Ni fallo sistémico ni política desaparecida

Algunas de las reacciones y comentarios a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal y el estallido social subsiguiente se han centrado en dos ideas: el caso representaría un fallo estructural del sistema y solo habría sido posible por la “desaparición” de la política. Solo así, según esta visión, es posible entender que una anciana de ochenta y siete años, en silla de ruedas, y que había pagado su alquiler religiosamente a lo largo de setenta años pueda ser expulsada de su vivienda por una comitiva judicial, con el mandato de ejecutar un lanzamiento. La escena dantesca de los servicios médicos sacando a Maricarmen Abascal en camilla de su casa, después de la intervención policial, solo puede entenderse como un fallo, como una aberración, como algo inasumible. Un acto tan atroz que solo puede explicarse como un fallo en cadena de todos los actores, de todas las instituciones implicadas.

Lamentablemente, el caso de Maricarmen no es un fallo del sistema, ni es una constatación de la desaparición de la política. Ni lo uno ni lo otro. Puede ser muy consolador pensar lo contrario y echarle las culpas al sistema y a los políticos (algo muy habitual y tranquilizador), pero no lo es.

En primer lugar, el desahucio de una anciana impedida no es un fallo del sistema. Al contrario. Es el sistema actuando. Es el sistema haciendo sus cosas, como dirían. La actuación del juez, de la policía e incluso de los dueños de Urbagestión es completamente legal y no es la primera (y me temo que no va a ser la última) vez que esto ocurra. Como diría el padre del “milagro” español de principios de siglo: “es el mercado, amigo”. O mejor, es la versión del mercado que hemos decidido aceptar. Un mercado en el cual los inquilinos no cuentan, o cuentan casi nada delante de los propietarios, de los fondos, de todos aquellos que (legalmente) utilizan la vivienda para enriquecerse.

No ha fallado el sistema. El sistema ha actuado en el marco legal del que nos hemos dotado como sociedad y que permite cosas que, a la vista de lo que pasó con Maricarmen Abascal, nos parecen amorales e inaceptables. Nos parecen a una parte de la sociedad, no a toda. Y ahí es donde entra la política, que no se ha borrado de la escena. Al contrario, la política ha actuado en todo el proceso, y no ahora sino antes. No es verdad que se hayan puesto a trabajar ahora después de ocho años sin hacer nada. No es cierto. Propuestas para modificar el “mercado” de la vivienda ha habido algunas a lo largo de estos últimos ocho años. ¿Qué ha pasado? Pues que en el Congreso de los Diputados hay una mayoría que representa los intereses de los propietarios, frente a una minoría que querría mejorar la posición en el “mercado” de los que no cuentan con una propiedad. Los inquilinos y aquellos que buscan tener un piso.

A veces se dice que la política “desaparece” cuando en realidad queremos decir que la política no consigue realizar lo que nosotros queríamos que se hiciese, o lo que consideramos (desde nuestro punto de vista político) que es necesario hacer. En este caso, el gobierno de coalición no se ha borrado del problema de la vivienda, como se dice. Tampoco lo ha hecho la oposición, de ninguna manera.

La política es, en el fondo, la representación de intereses, que chocan los unos con los otros. Y en el caso de los sistemas democráticos, este choque se dirime en torno a las mayorías y minorías parlamentarias. En la actual legislatura existe una mayoría, que se expresa cada vez que es necesario, que representa y defiende los intereses de los propietarios, igual que se opone a la imposición de nuevos impuestos a las grandes corporaciones. PP, Vox y Junts son partidos que representan ese tipo de intereses. En el caso de la vivienda, como se ha visto no hoy sino antes, cada vez que el ejecutivo ha llevado al Congreso alguna iniciativa en este ámbito, estas tres formaciones han demostrado su coincidencia en defender a sus representados. Nada que reprochar. Es el sistema del que nos hemos dotado.

Otra cosa son los argumentos esgrimidos por unos y otros. En el PP, Feijóo no tubo reparo (no los tiene nunca) en decir que él “no haría política” con el caso de Maricarmen, como sí hacía (a su parecer) Sánchez. Si el desahucio de Maricarmen Abascal no es política, o no incumbe a la política, entonces ¿a qué se dedica la política? ¿A qué se dedica el señor Feijóo? Según él, el desahucio de una inquilina de ochenta y siete años vulnerable ¿qué es? ¿un fenómeno atmosférico? En cualquier caso, algo que no merece, por lo que dice quien aspira a gobernar el país, que “la política” se meta. Es el mercado haciendo sus cosas. Circulen, circulen.

Las excusas de Junts son de sobra conocidas. Viene siendo habitual en este tipo de situaciones la apelación a los pequeños propietarios, los caseros humildes a los que las políticas ultraintervencionistas del gobierno central obligarían a dejar el mercado, lo cual acabaría afectando a los pobres inquilinos (como Maricarmen, ¿o ella no?), víctimas colaterales, inocentes, de las políticas gubernamentales. Este tipo de argumentos funcionan como una fina maniobra de distracción: se dice proteger a los pequeños para salvaguardar los intereses de los grandes, los grandes tenedores, los fondos, carroñeros o no, de los que no se habla, a los que no se menciona. Da igual si en los decretos el Gobierno ya se contempla la protección de los pequeños caseros. Junts sabe muy bien a quién dirigirse. Son (han sido siempre, desde antes de llamarse Junts y ser independentistas) un partido de propietarios. Han ejercido la representación de sus intereses siempre que se han promovido políticas de intervención del mercado. Bueno, no siempre. Durante la crisis apoyaron las intervenciones, pero aquellas eran de las “buenas”. Esta vez han propuesto más de lo mismo: compensaciones con dinero público, exenciones fiscales. Nacionalizaciones inversas.

Caso aparte es Vox. Si el desahucio de Maricarmen Abascal (mira que hay apellidos…) ha retratado a alguien, ese es el partido de Santiago. Su discurso de defensa de los españoles frente a los de fuera, bramado a pleno pulmón en Ceuta, se ha desmoronado ante la defensa cerrada de la expulsión de su casa de una señora blanquísima y españolísima, en las antípodas del okupa desgreñado y perroflauta, posiblemente extranjero y violento, que acostumbran a mentar cada vez que se propone una política a favor de los inquilinos. Vox es, lo ha sido desde su fundación, un partido que, debajo de su discurso y sus formas de antiestablishment y críticas a la “élite”, defiende los intereses de las clases dominantes y el statu quo. Nada que sorprenda, si no fuera que, desde hace tiempo, alguno les ha comprado la idea que sus propuestas defienden los intereses de “los de abajo”, del español currante, de los barrios populares. Pues bien, en esos barrios ya saben que en caso de desahucio a los de Abascal no les importa el color de tu piel o tu lugar de nacimiento. En el choque de intereses entre una inquilina española y unos propietarios también españoles, Vox se va a poner del lado de estos últimos. Que no les quepa duda, para Vox parece ser que hay españoles que son más españoles que otros españoles.