Un país con servicios sociales públicos es un país con su gente

Se acaba la legislatura, pero nos quedan pendientes grandes transformaciones, entre ellas repensar y definir un nuevo modelo de servicios sociales que sea capaz de ofrecer soluciones a los problemas y demandas de la gente.

Los Servicios Sociales nacen con la vocación de ser la herramienta fundamental de lucha contra la desigualdad, son la garantía de acceso al sistema, independientemente de la situación socioeconómica en la que se encuentre la persona. Sin embargo, la realidad actual es que los Servicios Sociales han sido derivados hacia el asistencialismo y la gestión privada, hasta tal extremo, que hoy nuestro cuarto pilar del bienestar se encuentra maniatado para responder a las necesidades de la gente en nuestro país.

El Gobierno del Partido Popular en el año 2012, con el ahora flamante presidente del involucionismo en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, como Secretario de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aplicó un recorte de casi el 50% del presupuesto en la red de Servicios Sociales. Se pasó de 87 a 27 millones de euros, cercenamiento que aún no se ha recuperado. Con el mismo presupuesto del Huesca Club de Fútbol para esta temporada, el PP pretendía mantener una red que abarca miles de municipios, profesionales y prestaciones, desde luego optimismo no les faltaba, tienen más moral que el Alcoyano. El problema es que no estamos hablando de 11 contra 11, sino de más de 12 millones de personas que necesitan asistencia urgente, de esa cifra, más de la mitad son mujeres, y es que aquí también existe brecha de género. El desmantelamiento del sistema se remató algo más tarde, eliminando todas las competencias a los Servicios Sociales del ámbito local, es decir, terminando con la intervención social de proximidad, la base de la lucha contra la desigualdad. 

Al igual que otras políticas públicas, los Servicios Sociales también han sido objeto de privatizaciones. Bajo la coartada del ahorro y de la falsa eficiencia, poco a poco se han ido desviando prestaciones y servicios al sector privado. La fórmula más habitual de privatización ha sido a través de licitaciones,  que derivaban en una carrera a la baja de los costes, algo que evidentemente implica un deterioro en la calidad del servicio y un aumento de la precariedad laboral del personal que lo desempeña. Se ha dejado así la gestión de algo tan fundamental para la cohesión social del Estado como los Servicios Sociales, en manos de grandes empresas que han visto en este sector un negocio con el que enriquecerse. Esta tendencia implica de facto una externalización del Estado del Bienestar que debe revertirse.

El país justo y solidario que queremos, debe apostar, ineludiblemente por un modelo de servicios sociales públicos, universales y de calidad. Eso implica que debemos dar pasos a corto y a medio plazo, comenzando por revertir, de forma urgente, la tendencia caritativa y la privatización: Financiando de forma suficiente el Plan Concertado para que pueda dar cobertura a los miles de municipios que se incluyen en la red local de Servicios Sociales Comunitarios, recuperando, como mínimo, los niveles de gasto de 2008. Junto con la financiación, es urgente, devolver la gestión de los servicios a la Administración Pública como aval para un país donde el cumplimiento de los derechos sociales sea una prioridad. Es necesario, además, cubrir la demanda de profesionales para realizar una atención de calidad a través de la intervención con toda la comunidad y adaptada a las necesidades de las personas, sin olvidar la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para restaurar las competencias del primer nivel de atención, que es, sin duda, la garantía de la universalidad del sistema de Servicios Sociales.

Necesitamos repensar y adaptar el modelo de servicios sociales a la coyuntura actual. Hoy se trata de un sistema fragmentado, más cercano a la caridad que a la universalidad, residual y anclado en un modelo individualista y centrado en la concesión de prestaciones administrativas desde el despacho, incapaz de responder eficazmente a las necesidades de la población. Solo una apuesta por la intervención comunitaria, la prevención y la interdisciplinariedad puede asegurar que los Servicios Sociales sean la llave de una sociedad cohesionada y con oportunidades para todos. Necesitamos una Ley Marco de Servicios Sociales, con una cartera de servicios comunes bien definidos, pero sobre todo, es fundamental que el centro del sistema sean las personas. Esto requiere sacar de los Servicios Sociales la gestión de las rentas mínimas, para concentrar a los profesionales en el acompañamiento y apoyo a las personas, grupos y comunidades en los procesos vitales y sociales.

El nuevo modelo de bienestar requiere de una intervención coordinada entre las instituciones representativas de todos los sectores de las políticas que tienen que ver con la calidad de vida. Se trata, en definitiva, de poner a los cuidados en el centro de la políticas sociales, generando estrategias de intervención que aúnen los ámbitos social, laboral, urbanístico, económico y medioambiental. El nuevo modelo de servicios sociales públicos, integrados, inclusivos y universales debe enmarcarse en un proyecto de país, que desde el desarrollo sostenible, no deje a nadie atrás. Tenemos trabajo por delante, vamos a por una España mejor.