El desempleo es siempre una decisión política
Desde hace tres años asistimos a un esfuerzo propagandístico para convencernos de que “la crisis ya es historia”. Tales proclamas suelen acompañarse del reconocimiento a la generosidad de los ciudadanos por sus “sacrificios”, que se presentan como necesarios y repartidos de “forma justa”, siendo exigidos en nombre de la eficiencia económica.
Hagamos inventario de estos sacrificios. El INE nos informa de que en el primer trimestre de 2013 la tasa de desempleo alcanzó el 26,97%, y desde entonces ha retrocedido hasta el 18,91%. Esta cifra sigue siendo demasiado elevada como para certificar el final de la crisis, pero además oculta mucha información relevante. En el segundo trimestre de 2008 los españoles trabajamos 722 millones de horas. En el segundo trimestre de 2016 lo hacíamos 620 millones de horas, lo que es un fiel indicio de cómo arraiga la precariedad. El mero porcentaje de paro tampoco refleja que más de 650.000 personas han abandonado el mercado de trabajo, ni que España es uno de los países europeos con mayor tasa de temporalidad (25%). Más de 2,5 millones de personas llevan buscando empleo desde hace más de un año. Muchas personas de 30 años nunca han trabajado, y muchas otras mayores de 45 años que perdieron su empleo hace años es probable que nunca más vuelvan a trabajar.
Los políticos se complacen por los resultados de unas políticas que dejan sin empleo a gran parte de la población activa porque la opinión pública se ha acostumbrado a tolerar el mayor dispendio de activos de nuestra sociedad: el del capital humano. La constitución española de 1978 en su artículo 40.1 compromete al estado en la promoción de la estabilidad económica y el pleno empleo:
Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
Los sucesivos gobiernos elegidos al amparo de esta constitución han incumplido este mandato. Con el régimen del 78 se inicia un período casi secular de elevado desempleo.
El pensamiento económico dominante ha elaborado nociones aberrantes para defender que sólo las fuerzas del mercado pueden determinar el nivel de empleo. En esta visión el estado queda relegado a un papel subordinado, limitado a suprimir las rigideces que impiden que oferta y demanda de trabajo se ajusten a un supuesto equilibrio de mercado, incluso aunque el precio del trabajo esté por debajo del nivel de subsistencia institucionalizando el fenómeno de los trabajadores pobres. La devaluación de las capacidades, habilidades, y creatividad, de las personas a través del desempleo no sólo nos priva de un potencial bienestar presente basado en la movilización de recursos reales que hoy están parados, sino que hipoteca nuestro futuro.
El desempleo es siempre una decisión política. El desempleo consolida el poder de quienes detentan el poder económico, y protege a quienes ven en la movilidad social una amenaza. El miedo a perder un empleo artificialmente escaso disciplina a la población. Y la imposición de límites al déficit público, además de ahogar el progreso de la sociedad, permite el mantenimiento del desempleo.
Una alternativa es la Teoría Monetaria Moderna (TMM). Según ésta, sólo quien emite la moneda en régimen de monopolio tiene la capacidad financiera suficiente para garantizar siempre y en toda circunstancia el pleno empleo. Solo el emisor de la moneda puede hacerse cargo de las inversiones estratégicas necesarias para construir la sociedad que queremos y dar una respuesta estructurada y directa a los retos a los que nos enfrentamos como comunidad. En la zona del euro, el deficiente gasto público y el consiguiente desempleo son condiciones que la Unión Monetaria Europea (UME) se autoimpone. Al ser la UME la misma que crea el euro, solo puede eliminar el desempleo en la zona del euro comprando el trabajo que esté disponible en su moneda, pero decide no hacerlo al anteponer el déficit al desempleo como objetivo político.
Perseguir el interés general en política económica quiere decir, ante todo, eliminar restricciones para utilizar al máximo el potencial del sistema. Esto requiere dejar crecer el déficit público cuanto sea necesario para el mantenimiento del pleno empleo. Para una entidad con soberanía monetaria, aumentar el déficit o sostenerlo en el tiempo supone únicamente que en su registro contable se apunte que inyecta más fondos a la economía de los que detrae de ella.
De acuerdo con esto, proponemos sustituir en los Tratados europeos los mecanismos arbitrarios que imposibilitan que la economía europea alcance el pleno empleo sin generar un aumento generalizado de precios. Proponemos reemplazar la histeria en torno al estado contable de la autoridad fiscal por una política de hacienda funcional que supedita el nivel de gasto a la consecución de objetivos en la economía real, tales como la supresión de la pobreza, la mejora de los servicios públicos, el cuidado del medio ambiente y de las personas, la modernización del aparato productivo o la transición energética.
En lugar de usar la bolsa de desempleados con la excusa de regular la inflación, forzando a los ciudadanos al paro o la emigración, la TMM propone financiar una bolsa de empleados a la que el sector privado pueda acudir en busca de trabajadores activos, simplemente ofreciendo a éstos unas condiciones mejores que el suelo fijado por el sector público para su contratación. Los planes de empleo de transición serían programas permanentes de empleo público que ofrecerían un puesto de trabajo a todo aquél que desee trabajar, con una retribución fijada por encima del umbral de la pobreza y en condiciones dignas, en actividades separadas del sector público tradicional y sin entrar a competir con el sector privado. El tamaño de la bolsa de empleo de transición crecería en las recesiones y disminuiría en las recuperaciones, compensando el ciclo económico. Además, ligando el salario de transición al objetivo de inflación se ayudaría a la estabilidad de precios.
Técnicamente todo esto es aplicable dentro del euro, pero en cualquier caso es absolutamente necesario para cada estado miembro dotarse también de una solución alternativa que prevea la adopción de una moneda nacional. Esto es así ya sea para hacer frente a una posible implosión de la zona euro debida a la evolución de la situación política de países como Francia, Italia u Holanda; ya sea porque la Unión Europea no esté dispuesta a eliminar de su ADN sus actuales reglas de austeridad antidemocráticas, antisociales y antieconómicas.
