503 millones para colegios que segregan por sexo

No es el franquismo, no es Afganistán, y resulta difícil de creer e imposible de explicar. La Comunidad de Madrid en pleno siglo XXI fomenta la educación segregada y financia con 51.687.221 euros en el curso 2022/23 a 17 colegios ultrarreligiosos, la mayoría del Opus Dei, según información obtenida de la Consejería de Educación. Cuando nos indigna la discriminación de las mujeres o nos impactan las noticias sobre violencia de género, debemos preguntarnos: ¿por qué se producen? Las ideas que sustentan el machismo tienen su origen en el modelo patriarcal y en las situaciones en las que se reproduce. Una de ellas es el modelo de escuela sexista y segregador. Es decir, la falta de una verdadera coeducación para que los niños, las niñas y los jóvenes desarrollen sus capacidades, adquieran los mismos valores y relaciones de respeto sin predominio de un género sobre otro. Educar en igualdad es una cuestión de justicia y de derechos humanos. 

La LOMLOE pretende evitar la educación segregada. En su Disposición Adicional 25 del artículo 83, plantea que no se financiarán conciertos que no aseguren la coeducación y que segreguen por sexo. De hecho, hay una serie de comunidades autónomas que ya la están aplicando. Así ocurre en Cataluña, Navarra, Asturias o Cantabria. El Tribunal Constitucional ha avalado la retirada de la financiación a los centros que segregan, rechazando el recurso de Vox.

En este, como en otros temas educativos, la más recalcitrante es la Comunidad de Madrid. Aprobó un decreto en 2021 para ampliar la duración de estos conciertos a diez años y en 2022 impuso la llamada “ley maestra” de educación. Esta tiene como ejes principales saltarse la ley educativa estatal, mantener este tipo de conciertos, regalar suelo público a empresa privadas para que hagan negocio con la educación, y poner obstáculos a la educación inclusiva.

La cuestión no es solo la insumisión reaccionaria de Ayuso para seguir debilitando la educación pública y confrontarse con el Gobierno central. Estamos ante un disparate pedagógico, un prejuicio religioso y un despilfarro económico.

Pedagógicamente, la educación segregada no aporta nada. En los centros educativos, además de enseñar conocimientos, se educa, se socializa y se acompaña en el desarrollo moral del alumnado. Si la coeducación fomenta la igualdad y la tolerancia, en los colegios segregadores se estimula el sexismo. El estudio La pseudociencia de la escolarización por sexos, publicado en la revista Science, concluyó que no había mejora académica, pero que cristalizaba los estereotipos. Separar al alumnado por sexo equivale a otro tipo de segregaciones y genera prejuicios y diferencias de roles.

Más allá de la ganga propagandística que se quiera hacer, los colegios segregadores son mediocres, aunque sean centros de élite que seleccionan al alumnado y lideran la tasa de exclusión. En el ranking de 650 colegios de la Comunidad de Madrid, estos centros aparecen en una mala posición en la lista: la gran mayoría se sitúa por debajo de la media.

Este tipo de enseñanza se basa en un modelo patriarcal y antiigualitario. No es ciencia, sino prejuicio, y está fuera de nuestro tiempo. Son la expresión de absurdos miedos cargados de represión sexual. Los defensores de lo que ellos llaman “educación diferenciada” vienen a plantear que es la manera de evitar relaciones sexuales tempranas y embarazos. Alarman sobre una situación que es rotundamente falsa. El fondo del asunto son las obsesiones de un rancio sector del catolicismo que niegan la igualdad, la coeducación y la educación afectivo-sexual.

Es discutible, también, que la libertad de elección de las familias sea ilimitada y permita adoctrinar en valores contrarios a la igualdad y a los derechos humanos. De hecho, este tipo de colegios apenas existen en los países más desarrollados: son pocos, en países poco ejemplares en materia de igualdad, y siempre privados. No se puede financiar con dinero público una concepción sectaria y patriarcal y una segregación que va contra la cohesión social o la igualdad.

No es aceptable esta transferencia de recursos públicos a colegios de ricos con educación segregada. Son exactamente 503,5 millones de euros despilfarrados desde el curso 2010-11. Una barbaridad. Menos admisible es aún que se realice en un contexto de educación pública enflaquecida y un profesorado maltratado en la Comunidad de Madrid, una comunidad que, siendo la más rica, invierte en educación la mitad que la media de España.

Con este dinero, y doblando ya la inversión hasta el nivel medio de España, se podría abordar una bajada general de la ratio y la construcción y finalización de 55 centros educativos públicos a los que se niega el Gobierno de Díaz Ayuso. Permitiría atender las demandas del profesorado madrileño que irá a la huelga el 26 de mayo para recuperar la jornada de 35 horas, las 23 y 18 horas lectivas en primaria y secundaria, la contratación de profesorado y la equiparación de salarios al resto del Estado (Madrid está en el penúltimo nivel y un profesor vasco gana 400 euros más al mes). Y, por supuesto, acabar con la excesiva burocracia que, como decía una compañera mía de instituto: “Hay que ver lo que nos hacen trabajar, para que no trabajemos en lo nuestro”.

El Gobierno central debe velar por el cumplimiento de las leyes, en este caso la LOMLOE, y asegurar que en todo centro sostenido con fondos públicos se garantiza el derecho a la coeducación que refleja la pluralidad de la sociedad en la que vivimos. El profesorado y la comunidad educativa debe seguir movilizándose para defender la educación pública y que sea inclusiva y de calidad. Y si el fin de la educación es hacernos mejores, la ciudadanía debe rechazar con su voto el 28 de mayo estas políticas contrarias al bien común.