a los críticos. Así que, según apuntan voces con experiencia en el derecho parlamentario, la crisis de Podemos en el Legislativo foral desemboque, muy probablemente, en los tribunales de justicia.

Las reglas de Podemos

El último documento organizativo aprobado por la asamblea ciudadana de Podemos señala expresamente que corresponde al Consejo Ciudadano “elegir, tras escuchar al grupo parlamentario, sus estructuras de funcionamiento, portavocías y a las personas que desempeñarán estas responsabilidades”. Es decir, Podemos considera que su grupo parlamentario es un instrumento más con el que aplicar su programa político y así se atribuye la facultad de organizar y dirigir al grupo parlamentario de acuerdo con las directrices que se establezcan en la dirección del partido. Siguiendo esta dinámica de trabajo, en julio del año pasado, la nueva dirección de Podemos liderada por Eduardo Santos decidió que Mikel Buill debía sustituir a Laura Pérez como portavoz de la formación morada en el Parlamento. Pérez, a quien no le gustó ni un poco ser apartada del protagonismo que mantenía hasta entonces en la Cámara, asumió finalmente su relevo. Pero lo hizo porque los servicios jurídicos del Parlamento dijeron que el cambio tenía “total legitimidad”. Es decir, aceptó la norma propia del Parlamento, no las órdenes de su partido.

El reglamento parlamentario

Ahora, valiéndose precisamente de la “legitimidad” con la que fue apartada de la portavocía del grupo de Podemos, Pérez y sus tres parlamentarios afines han hecho valer su mayoría en el grupo para sustituir al portavoz Buill por Carlos Couso. Esta exhibición de fuerza está amparada, entienden los críticos, en el reglamento del Legislativo.

La norma establece que los grupos parlamentarios gozan de “autonomía en su organización y actuación interna” (artículo 35.1). Además, un informe jurídico de los servicios de la Cámara establece que “cuando se pretende cambiar un elemento constitutivo del grupo parlamentario”, como es la elección de su portavoz, “debe mediar una decisión de sus miembros”. La elección de portavoz, añade dicho informe, “tampoco corresponde al partido político, como también podría plantearse, puesto que partidos políticos y grupos parlamentarios son realidades políticamente vinculadas pero jurídicamente diferenciadas”. De manera que elegir al portavoz, “en virtud del mandato representativo que declara la Constitución, corresponde a los miembros del grupo parlamentario, cuyo principio rector es el de su autonomía y en uso de la misma les corresponde elegir al portavoz que les represente”.

Puerta abierta a la escisión

Pero el informe jurídico todavía va más allá y habla de cualquier otra modificación organizativa dentro de los grupos parlamentarios: “Queda claro que los legitimados para adoptar una decisión sobre posibles modificaciones atenientes al grupo parlamentario son sus propios miembros”. Y es precisamente en este concepto donde Pérez y sus tres parlamentarios afines se encuentran con legitimidad para hacer valer su mayoría y dirigir el rumbo del grupo parlamentario de Podemos. Porque, aunque inicialmente los críticos hablaron de abandonar el grupo parlamentario si la dirección de Podemos no retiraba el expediente abierto a Laura Pérez, ahora las tornas han girado y se han hecho con el poder: si a los parlamentarios que todavía se mantienen fieles a los mandatos del partido no les gusta cómo funciona el grupo parlamentario, pueden optar por abandonarlo. Y, si no se marchan voluntariamente, siempre queda la posibilidad de que los críticos decidan expulsarles.

Dando la vuelta a la regulación contra el transfuguismo

En su última revisión aprobada en 2011, el reglamento de la  Cámara incluyó nueva regulación especialmente orientada a evitar el transfuguismo. Así, señala expresamente que “en ningún caso pueden constituir o contribuir a formar grupo parlamentario separado parlamentarios forales electos en la misma candidatura”. Es decir, los parlamentarios que abandonen el grupo no podrán formar otro y pasarán a figurar como “parlamentarios no adscritos”. Esta regulación se introdujo para evitar que parlamentarios tránsfugas pudieran disfrutar de los mismos derechos que los parlamentarios que habían permanecido fieles a las siglas con las que se presentaron a las elecciones. Lo paradójico de la situación de Podemos es que los parlamentarios que tienen el control del grupo parlamentario se han apartado del partido, mientras que son los parlamentarios afines a la formación morada quienes sufrirán la merma de derechos que introduce el reglamento para frenar el transfuguismo.

Cuenta de pérdidas y ganancias

La escisión del grupo parlamentario de Podemos representa una importante amenaza para la estabilidad del cuatripartito y del Gobierno. Para empezar, porque modificaría de forma muy significativa la actual representación del cuatripartito en todos los órganos de trabajo del Parlamento. Y todas las cuentas salen con pérdidas para los cuatro partidos que sustentan al Gobierno. Artículo 31.1b del reglamento: “Tendrán consideración de parlamentarios no adscritos quienes abandonen o queden excluidos del grupo parlamentario al que pertenezcan”. Perderán así los “cargos y puestos que desempeñen en los órganos parlamentarios a propuesta del grupo parlamentario de origen” (art. 31.3).

Desde arriba hasta abajo: presidencia, junta de portavoces y comisiones

Si los ‘críticos’ permanecen como grupo parlamentario de Podemos y los ‘oficiales’ lo abandonan o son expulsados, la primera consecuencia sería que Ainhoa Aznárez perdería su condición de presidenta del Parlamento. Artículo 39.3d del reglamento parlamentario: “El presidente de la Cámara y los restantes miembros de la Mesa cesarán en su condición de tales… al dejar de pertenecer a su grupo parlamentario”.

El Parlamento tendría entonces 15 días para volver a elegir a un presidente. En sesión plenaria, con proclamación oral de candidatos, voto secreto y en urna, el nuevo jefe del Legislativo necesitará mayoría absoluta de los votos para resultar elegido en primera ronda. Si no se consigue esta mayoría, se realizará una votación entre los dos candidatos que hayan obtenido más votos y será elegido el que sume más papeletas.

Negociaciones a cinco

La entrada de Aznárez a la presidencia del Parlamento en junio de 2015 fue el fruto de una negociación del cuatripartito en el que se impusieron los criterios de las dos formaciones con menos votos, Podemos e IU, que querían al frente de la Cámara a una persona no nacionalista pero sí euskaldún.

La escisión de Podemos en dos facciones dentro del Legislativo obligaría al cuatripartito a nuevas negociaciones a cinco (con los ‘críticos’ y los ‘oficiales’ de Podemos) para consensuar un candidato a presidir el Parlamento que lograra sumar la mayoría necesaria frente al candidato que pudiera proponer la oposición. A estas alturas de la legislatura, el hecho de que UPN, PSN y PP pudieran ponerse de acuerdo para que uno de sus representantes presida la Cámara podría representar un serio contratiempo para el cuatripartito.

Podemos, sin voz oficial

En aplicación de las normas anti transfuguismo, volvería a darse la paradoja de que los parlamentarios militantes de Podemos y afines a su dirección perderían también su presencia en la Junta de Portavoces. Los parlamentarios críticos, en cambio, estarían presentes en este órgano de dirección a través del portavoz del grupo Podemos, aunque se hayan declarado expresamente “al margen” del partido.

El cuatripartito pierde su mayoría

Si el grupo parlamentario de Podemos se rompe, el cuatripartito se queda sin un importante resorte de poder en el Legislativo: su mayoría de voto en la Junta de Portavoces. El voto de cada portavoz en la Junta vale tanto como el número de parlamentarios que integre su grupo. El voto del portavoz de Podemos pasaría de contar por siete a contar por cuatro. El cuatripartito perdería así 3 de los 26 votos con los que ha contado hasta el momento para aprobar sus iniciativas por mayoría y se quedaría, como mucho, en 23 votos. La oposición, en cambio, puede seguir sumando sus 24 escaños y bloquear las iniciativas del Gobierno o permitir que se tramiten las suyas propias.

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