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La libre ignorancia de la guerra

Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio destruido por un bombardeo en Saná.(ARCHIVO)

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Hoy las portadas de los grandes medios no abrirán con imágenes de la mayor crisis humanitaria del mundo. Tampoco lo harán con los bombardeos a la población civil de este país. No lo harán con la condena de las 377.000 muertes causadas por esta guerra. Ni con los 16 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria en este país, o los 2,5 millones que ya padecen hambruna. Tampoco con los 4 millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares. No lo harán porque hablamos de Yemen, el conflicto olvidado que el 25 de marzo cumple 7 años desde que Arabia Saudí empezara los bombardeos.

Nos encontramos en tiempos en los que, de manera acertada, se conciencia sobre la necesidad de proteger a la sociedad civil, se denuncian los bombardeos de una potencia, Rusia, al país vecino, Ucrania, y se abren vías legales y seguras para que la población ucraniana pueda obtener refugio en Europa. Todo esto es imprescindible e incuestionable, si bien cabe preguntarse cómo es posible que simultáneamente en España no solo se ignora la guerra de Yemen, sino, lo que es mucho peor, desde aquí se alimenta el incendio con millonarias ventas de armas a los países que, de manera incesante y desde 2015, están cometiendo con absoluta impunidad las más graves atrocidades ya documentadas como crímenes de guerra.

La coalición que lidera Arabia Saudí lleva siete años cometiendo ataques indiscriminados sobre población civil yemení, destruyendo viviendas y hospitales, y obstruyendo la llegada de la ayuda humanitaria. Mientras tanto España ha exportado armas a los países de esta coalición por un importe que supera los 2.000 millones de euros y el 31 de marzo está prevista la entrega a Arabia Saudí de la primera de las cinco corbetas construidas en Cádiz por Navantia, pese al riesgo de que se use para atacar a civiles en Yemen y reforzar así un bloqueo naval que tiene a millones de yemeníes padeciendo hambruna.

Hace pocos meses, participando en una misión de investigación de Amnistía Internacional para documentar las condiciones de acogida de personas migrantes y refugiadas en Canarias, conocí a un joven yemení en las puertas del campamento de Las Raíces, en Tenerife. Venía de cruzar cinco países en dos años y medio. Pidió que no le habláramos de derechos humanos hasta que España no dejara de vender armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Hoy se cumplen siete años del inicio del conflicto que le hizo abandonar su tierra buscando un lugar “donde se me respete y pueda estar tranquilo”. Su cuerpo presentaba grandes cicatrices de heridas como consecuencia de la guerra. Contaba encontrarse tan dolorido que no lograba ni dormir. Tampoco se lo permitían el recuerdo de lo vivido. “En mi país la gente se muere de hambre porque no llegan los alimentos.”

La semana pasada tuvo lugar la Conferencia Internacional de Naciones Unidas de donantes de ayuda humanitaria para Yemen, donde de manera lamentable no se alcanzó ni la tercera parte de los fondos requeridos para atender a la enorme crisis humanitaria. De este modo se siguió la tendencia decreciente del año anterior, en el que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que “recortar la ayuda es una sentencia de muerte”. 

Presenciamos así cómo se trasladan posiciones contradictorias de manera simultánea, recordando al doblepensar al que George Orwell hacía referencia en su novela 1984. Mientras se defiende, y defendemos, la necesidad de proteger la población civil de un país bombardeado por otro, a la vez España vende armas a un país que bombardea la población civil de otro país. Y mientras vemos que, de forma acertada, se abren vías legales y seguras y se da refugio a quienes vienen de Ucrania, podemos acordarnos de todas las trabas para acceder al derecho a refugio a quienes huyen de los conflictos de Siria, Afganistán o Yemen, o la práctica de devoluciones ilegales en Ceuta y Melilla que vulnera el derecho a solicitar asilo. 

Se cumplen siete años del inicio del conflicto de Yemen y el horizonte se presenta sombrío. Los últimos cuatro meses han sido, desde finales de 2018, el período más sostenido de bombardeos intensos, con al menos 200 ataques aéreos al mes. Confirman la intensificación de la violencia en Yemen, especialmente en enero de este año 2022, un mes sangriento en que Amnistía Internacional renovó su llamamiento a todas las partes para que se abstengan de llevar a cabo ataques indiscriminados, se aseguren de que no haya víctimas civiles y se eviten los daños a las viviendas, las instalaciones y las infraestructuras civiles, además de reiterar su petición del cese de las ventas de armas a la coalición saudí-emiratí.

Ante el historial saudí de uso de armas para cometer crímenes de derecho internacional, incluidas decenas de presuntos crímenes de guerra documentados por la ONU, Amnistía Internacional y otras ONG, es razón más que suficiente para que el gobierno español suspenda de inmediato las ventas de armas españolas que puedan usarse en Yemen para cometer atrocidades. No solo por una cuestión de principios, sino también porque estas ventas están prohibidas por la legislación internacional y española.

La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, era el lema del partido político que dirigía con mano de hierro los destinos del Estado de Oceanía en 1984, escrita pocos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vuelven a resonar estas contradicciones, que como al protagonista de la novela distópica, nos lleva a preguntarnos qué podemos hacer para evitar que la historia suene similar al preludio del mayor desastre del siglo pasado. Dejar de vender armas a países que comenten crímenes de guerra como hace España con Arabia Saudí, no será suficiente, pero sería un paso imprescindible.

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