Un Pacto de Mujeres

Termina otro periodo de sesiones en el Congreso (sí, venga, vamos a empezar a llamarle así, sin apellidos, por aquello de que sea de todos y todas) en el que sin duda se han dado debates importantísimos para las mujeres de nuestro país.  De algunos de esos debates nos sentimos particularmente orgullosas las diputadas del grupo Confederal de Unidas Podemos En Comú Podem En Marea que firmamos este texto. 

Éste era el periodo de sesiones en el que se comprobaba si aquel acalorado debate sobre el Pacto de Estado merecía efectivamente la vehemencia de todas y nuestra abstención. Los hechos desgraciadamente han ido corroborando una por una nuestras previsiones. Finalizado este periodo no tenemos para la violencia machista ni presupuestos, ni medidas, ni garantías, ni comisión de seguimiento que se digne a arrancar. Y lo peor, el Partido Popular nos ha revelado con su recién redactado Plan Normativo 2018 en el último Consejo de Ministros que para el próximo año vamos a tener otra gran dosis de su receta mágica contra el machismo: no hacer absolutamente nada. En este plan, que indica cuáles serán las reformas legislativas que acometerá el ejecutivo, sólo encontramos una triste mención al Pacto de Estado: algunas modificaciones en las disposiciones de la Ley Orgánica 1/2004. Acometer esta reforma no sólo sería absolutamente insuficiente para cumplir con el compromiso marcado de seis meses en el informe de la subcomisión para llevar a término las reformas legislativas por parte del Gobierno, sino que además es una falta de respeto enorme a los millones de personas que representamos en esta cámara y que confiaron en ese compromiso del ejecutivo. 

Por supuesto, los grupos parlamentarios hemos seguido haciendo nuestro trabajo. Nosotras hemos considerado fundamental presentar una ley que devolviese cuanto antes las competencias a los ayuntamientos, porque sin ellas pocos cambios podrían enfrentar los municipios en las políticas contra la violencia machista. Y esta es sin duda una de las tareas centrales entre las que se encomiendan a las administraciones en el informe del Pacto de Estado. 

Y como ya logramos consensos, porque esa es la virtud (y la trampa, la disolución de intenciones) del informe del Pacto de Estado, hemos querido comenzar a tener algunos debates por poner en acción lo que ya es acuerdo. 

Hemos querido debatir sobre la posibilidad de garantizar un aborto seguro y libre para las mujeres de este país y lo que nos hemos encontrado no nos ha sorprendido. En la defensa del ejercicio del derecho a decidir nos hemos encontrado con un Cuidadanos tímido, con un Partido Socialista feminista imposible de encontrar en todo aquello que implica políticas económicas de calado, y un Partido Popular reaccionario y machista que, como era de esperar, se ha negado.

También hemos sacado adelante una demanda que desde hace tiempo peleaba la asociación Gafas Lilas: que los uniformes (laborales y, sobre todo, escolares) no estén diferenciados por género. Esta cosa tan sencilla de que no sea obligatorio para las niñas de colegios privados y concertados, pero también públicos llevar falda y que puedan, si así lo desean, ir con pantalones y no tener, por el mero hecho de ser mujeres, que estar sesgadas forzosamente desde el inicio de su vida escolar. Y esto que parece algo muy pequeño y muy concreto va con entender que las violencias se originan en la desigualdad y en la imposición. Cuando se dice que las violencias machistas se previenen con educación no nos referimos sólo a cuestiones curriculares sino a praxis, a usos y a libertades puestas en práctica. 

La batalla contra el patriarcado no será completa si no incorpora la diversidad sexual y de identidad de género como principio transformador. Por ello hemos llevado al pleno la ley que han elaborado los colectivos LGTBI. Una ley ambiciosa, que desafía las estructuras sociales que invisibilizan, separan y aíslan a todo aquel que no se atiene a un binarismo de género profundamente enraizado. Esta es una ley que abarca todos los aspectos de la vida diaria de las personas LGTBI -la educación, la salud o la administración, entre otras- pero cuya implementación sería liberadora para la sociedad en su conjunto, puesto que es eso la diversidad: su materialización en una sociedad rica y justa. Pero el grupo Popular niega esa riqueza y justicia de género, y no sólo no apoyó la toma en consideración, sino que ahora la obstaculiza ampliando -ya en nueve ocasiones y con la ayuda de los Grupos Socialista y de Ciudadanos- el periodo de enmiendas. Seguiremos trabajando para que lo que es de consenso en una sociedad que expulsa de sus calles los autobuses tránsfobos sea legislado. 

Por otro lado, hemos debatido mucho sobre violencias sexuales, cómo no hacerlo si la manada, -la nuestra, la de las hermanas que somos- nos lo pedía a gritos desde fuera. Hemos coincidido todos los grupos en la urgencia de ponernos a trabajar en la necesidad de legislar contra las violencias sexuales. Pero han aparecido los matices y en absoluto son menores. El Pacto de Estado recoge en su medida 86.3 la urgencia de regir con leyes específicas e integrales la necesidad de intervención y de protección a cada tipo de violencia. A nosotras nos hubiese gustado que las líneas generales de lo que cada una de esas leyes integrales hubiesen sido explicitadas en el Pacto, pero no hubo un consenso para ello. Necesitamos una ley integral contra la trata (por cierto, ley cuya necesidad aprobó esta Cámara en la X legislatura y que, sin embargo, tras dos gobiernos y varias legislaturas, no existe). Necesitamos con verdadera urgencia una ley contra las violencias sexuales, por los millones de mujeres en nuestro país que las hemos sufrido y, sobre todo, porque, como dice Ada Colau, queremos ser mujeres libres en un país que ya es libre. Que no siga siendo nuestra ciudadanía de segunda sino de pleno derecho. 

Y claro, no nos vale cualquier ley. Sabemos que tiene que ser integral, que no puede dejar lugares oscuros por iluminar, ni víctimas sin atender, ni violencias sin sancionar. La integralidad de una ley viene marcada por el modelo que hemos venido consolidando con la legislación desarrollada para la violencia en el ámbito de la pareja o expareja. La 1/2004 que nos colocó en la vanguardia internacional en la lucha por los derechos de la mujer se reconocía y se construía desde una identidad integral, porque aquí no hay departamento estanco para abordar la violencia contra las mujeres. Con las especificidades necesarias, queremos un marco jurídico que abarque desde la sensibilización, la prevención, la sanción y la erradicación de esas violencias hasta la asistencia a las víctimas garantizando todos sus derechos, a la información, laborales, de tutela institucional, de protección y por supuesto -y porque no hemos venido aquí a hacernos trampas- también los derechos económicos. 

Las violencias sexuales se quedaron fuera del Pacto de Estado. De igual manera la solución más ambiciosa contra ellas parece haberse quedado también fuera de este periodo de sesiones. Pero estas diputadas decimos, escribimos muy claro que no vamos a cejar en nuestro empeño. Que estamos ante un compromiso férreo, porque esto lo necesitamos todas las mujeres -las que hemos sufrido directamente esas violencias, y las que únicamente por azar no hemos sido objeto de las agresiones sexuales de los hombres que se consideran con derecho, sí, pero también de un sistema patriarcal que lo permite y lo fomenta. 

Nos arremangamos y lo vamos a hacer interpelando a todas las mujeres de la Cámara, no puede ser de otra forma. Estamos convencidas de que es posible un Pacto de Mujeres que vaya más allá de las banderas que a cada una nos acompañan. ¿Cómo no va a haber diputadas en el Grupo Popular que no consideren necesario garantizar el aborto para las niñas de 16 y 17 años? ¿Cómo no va a pensar el Partido Socialista que su modelo integral para la violencia machista en el ámbito de la pareja no va a ayudarnos a combatir de la manera más eficiente la violencia sexual? Este sería el verdadero acuerdo, este sería el Pacto contra el Machismo que necesitamos, y que nos interpela a todas. Puede ser la Cámara del Congreso, como ya lo han sido otros espacios, lugar de reconocimiento, hay batallas que son de todas porque tienen que ser para todas.