Amnistiar la defensa de libertades

“Su medio ha sido nuestra bondad y pese a la ira que sentimos, nunca dejaremos que nos la arrebaten”. Es la dignísima reacción de Òscar Campos, activista en distintos movimientos sociales de Girona, pocos días después de descubrir que la pareja con quién había convivido no era el amor de su vida, sino una agente infiltrada del cuerpo de policía del actual gobierno de España.

Òscar se enfrenta a cuatro años de cárcel por participar en una movilización que cortó las vías del tren, pero la policía se metió en su casa por ser independentista. Casos como el de Òscar de produjeron como mínimo en otras cuatro ocasiones. Y las 65 personas (políticos, activistas, abogados y periodistas) que Citizen Lab y Amnistía Internacional acreditaron que han sido espiadas con Pegasus, en el mayor caso de ciberespionaje descubierto, no han obtenido ni reconocimiento ni reparación.

En los últimos cinco años, más de 1.300 personas han sido investigadas penalmente por movilizarse en las calles en defensa de la autodeterminación o la independencia de Catalunya. A 740 se les archivó la causa (en algunos casos después de sufrir prisión provisional) y 119 tienen condenas de cárcel. Todavía hay 394 personas pendientes de juicio. Mientras tanto, ningún responsable de la violencia policial de 2017 ha sido condenado. 

Durante la última década, esta estrategia de persecución ha intentado deslegitimar un movimiento cívico y democrático, para convertirlo en el peor enemigo de la convivencia.

Gobiernos, partidos, jueces y algunos grupos mediáticos han pretendido reducir un colectivo heterogéneo a unos pocos intereses particulares, han permitido que las cloacas circularan a su favor y han utilizado instrumentos propios de la lucha antiterrorista, hecho reconocido por el actual ministro del Interior.

Antes de ser absueltos, muchos activistas han sufrido el huracán mediático por falsas tramas terroristas (sin ninguna reparación posterior, por supuesto). Hoy es el independentismo, pero “mañana puedes ser tú”, como dijo Òmnium en 2018.

Es evidente que los indultos a los presos políticos, propiciados por un durísimo informe del Consejo de Europa, o la reforma del delito anacrónico de sedición no permiten corregir la excepcionalidad de la causa general con la que hasta ahora el Estado intenta acabar con el independentismo, que ya suma más de 4.200 personas represaliadas por ejercer derechos fundamentales, detalladas en el mapa de la represión de Òmnium Cultural.

Por eso, ya en 2019, ante la condena a cien años de cárcel a nueve representantes políticos y sociales del independentismo, Òmnium defendió que sólo un instrumento político, no jurídico, y colectivo, no personalizado, permitiría poner fin a la excepcionalidad democrática señalada por las principales organizaciones de derechos humanos. Hablamos de la amnistía.

Con la amnistía, el Estado tiene la oportunidad de enmendar su persecución y vulneración de derechos fundamentales. Es un punto de partida, si asume de una vez que el conflicto político no desaparecerá con la represión sino cuando se afronte democráticamente.

Una amnistía ni olvida ni perdona, una amnistía obliga políticamente. Y la ONU, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del TEDH son meridianos: para cumplir con los tratados internacionales, no puede incluir la comisión de torturas o tratos degradantes, que son exactamente delitos por los que están acusados algunos responsables de la brutalidad policial del 1 de octubre.

Después del 23 de julio, el independentismo catalán sigue siendo indispensable para el dique de contención democrático en el estado español. En paralelo, la extrema derecha y la derecha extrema son implacables contra la lengua y la cultura, la diversidad y las libertades colectivas.

El conjunto de demócratas del Estado haría bien en asumir que los centenares de activistas a los que ahora tienen la oportunidad de amnistiar luchan por la autodeterminación y la independencia porque están comprometidos con los derechos colectivos y las causas justas, y que con su compromiso contribuyen a la profundización democrática del estado de derecho, imprescindible para hacer frente a todos los retos globales del siglo