Garzón, con las apuestas no se juega

Como afirmaba Mike Tyson: “Todo el mundo tiene un plan, hasta que le dan el primer puñetazo en la cara”. Al Ministro de Consumo, Alberto Garzón, le acaban de propinar el primero, y por extensión, a quienes consideran que la política es el ejercicio de lo que uno desea. Todos se encuentran más pronto que tarde con los límites de una institución. Sin embargo, el problema de las medidas para regular la publicidad de las apuestas deportivas anunciadas por Garzón no es que hayan topado con esos límites, es que han renunciado a la práctica totalidad de los planteamientos de partida de Unidas Podemos sin haber si quiera explorado dónde estaban.

Veamos, tras casi una década después de aprobarse la Ley de regulación del Juego, sigue sin desarrollarse el Art. 7, que establece el desarrollo de una norma reglamentaria para acotar el ámbito de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar. Esa ausencia de regulación se ha dado en paralelo junto a la alarma social que iba “in crescendo” en nuestro país por la explosión del negocio de las apuestas y por las formas de publicidad agresivas que este negocio ha generado.

Dando así lugar a movilizaciones vecinales continuadas, llamadas de atención de asociaciones de todo tipo, pronunciamientos de instituciones como el defensor del pueblo e iniciativas parlamentarias que, junto al interés de la opinión pública, han logrado que el problema, al fin, se politice de modo que el drama de una familia que ve cómo su patrimonio familiar se desmorona por la adicción de su hijo no se viva en privado como algo vergonzante, sino que se inscriba en un fenómeno social que necesitamos regular desde el poder político.

Por ello, la llegada de Alberto Garzón al Ministerio de Consumo se vivió con ilusión y generó expectativas. Expectativas que hoy han experimentado un serio retroceso tras conocer los primeros pronunciamientos del Ministerio de Consumo liderado por el dirigente de IU Alberto Garzón. Unidas Podemos había fijado su posición en esta materia en su documento 'Presupuestos con la gente dentro. Democracia es estado social' −en el que reunía las propuestas de la formación para los presupuestos de 2019 y donde se abogaba por prohibir la publicidad de las apuestas deportivas, implementar un impuesto más exigente a los operadores privados con el fin de “reparar” el daño derivado del aumento de la ludopatía y se incluían otras propuestas como la obligatoriedad de informar al jugador de sus pérdidas de manera frecuente, de pausas obligatorias entre apuestas y límites de gasto y de tiempo y un largo etcétera−.

Sin embargo, en lo relativo a la publicidad hemos pasado de la prohibición a la “reducción”. Reducción a la que se le suman, además, excepciones precisamente en los partidos de máxima audiencia, cuando hasta la fecha las asociaciones, expertos de reputado prestigio, el Defensor del Pueblo o la propia formación venían demandando explícitamente la supresión de la publicidad en virtud de su equiparación con el tabaco y el alcohol.

Tampoco se prohíben los bonos ni los patrocinios con los clubes de fútbol para lucir publicidad en sus camisetas, ni siquiera las comunicaciones comerciales en redes sociales. Resulta incomprensible si lo comparamos con lo logrado el año pasado en la Asamblea de Madrid, en donde a pesar de encontrarnos en la oposición y con el PP en el gobierno, se consiguió, entre otras cosas, la supresión de la publicidad en la radiotelevisión pública de los madrileños y madrileñas.

No se entiende, por tanto, que hoy desde el Gobierno de España y desde la posición de poder que otorga la dirección del Ministerio de Consumo, se rebajen de este modo los objetivos planteados previamente sin haber al menos abierto un proceso de diálogo y acumulación de fuerzas que permitiera ofrecer algo más ambicioso. Podría, por ejemplo, haberse instado previamente al resto de televisiones públicas autonómicas a seguir el ejemplo de Madrid. Se podrían haber planteado incentivos a los clubes, que como la Real Sociedad rechazan hacer publicidad de Apuestas Deportivas. El ministro podría haberse reunido con quienes llevan o llevamos algún tiempo planteando diversas necesidades, regulaciones y propuestas.

Tal vez un elemento que explique este viraje, sea el mantenimiento en su puesto del Director General de Ordenación del Juego nombrado por el PP, y sostenido después por el PSOE, Juan Espinosa. Espinosa ha demostrado ser incapaz de desarrollar el Reglamento de las Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego y de Juego Responsable que preveía la Ley de 2011 y ha permanecido impasible mientras crecía el número de ludópatas en España cuando, en paralelo, la patronal del juego le pagaba al menos una decena de viajes por todo el mundo. Que Unidas Podemos mantenga en el puesto a este señor es como si en Madrid hubiéramos llegado al gobierno para mantener en el mismo a Fernando Prats. Es, sencillamente, un escándalo que por cierto ha sido celebrado por el sector del juego y sus medios cercanos.

Finalmente, desde el Ministerio de Alberto Garzón, se nos anuncia también la creación de un fichero de autoprohibidos para los llamados “créditos fáciles”. Craso error que se está aún a tiempo de no cometer. Hablamos aquí de productos financieros, muy vinculados a la ludopatía, que pueden alcanzar unos intereses de más de un 2000%, en un país que alguna que otra experiencia tiene como consecuencia de los productos bancarios tóxicos. El objetivo del Ministerio de Consumo no puede ser otro que la prohibición de estos créditos en virtud de la ley de usura.

En definitiva, nadie exige imposibles al Ministro de Consumo pero sí que al menos se den pasos encaminados hacia la protección real de la población más vulnerable, acordes con el poder del que dispone. Así como que maneje con ambición y valentía las posibilidades de la institución que dirige, ampliando y no estrechando el carril por el que ya buena parte de la sociedad ha tomado la delantera. En eso encontrará sin duda numerosos apoyos, incluyendo el de quien firma este artículo.