Mercadeo presupuestario
Los Presupuestos del Estado son un instrumento en manos del Gobierno para distribuir bienes y servicios entre una parte o sectores de la población, lo que inevitablemente, si no se extrema el reparto solidario de las cargas y beneficios, excluye de esas prestaciones a otra parte de los componentes de la sociedad. Tienen un incuestionable ingrediente ideológico que termina por imponerse, sin concesiones, cuando un Gobierno dispone de una mayoría absoluta de votos para sacarlos adelante. En todo caso, los ciudadanos tienen derecho, según las leyes, a exigir que, por lo menos, sean transparentes, eficaces y eficientes en la asignación de los recursos públicos.
Si se respetan las leyes que los regulan, sean cual sean las opciones presupuestarias del Gobierno de turno, no pueden prescindir, como nos dice la ley, de la necesidad de servir de base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española para garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria.
Su tramitación es dificultosa en el plano político y técnicamente compleja cuando se entra en el terreno puramente contable. Todos estos avatares han pasado a un segundo plano, según se ha puesto de manifiesto en los días pasados, al rechazarse, de forma casi mecánica y sin matices, todas las enmiendas a la totalidad, presentadas por el resto de los grupos políticos, con excepción del Partido Nacionalista Vasco.
La salvaguardia de la estabilidad presupuestaria es un instrumento indispensable para lograr este objetivo. Tanto para garantizar la financiación adecuada del sector público y los servicios públicos de calidad sobre los que descansa el sistema de bienestar, como para ofrecer seguridad a los inversores respecto a la capacidad de la economía española para crecer y atender nuestros compromisos.
Según se dice en el Preámbulo de su ley reguladora: “El proceso de consolidación fiscal y reducción de la deuda pública que permitió la entrada de España en la Unión Económica y Monetaria europea, fue uno de los principales activos sobre los que se cimentó el largo período de crecimiento de la economía española hasta 2008. Sin embargo, ese año se inició una crisis económica de alcance mundial, especialmente severa en el ámbito europeo, cuyos efectos se vieron agravados en nuestra economía debido a la elevada tasa de desempleo, la más alta entre los países de la OCDE. El fuerte deterioro de las finanzas públicas registrado desde ese año, agotó rápidamente los márgenes de maniobra de la política fiscal, obligando ahora a practicar un fuerte ajuste que permita recuperar la senda hacia el equilibrio presupuestario y cumplir los compromisos de España con la Unión Europea”.
Todos estos condicionamientos y pautas, que considero irrenunciables, en función de la trascendencia de la política presupuestaria y de su desarrollo, pienso que han sido soslayados de forma clamorosa, ateniéndonos a las noticias que recibimos sobre los acuerdos a los que han llegado el Gobierno y el Partido nacionalista vasco y los que parece que alcanzará el diputado señor Quevedo, para Canarias, a cambio de su imprescindible voto para configurar la mayoría necesaria para su aprobación.
En ningún caso cuestiono la existencia del cupo vasco y de su específico régimen fiscal o el de Navarra. Es más, considero que, como partidario de una España federal, puede ser una pauta para regular las Haciendas públicas de los distintos Estados que formen la futura Federación que propugno para nuestro país, como culminación lógica del Estado de las Autonomías. Incluso los que propugnan la indisoluble unidad de la nación española, sostienen, para rebatir la opción federal que tenemos el modelo de descentralización más avanzado que existe en Europa.
Esta afirmación es más que cuestionable pero, en todo caso y mientras subsista el actual sistema, los partidos parlamentarios, entre ellos el PNV o los representantes de Canarias están, como es lógico, perfectamente legitimados para formular las enmiendas a la totalidad o las enmiendas parciales que consideren necesario introducir en el Proyecto de Presupuestos, presentado por el Gobierno. Resulta difícil comprender que en un trámite express se hayan rechazado, sin mayores matizaciones ni debate, todas las enmiendas a la totalidad pero me parece inadmisible para la salud democrática y para la propia función del Parlamento, desecharlas casi despectivamente. Las enmiendas parciales parece que ni siquiera van a ser valoradas y discutidas.
Resulta bastante lógico pensar que las propuestas del Partido Nacionalista Vasco habrían sido enviadas directamente a la papelera si sus votos no fuesen necesarios para ir consolidando una mayoría que permita la aprobación de los presupuestos. Luego lo que ha sucedido no es una discusión técnica entre los expertos presupuestarios y los políticos, sino una concesión, o si se prefiere, una sumisión o plegamiento total del Gobierno a sus pretensiones, a cambio de los siete votos de los representantes de la minoría vasca.
Cerrando el círculo, el disputado voto del señor Quevedo, venía precedido según se ha podido leer en algunos medios de comunicación de cuarenta y nueve propuestas presupuestarias para Canarias realizada por este parlamentario y el grupo al que representa. Del mismo modo, se puede afirmar que habrían corrido idéntico destino si finalmente y por la matemática parlamentaria este voto no fuese decisivo para la aprobación de la Ley de Presupuestos.
Se nos ha hurtado, por tanto, un debate entre distintas opciones ideológicas sobre cuestiones tan trascendentales como los servicios sociales, la sanidad, la educación, las infraestructuras e incluso el desarrollo de políticas en investigación o cualquier otra medida encaminada a promover el relanzamiento de la economía española.
Si una de las notas esenciales de la democracia es la búsqueda del consenso, mediante el debate abierto y transparente en la sede de la soberanía popular, nos encontramos ante una maniobra basada exclusivamente en el cálculo del recuento de votos, realizada de espaldas a la exigible publicidad y al debido respeto parlamentario. Ignoro si sus autores son conscientes del descrédito que supone este chalaneo de zoco o baratillo y el mensaje que se trasmite a los ciudadanos.
Es muy posible que los nacionalistas vascos y los canarios hayan presentado, al igual que el resto de los grupos políticos que componen el arco parlamentario, propuestas razonables y dignas de ser estimadas, pero las formas, que son la esencia del parlamentarismo, han quedado relegadas ante la imperiosa necesidad del Gobierno, por otro lado comprensible, de buscar a toda costa la aritmética necesaria para salvar la aprobación de los presupuestos.
A la larga estas maniobras y otras parecidas socavan los cimientos de la representación popular y trasmiten un mensaje descorazonador. Se ha relegado a los ciudadanos, representados por sus elegidos, al papel de espectadores perplejos de un mercadeo presupuestario.
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José Antonio Martín Pallín. Magistrado emérito Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Abogado de Lifeabogados.José Antonio Martín Pallín
