Un indulto legal, útil y necesario

Los doce líderes independentistas, en el juicio del Tribunal Supremo

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El Gobierno decidirá próximamente sobre el indulto de los políticos catalanes condenados por su actuación durante el procés. Obligado por ley a tomar una decisión, el Gobierno ha sido objeto ya de críticas y descalificaciones de alto voltaje que intentan amedrentarlo preventivamente. Por nuestra parte, esperamos una decisión favorable al indulto y reconocemos la valentía de una decisión difícil que provocará costes inmediatos al Gobierno de PSOE-UP. Pero desde una perspectiva de horizonte más dilatado, surgen razones de mucho peso para apoyar el indulto. Son razones compartidas en Cataluña por una amplia mayoría de sus ciudadanos y que podrían serlo también por quienes en otras partes de España quieren dar una salida eficaz y estable a la grave crisis territorial que nuestro sistema político padece desde hace tiempo y no quieren explotarla en beneficio de intereses de partido o de grupo

Entendemos que el indulto es necesario no solo para acabar con una privación de derechos que ya va más allá de lo razonable, sino también para dejar atrás una etapa política nefasta, recuperando el terreno del diálogo y mejorando la convivencia, en lo político y en lo social. Existen, al menos, tres argumentos en apoyo de los indultos que presentan una considerable solidez política y jurídico-constitucional. En primer lugar, el indulto es una medida propia del poder ejecutivo que no supone, como temen algunos, una descalificación de la sentencia porque no entra en la forma en que se aplicó la legalidad, sino que maneja criterios de utilidad pública valorando si las penas impuestas son necesarias y oportunas. En este momento, no solo es claramente apreciable la inutilidad de mantener a los presos privados de libertad, sino también el perjuicio que representa para normalizar la situación política en Cataluña y mejorar la comunicación con la política española.

En segundo lugar, empeñarse en el cumplimiento de unas penas desproporcionadas que se sitúan en el nivel del delito de homicidio y que provocan extrañeza en medios políticos y jurídicos europeos, solo puede basarse en la creencia equivocada de que la dureza del castigo es un remedio eficaz para doblegar al nacionalismo catalán o para compensar el daño producido social e institucionalmente. Y ésta es una creencia de escaso fundamento que solo contempla el pasado y renuncia a mejorar las condiciones de construcción del futuro.

Finalmente, creemos necesario abandonar conceptos como “perdón” y “arrepentimiento” de claras resonancias morales, impropias de un derecho democrático y de la concepción actual del indulto. La Ley de Indulto sólo menciona el arrepentimiento como posible contenido del informe no vinculante del tribunal sentenciador, pero en ningún caso es requisito legal para concederlo. Políticamente, quienes lo exigen pretenden en realidad obtener la renuncia a unas ideas que son legítimas y que no han sido objeto de condena como demuestra el hecho de que las comparta el actual Govern de Cataluña. Insistir en esa renuncia como requisito para el indulto podría abonar la teoría de que la condena se debe a las ideas y no a los hechos.

El informe del Tribunal Supremo reafirma, como es natural, los argumentos jurídicos de su sentencia. Pero recuerda al mismo tiempo que los motivos del indulto han de valorar especialmente la necesidad de la pena. Señala además que el Gobierno no es una segunda instancia destinada a ejercer la crítica jurídica, lo cual equivale a reconocer las distintas competencias de una y otra institución. Al afirmarlo y quizá sin pretenderlo, el propio Tribunal rechaza implícitamente la idea de que el indulto sea una enmienda a su sentencia, como afirma algún sector de la opinión pública en contradicción con las exigencias elementales de la división de poderes.

El Grup Pròleg se constituyó hace ya más de tres años con una declaración a favor de la puesta en libertad de los dirigentes políticos encarcelados, aun sin compartir sus posiciones políticas ni sus actuaciones. Es una declaración que hemos reiterado en más de una ocasión. Es coherente, por tanto, que apoyemos ahora una de las fórmulas que permitirían su puesta en libertad e invitamos a otros a hacerlo, porque es útil y necesario en términos personales, políticos y sociales y es además adecuado a la legalidad de la que forma parte la Ley de Indulto.

Esperamos que la decisión del Gobierno del Estado se produzca lo más pronto posible y en sentido favorable. Si así ocurre, desearíamos igualmente que tanto el nuevo Govern de la Generalitat, como los partidos y grupos que se oponen al Gobierno del Estado entendieran que mantener la retórica estéril de la confrontación impide explorar una salida dialogada a la grave crisis política que padecemos. Trabajar constructivamente por esta salida dialogada es lo que piden a la política una mayoría de nuestros conciudadanos. En Cataluña y en España.

*El GRUP PRÒLEG se constituyó en febrero de 2018, con el afán de recuperar espacios de diálogo democrático en Catalunya y con los demás pueblos de España. Lo integran personas procedentes de las izquierdas catalanas no independentistas. Sus miembros actuales son Jordi Amat, Marc Andreu, Marga Arboix, Oriol Bartomeus, Laia Bonet, Joan Botella, Victoria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Oriol Nel.lo, Raimon Obiols, Lluis Rabell, Joan Subirats, Marina Subirats i Josep M. Vallès.

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Publicado el
28 de mayo de 2021 - 22:06 h

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