100 días y una revolución fiscal
Los primeros cien días del nuevo gobierno de Pedro Sánchez han estado marcados por la efervescencia de propuestas en materia fiscal. La densidad de iniciativas que flotan en el aire aún no deja un escenario claro sobre los avances que se pueden materializar. El reto, que no es poco, es pasar a la acción y conseguir en un escenario de matemáticas parlamentarias inciertas, recuperar años de rezago fiscal.
España es el país de la paradoja fiscal, un país a dos velocidades. Hace cuatro años que España emergió de la crisis, y su El PIB ha crecido de forma sostenida desde 2014, pero los resultados de esta reactivación económica siguen dejando de lado a una inmensa mayoría haciendo que la desigualdad apenas se haya reducido (6 décimas si consideramos el índice de Gini). Y mientras, la crisis se ha saldado trasladando una mayor parte del esfuerzo fiscal a los ciudadanos, manteniendo la regresividad y la insuficiencia recaudatoria histórica. En 2007, las familias aportaban el 74% del total de ingresos recaudados, para pasar a aportar un 83% en 2017. En el mismo periodo, las empresas aportaron 22% y 12%, respectivamente. En realidad, desde 1999 el resultado contable de las empresas se ha más que multiplicado mientras que su factura fiscal sigue sin recuperarse ni estar a la altura. Nuestro sistema fiscal no está al servicio de la reducción de la desigualdad, somos el sexto país de la UE con menor efecto redistributivo a través de ingresos y gastos públicos, por detrás tan sólo de Lituania, Estonia, Letonia, Bulgaria y Rumanía. Esto condiciona nuestro techo de gasto, la senda de reducción del déficit y la posibilidad de financiar programas de protección social vitales como las pensiones.
Parados, como decíamos. En estos últimos diez años, el número de los ultrarricos (con patrimonios declarados superiores a los 30 millones de euros) casi se ha triplicado. Pero en este mismo periodo de tiempo, los hogares sin ningún tipo de ingresos han crecido un 60%, pasando de cerca de 400.000 a los 600.000, aproximadamente.
Nuestro sistema fiscal necesitaría una intervención en quirófano, una reforma en profundidad casi “a corazón abierto” para corregir las deficiencias y profundas inequidades que lo caracterizan. Pero las aritméticas parlamentarias, complicadas y sensibles, nos llevarán más bien a un ejercicio de curas básicas, enfocado a afrontar las urgencias más inmediatas pero también donde se encuentren los mayores consensos.
Nos inclinamos por tres prioridades factibles dados los condicionantes. Para empezar, corregir la alergia casi sintomática que existe en nuestra estructura tributaria a la hora de gravar la riqueza y las rentas más altas. Hay pocos elementos en el diseño del IRPF o de la tributación de las rentas de capital que consigan frenar esta creciente concentración y que logre redistribuir sus beneficios al resto de la sociedad. Muy al contario, la última reforma fiscal que entró en vigor en 2015 restó progresividad al conjunto del diseño tributario al combinar la supresión del tramo más alto en el IRPF y reduciendo el tipo marginal más elevado, mientras se rebajaba la presión sobre las mal llamadas “rentas del ahorro”. Por eso, la propuesta de elevar el tipo al 52% a las rentas superiores a los 150.000 euros (frente al 45% actualmente para las rentas a partir de los 60.000 euros) tiene tanto de importancia recaudadora como de recuperación de los principios de equidad. Sólo que debería suprimir también la dualidad en la tributación del trabajo frente al capital, y avanzar hacia una armonización bien diseñada en los impuestos sobre herencias y donaciones que actúe también para frenar la perpetuación de la desigualdad intergeneracional.
Donde hay que tocar el nervio tributario es especialmente en la contribución de las grandes empresas a través de sus beneficios. El Impuesto de sociedades sigue recaudando la mitad de lo que recaudaba en 2007, a pesar de que las grandes empresas rozan resultados históricos últimamente. Además, la globalización y digitalización creciente de la economía ponen aún más trabas a un sistema fiscal internacional arcaico y desfasado, diseñado hace casi cien años, a pesar de los esfuerzos por parchearlo de la OCDE y el G20. Pero mientras se avanza por la construcción de consensos globales, la opción de establecer una tributación efectiva mínima para las grandes empresas es un ejercicio de contención de mínimos más que necesario, sobre todo si viene acompañado de medidas sancionadoras que impidan que estas grandes se aprovechen de las debilidades del sistema para contar con privilegios fiscales que les permitan prácticamente no pagar nada. Igual que el impuesto a las grandes tecnológicas es una solución temporal pero efectiva frente a colosos digitales que escapan en la práctica al control tributario. Dominan el mercado pero con estructuras puramente virtuales que no encajan con un diseño en el IS rígido y territorializado. Hay que reinventar el sistema tributario para responder a una sofisticación en los modelos empresariales y acompañarlo de un plan de urgencia contra la evasión y elusión fiscal.
Para terminar, una apuesta histórica pero no menos de actualidad: la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras, ITF, o el renacer de la Tasa Tobin. Este mes de septiembre de 2018 se cumplen diez años de la crisis financiera, cuyos coletazos golpearon tan fuerte nuestro país. El ITF tiene un gran potencial recaudador, pero también puede corregir los efectos altamente especulativos de algunos de los productos financieros en el origen de la gran crisis. La propuesta de ITF europea se ha ido poco a poco atascando, en tecnicismos que encubren la falta de voluntad política suficiente. Sería el primer impuesto realmente europeo, y una buena declaración de intenciones, además de anteponer las necesidades de la ciudadanía frente a los intereses del sector financiero y de liberar recursos para luchar contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.
Los retos son más amplios, pero éstas son reformas que difícilmente pueden esperar si existe la voluntad política. Hace unos meses, Pedro Sánchez acertaba en la necesidad de poner el ojo en las reformas fiscales para abordar las reformas sociales y reducir la desigualdad. No hay país en el mundo que haya logrado una senda de reducción de la desigualdad sin construir un sistema fiscal más justo. Simplemente, no es posible.
