155, donde nunca deberíamos haber llegado
La aprobación en el Senado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución nos sitúa en el lugar donde nunca deberíamos haber llegado. Cruz Villalón, quien fue presidente del Tribunal Constitucional de 1998 a 2001, calificó el art. 155 como “el artículo más explosivo de la Constitución”, lo que de alguna manera quiere decir que, al contrario de lo que dicen los partidarios de su aplicación, jamás podía ser una intervención quirúrgica. El artículo 155 no es un bisturí, sino una motosierra que producirá amputaciones.
Las finanzas –que ya estaban controladas por Montoro antes del 155-, la suspensión del Ejecutivo, las tomas del Estatut d’Autonomia y del reglamento del Parlament suponen una suspensión absoluta y completa de la capacidad de autogobierno de Catalunya. No hay autonomía sin Gobierno, Parlamento y finanzas. La capacidad de disolver una Asamblea Legislativa autonómica aparecía en una enmienda de UCD en la Ponencia Constituyente que se descartó en el debate. Hoy se aplica. Se aplica no solo el 155 de la Constitución, sino también lo que quedó fuera de la Constitución.
El President Montilla, hoy único senador del PSC, advertía en 2007 del “riesgo de desafección de Catalunya hacia España”. La sensación de abandono en Catalunya de la que hablaba Montilla, la temeraria utilización del anticatalanismo por Rajoy en la oposición al Estatut de 2006 y la sentencia del TC que convertía a Catalunya en la única comunidad autónoma con un Estatuto de Autonomía que no era el aprobado por su Parlament, por las Cortes Generales y refrendado por su ciudadanía fueron factores que acabaron convirtiendo esa desafección en desconexión. Montilla no solo acertó, sino que podemos afirmar que incluso se quedó corto y pecó de prudencia en la advertencia.
La aplicación del 155 no solo no solucionará nada, sino que abre un abismo jurídico y político, al mismo tiempo que incrementará la desconexión de los catalanes y catalanas respecto a España. Un abismo que puede reventar por décadas la institucionalidad ya dañada del autogobierno de Catalunya. El proyecto independentista consistente en transformar la desafección y la desconexión en una fuerza constituyente ha fracasado, no por las sentencias del TC y mucho menos por una inexistente política del Gobierno del PP, sino por carecer de un mandato democrático legítimo y claro para constituir un estado catalán independiente. Ni los resultados de las elecciones que llamaron plebiscitarias en 2015 ni un referéndum del 1-O con cargas policiales y un escaso 36% del censo a favor de la independencia–según datos de la Generalitat- pueden servir como mandato democrático. Solo la aplicación del 155 podría llegar a insuflar de nuevo fuerzas al proyecto independentista.
Hoy el Estado español parece que es el único país del mundo que reconoce que en Catalunya se ha declarado la independencia. El requerimiento del Rajoy a Puigdemont advertía de la aplicación del art. 155 en el caso de que el President hubiera declarado la independencia y no se retractara de ello.
El Pleno del Senado ha votado la aplicación del 155 y la suspensión de todo el autogobierno real de Catalunya. Haría mejor el PSOE en escuchar más a sus alcaldes y alcaldesas en Catalunya y menos a Mariano Rajoy. Haría bien el PSC en ser pedagógicos con Pedro Sánchez y explicarle que la aplicación del 155 no puede ser el inicio de una reforma constitucional de reconexión de Catalunya y España. El sí del PSOE abortará la posibilidad de reconexión.
La Transición, pese a las justas críticas que merece, fue también un pacto que permitió la mayor modernización de España en varios siglos, trajo un largo período democrático de libertades y extensión de derechos como la educación primaria y secundaria gratuita, el acceso de los hijos e hijas de la clase trabajadora a la Universidad, una sanidad pública universal puntera y la protección al desempleo y la vejez con un eficaz sistema de pensiones. Además, fue también un pacto territorial que no solo supuso una descentralización administrativa, sino un reconocimiento al deseo de autogobierno de lo que –a medio camino de región y nación- se denominó nacionalidad. Es evidente que esta Constitución ha llegado ya a la edad de jubilación tras 4 décadas en activo.
Necesitamos un nuevo pacto territorial que reconozca que entre los pueblos de España hay diferentes identidades nacionales con diversos grados de voluntad de autogobierno y de reconocimiento de su soberanía. En España hay naciones y Catalunya es una nación, por lo tanto, el Estado Español debe constituirse como plurinacional. No hay que tener miedo a la soberanía compartida. Hoy la soberanía ya es compartida como ocurre en todos los estados miembros de una Unión Europea que, por cierto, no existe en la Constitución española. Pero los cambios constitucionales no pueden limitarse a un nuevo pacto territorial. La España plurinacional debe abordar también la necesidad de dotar de mayor protección a derechos sociales castigados por la crisis: vivienda, trabajo, educación, sanidad y otros. También blindar la separación de poderes y una independencia judicial que hoy nadie cree que exista. Hay que constitucionalizar el país de países que somos, pero también hay que constitucionalizar la dignidad.
