Paradise Papers: cinco medidas para acabar con los escándalos fiscales
Después de Panama Papers, el comisario europeo de Economía y Asuntos Fiscales, Pierre Moscovi, declaraba: “Si no actuamos tras lo de Panamá, la gente creerá que todo está podrido”. Paradise Papers, el último de los escándalos fiscales, tiene que ser una señal de alarma para el Comisario quien acusaba esta semana pasada de “vampiros” a quienes recurren a los paraísos fiscales, grandes fortunas y grandes empresas, para aprovecharse de los vacíos legales y pagar menos.
Sin duda alguna, los paraísos fiscales chupan recursos vitales para todos los países y generan un doble rasero que mina y socava los cimientos democráticos, los principios de equidad e igualdad de todos ante la ley. Es pura matemática, lo que se pierde por esta vía tóxica y perversa se traduce en menos hospitales, menos educación, menos cooperación al desarrollo. Una sociedad más desigual.
Sorprende por lo visto que los esquemas que nos encontramos en Paradise Papers son en gran medida legales. Viejos conocidos, aunque más cuidadosos en los detalles, con mayor ingeniosidad para detectar los resquicios y desajustes legales entre países. Pero si la ley es insuficiente, hay que cambiarla. Empresas como Nike registran su marca en Bermudas. Las ventas europeas de la empresa se canalizan a través de Holanda desde donde los royalties por el uso de esta marca se transfieren desfiscalizados. Es un puente “al paraíso”, un país que opera como vehículo de inversión o de beneficios no gravados, un juego que no es ajeno a muchas otras tecnológicas que lo han adoptado desde hace tiempo. Pero el remate es un ventajoso acuerdo fiscal por 10 años con Holanda, que rebaja al mínimo su contribución fiscal. En estos últimos 15 años, la empresa crece en actividad y volumen de ventas, y baja en contribución fiscal. Contra intuitivo cuando menos.
Los escándalos han sido fundamentales para que las fichas políticas empiecen a moverse, pero siempre a medias. La voluntad política falla en atajar de raíz el problema. El gobierno holandés por ejemplo ha anunciado que impondrá una retención en fuente para esos ingresos de alto riesgo que se transfieren al exterior (pagos por dividendos, intereses o royalties). Pero no ha dejado aún claro cuando, aunque probablemente no sea antes 2021, lo que dejaría mucho margen para seguir explotando este gran agujero legal. Tampoco ha aclarado con qué países, por lo que las Bermudas muy bien podría quedarse fuera. Ni qué tipo de retención aplicará, por lo que viendo los volúmenes tan astronómicos que se mueven, quizás no sea un desincentivo suficiente.
Parecida es la jugada de Irlanda, con el famoso “doble irlandés”, un ingenioso esquema de elusión fiscal que permite igualmente transferir beneficios por propiedad intelectual a Irlanda, prácticamente a coste (fiscal) cero, y de ahí volverlos a remitir Bermudas donde el impuesto es nulo. Bajo la presión de las reformas globales, Irlanda se comprometió a revisar los mecanismos que permiten este juego fiscal. Pero, a cambio, ha creado una nueva figura de “incentivo fiscal a la innovación” que gravaría los rendimientos de estos intangibles tan sólo al 6.5%, prácticamente a la mitad de su ya bajísimo impuesto de sociedades (un 12.5%). Es como jugar al gato y al ratón.
Y a este juego saben jugar bien las grandes corporaciones. Glencore, de capital suizo y una de las mayores mineras del mundo, es probablemente también uno de los mejores clientes de Appleby, tanto que la firma de servicios offshore llegó a poner su nombre a una de las salas de su edificio de oficinas en Bermudas. Glencore tan sólo reconoce en sus cuentas anuales 17 filiales en paraísos fiscales, cuando Paradise Papers muestra como Appleby registró 107 para el grupo, 74 de ellas en Bermudas tan sólo. Una de estas filiales de Bermudas controla las acciones de Glencore en la minera Los Quenuales de Perú Glencore sobre los que los documentos filtrados en Paradise Papers detectan sospechosos movimientos de préstamos que podrían no tener otro fin que el de reducir artificialmente los beneficios en el país andino para trasladarlos al paraíso caribeño.
¿Significa que los Papeles de Panamá no han servido de nada? No, pero las agendas internacionales, europeas o de los distintos países van a paso de tortuga cuando se necesitaría velocidad de crucero. La propia OCDE reconocía hace 4 años que el sistema fiscal internacional estaba obsoleto y no respondía a la realidad del siglo XXI. Se creó hace más casi 100 años, con estructuras empresariales que respondían a modelos de negocio completamente otros. Y sin tecnologías de la información, que permiten en un clic transferir capitales o crear sociedades en cualquier lugar del mundo sin moverse de casa. Sin embargo, en la actualidad, el 45% de los beneficios de las grandes corporaciones se realizan en paraísos fiscales.
Lo cierto es que en los últimos cuatro años la agenda de reformas internacional se ha movido más que en los últimos 100 años. ¿Entonces, qué nos queda por hacer? Mucho. Pero hace falta voluntad política ante todo para que estas reformas no se queden en parches en la capa más superficial del problema, en lugar de entrar a fondo a revisar el estatus quo actual.
En Oxfam hemos pensado en cinco medidas urgentes para activar un plan de acción contra los escándalos fiscales.
Elaborar una lista negra mundial de paraísos fiscales, siguiendo criterios objetivos y sin interferencias políticas, que vaya acompañada de contramedidas e incluso sanciones que desincentiven su uso. En junio del año pasado, el G20 dio por buena la propuesta de lista negra de la OCDE en la que tan sólo aparece un país, Trinidad y Tobago. Y pronto ninguno, porque a Trinidad y Tobago, país del Calipso, le están dando una oportunidad de “enmendarse”. La propuesta de la OCDE falla porque se centra tan sólo en la transparencia. La UE en cambio está a punto de presentar su propia lista negra el 5 de diciembre, basada en 3 criterios más ambiciosos que los de la OCDE. Pero los intereses políticos pueden acabar diluyendo el resultado.
Incrementar la transparencia sobre cuánto pagan las grandes empresas, donde realizan su actividad real, qué impuestos pagan, qué personal tienen. Es como contar con una foto que nos acerque a entender si hay una actividad económica real o si, como sucede en muchos casos, nos encontramos con empresas con actividad económica en el país pero sin domicilio fiscal o sin ningún trabajador.
Acabar con la opacidad tras la que se ocultan los súper ricos, estableciendo un registro público de los titulares reales de empresas offshore, fundaciones, trusts, cuentas bancarias, etc. Al frente de esta maraña de sociedades pantalla no aparecen los propietarios reales sino un sinfín de testaferros, hombres de paja para que se convierta en imposible llegar hasta el verdadero beneficiario.
Renegociar los acuerdos fiscales entre países, garantizando que se negocian en pie de igualdad y que no erosionan las bases impositivas de los países en desarrollo. Existen más de 3000 tratados o acuerdos fiscales en el mundo, que se convierten en una negociación a la baja.
Es hora de crear un organismo fiscal mundial que permita la participación de todos los países en el diseño y elaboración de las reglas del juego fiscal y del que nazca una nueva oleada de reformas del sistema fiscal internacional. Esta vez, anteponiendo los intereses de la mayoría de las personas y de todos los países.
¿Un plan imposible? No. Lo cierto es que muchas de estas medidas están ya en marcha, pero la falta de voluntad política hace que se queden por el camino o que vayan diluyéndose. Ya no hay tiempo para más, y acabar con la crisis de desigualdad extrema requiere también poner fin a los escándalos fiscales. No puede haber cabida para más Paradise Papers.
