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El Constitucional decidirá sobre las viviendas con sentencia de derribo

El fallo del Tribunal sobre la legalidad de las autorizaciones provisionales no se conocerá antes de año y medio.

Este órgano ya echó abajo otra modificación de la Ley del Suelo de Cantabria que proponía indemnizar a los propietarios antes de la ejecución efectiva del derribo.

El colectivo de afectados por las sentencias de derribo, durante de una de sus concentraciones en el Parlamento de Cantabria

El colectivo de afectados por las sentencias de derribo, durante de una de sus concentraciones.

La herramienta urbanística con la que el Gobierno de Cantabria pretende legalizar una gran parte de las viviendas con sentencia firme de derribo ha quedado ya, definitivamente, en manos del Tribunal Constitucional. Será éste órgano judicial el que determine la legalidad o no de las denominadas 'autorizaciones provisionales'. 

Mediante esta figura urbanística, el Gobierno regional pretende salvar de la piqueta 449 de las 621 viviendas que hay en Cantabria con sentencia firme de derribo. Fue aprobada por el Parlamento autonómico en junio de 2013, a través de una reforma de la Ley del Suelo que otorga a los ayuntamientos la posibilidad de legalizar, de forma provisional, estas viviendas.

Para ello, la administración local ha de poner en conocimiento del juzgado que dictó la orden de demolición -la mayoría en los años 90 a raíz de una denuncia de la Asociación Ecologista ARCA- que está elaborando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el que el suelo en el que asientan las casas afectadas puede ser y será catalogado como urbano. Es por este motivo que todos los ayuntamientos cántabros en los que hay viviendas con sentencia de derribo (Argoños, Escalante, Arnuero, Piélagos, Miengo y San Vicente de la Barquera) están tramitando nuevos planes generales.

Por ahora, solo Escalante ha concedido autorizaciones provisionales -32-, aunque próximamente serán aprobadas otras 40 en el Ayuntamiento de Piélagos. 

La modificación de la Ley del Suelo fue impulsada por el Gobierno de Ignacio Diego (PP) y aprobada por el Parlamento de Cantabria en junio de 2013. Contó con el apoyo del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), liderado por Miguel Ángel Revilla, mientras que el PSOE, por su parte, se abstuvo al entender que existía "incertidumbre" sobre la seguridad jurídica de la norma.

Esta reforma llega ahora al Tribunal Constitucional después de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) presentara una cuestión de inconstitucionalidad al entender que puede existir una vulneración de las competencias del Estado.

El TSJC inició este procedimiento en el pleito que tiene abierto a raíz de un incidente de ejecución de la sentencia que ordenó la demolición del edificio de Las Torres, en Escalante, aunque es previsible que se repita para las autorizaciones provisionales del resto de municipios afectados. 

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, ha manifestado en reiteradas ocasionadas estar "convencido" de que serán ratificadas por los tribunales. 

Año y medio

Los afectados creen que la sentencia del Constitucional no llegará como pronto hasta dentro de año y medio. Mientras tanto, las autorizaciones provisionales seguirán vigentes, de modo que la ejecución de las sentencias de derribo también quedan paralizadas.

Mientras tanto, el Gobierno de Cantabria y Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) trabajan en la redacción de un convenio marco que recogerá los compromisos del Gobierno con los afectados en caso de que las autorizaciones provisionales sean anuladas por el Tribunal Constitucional.

Este órgano, en abril de 2013, ya falló en contra de otra modificación de la Ley del Suelo de Cantabria aprobada durante el mandado del anterior Gobierno de coalición PRC-PSOE, que proponía indemnizar a los propietarios antes de la ejecución efectiva de los derribos.   

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