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"El problema de los derribos no estará resuelto dentro de dos legislaturas"

En Cantabria, hay 621 viviendas con sentencia firme de derribo pendiente de ejecutar. La primera de ellas, hace casi 25 años.

El portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, cree que dentro de ocho años las sentencias no se habrán ejecutado y el problema seguirá sin resolverse.  

Antonio Vilela, portavoz de los afectados por sentencia de derribo en Cantabria

Antonio Vilela, portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).

Han pasado cerca de 25 años desde que la Justicia dictaminó en Cantabria la primera orden de derribar una urbanización de casas que había sido construida ilegalmente. Esa sentencia todavía no se ha ejecutado, y el problema no solo no se ha resuelto sino que afecta ya a 621 viviendas, la mayoría de ellas edificadas al borde del litoral.  

El Gobierno cántabro cree que puede salvar de la piqueta 449 de estas viviendas mediante la aprobación en los ayuntamientos afectados de nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana.  

El portavoz de AMA -la asociación que aglutina a los afectados- Antonio Vilela, atiende a eldiario.es Cantabria en la sede del Parlamento regional, tras haber mantenido una nueva reunión con los partidos políticos PP, PRC y PSOE. Están negociando un convenio que garantice el patrimonio de los damnificados en caso de que el plan del Ejecutivo sea echado abajo por los tribunales de Justicia.

Este viernes el Tribunal Constitucional admitía a trámite un recurso de inconstitucionalidad y ahora debe juzgar la legalidad de las autorizaciones provisionales, una figura urbanística que ha aprobado el Parlamento de Cantabria para conceder una especie de bula temporal a las viviendas afectadas hasta que sean aprobadas los nuevos planes urbanísticos. El fallo no llegará, por lo menos, hasta dentro de año y medio.   

Se acaba otra legislatura más y el tema de los derribos sigue latente.

El compromiso que adquirió este Gobierno fue que en esta legislatura iba a acabar con el problema. De hecho, si se hubiera aplicado el plan del Gobierno, en este momento estarían legalizadas el 80% de las viviendas. Lo que pedimos es que no se tenga a las familias esperando sine die una solución porque esto nos condena a cadena perpetua, a estar con unas viviendas que siempre están pendientes de la piqueta y del derribo.

El consejero de Urbanismo y Medio Ambiente afirma que el problema se va a dejar encauzado.  

Mucho nos tememos que dentro de dos legislaturas estaremos hablando del mismo tema. Con una situación jurídica tan insegura, podemos estar otros diez años sin solución.

¿Diez años más sin solución y con las sentencias de derribo sin ejecutar?

Con los instrumentos que hay, es muy factible por las propias administraciones públicas. Con lo cual, lo que hablamos del horizonte de cinco o siete años sin soluciones claras y definitivas, nos parece que es una hipótesis muy real. Reconocemos el esfuerzo del consejero y de su equipo; lo que ya nos cuesta más es valorar positivamente las soluciones.

¿Ha resultado positivo para vuestros intereses el cambio de Gobierno?

(Silencio) (Resopla). Sinceramente, teníamos muchas expectativas. El PP, cuando estaba en la oposición, nos prometió que se iban a dar soluciones. Desgraciadamente, la realidad es que no se han cumplido esas promesas.

¿En qué ha mejorado el problema en estos cuatro años?

La situación sigue siendo incómoda y dura. Ha variado poco, y nosotros somos cuatro años mayores. Y esto es importante porque la edad media de los afectados supera ampliamente los 65 años.

Si todos remáis en la misma dirección (Gobierno, oposición y afectados), ¿por qué después de más de diez años se sigue sin solución?

Es increíble. Aquí faltan dos partes importantes: el demandante, ARCA. Tendría que ser mucho más comprensivo con personas que son inocentes. Y luego, preguntarse qué derecho están defendiendo porque en un terreno urbano consolidado saben, perfectamente, que aunque se derribe la vivienda, se va a construir.  

Y, por otra parte, está una posición muy intransigente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que tiene que comprender que hay unos terceros de buena fe que tienen olvidados y a los que está condenando a esa cadena perpetua.

Lo tenéis asumido…

No tenemos más medios con los que luchar. Con todas las instituciones dándonos la razón, el problema no solo no está resuelto sino que no vemos visos de futuro de que se resuelva.

¿Quiénes son los responsables de este desaguisado?

Los culpables los conocemos perfectamente. No tenemos que ir a buscarlos a ningún lado, entre otras cosas, porque ha sido la Justicia quien los ha definido y quien ha condenado en 30 sentencias firmes de derribo al Gobierno y a los Ayuntamientos, que son los verdaderos culpables. Ahora, evidentemente, también hay demandantes que han ganado esas sentencias -la asociación ecologista ARCA- y que pueden tener en cuenta la situación social que están sufriendo algunas familias, y que se puede mirar una solución.

Viendo que la solución desde el Parlamento no termina de llegar, ¿no valoráis intentar acercar posturas con ARCA?

Estamos abiertos totalmente a llamarles una y otra vez. Cuando quieran, donde quieran, como quieran.  Yo como presidente de AMA, cada mes enviaba un correo a la dirección de ARCA pidiéndoles una entrevista. Nunca nos han recibido. Estamos convencidos de que si ARCA hablara con los afectados, les mirara a los ojos y viera el daño que está produciendo, cambiaría su posición. Nosotros somos los primeros que defendemos el ecologismo, pero también hay otras cosas que hay que valorar. El diálogo no hace absolutamente daño a nadie.

Derribar para volver a construir, visto desde fuera no parece muy coherente…

Es una locura de despilfarro. Lo lógico es que una gran parte se puedan legalizar. Eso es un 'debe' que también creo que la Sala de lo Contencioso tendría que tener en cuenta. Con los suelos urbanos consolidados merece la pena que lo miren y que se lo hagan mirar. Porque no puede darse autos y autos de derribo sobre aquello que se puede volver a construir. Y si tiene que derribarse, derríbese ya. No pueden tener durante años a las familias en el limbo jurídico.

¿Preferirías que se derribara ya antes de seguir buscando vías de legalización?

Lo que no estamos es en que se dilate artificialmente. Es decir, si se puede legalizar, legalícese. Y si no puede ser, no perdamos más tiempo. No tengamos 30 años a una persona amarrada a un patrimonio que se hunde. Terminemos con ese procedimiento lo antes posible, condenemos al que ha hecho las cosas mal, pero no podemos seguir condenando a familias que no tienen la culpa de nada.

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