Los retos de una nueva estrategia para solucionar el sinhogarismo

El pasado enero, el PSOE y Unidas Podemos firmaban un acuerdo de Gobierno que recogía la elaboración de una nueva estrategia para erradicar el sinhogarismo, que debería sustituir a la actual, que finaliza el próximo 31 diciembre. Es necesario reconocer que la estrategia en vigor ha supuesto un importante avance en la lucha por solucionar el sinhogarismo. También, que el agitado tiempo político que ha rodeado su ejecución, no ha sido el más propicio para su desarrollo. 

El Gobierno acaba de hacer pública la evaluación de la estrategia aún en vigor realizada por el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas. Si queremos hacer una estrategia mejor, debemos estar muy atentos a las conclusiones y aprendizajes que podemos extraer de este documento. En este artículo, me gustaría referirme especialmente a tres de estas conclusiones:

La primera es que la ausencia de información es un obstáculo enorme para diseñar correctamente las políticas públicas necesarias para solucionar el sinhogarismo. Lo decimos las organizaciones sociales, lo ha dicho la Comisión Europea y ahora lo confirma el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas al señalar que el diagnóstico y la definición del problema supusieron un déficit de la anterior estrategia debido “a la carencia de datos para dimensionar adecuadamente el problema y el debate existente sobre la conceptualización del sinhogarismo”.

La segunda conclusión es que la nueva estrategia requiere de mayor liderazgo y coordinación entre los actores competentes para desplegar las medidas, perseguir los objetivos y alcanzar los resultados. La coordinación entre los departamentos estatales de Servicios Sociales y Vivienda es fundamental para un buen diseño y ejecución de la futura estrategia. El sinhogarismo es un problema fundamentalmente de vivienda y, por tanto, su solución pasa por lograr el acceso a una, pero la atención al sinhogarismo y la garantía de los derechos de quienes hoy carecen de una vivienda requieren también la participación de los departamentos de Empleo, Sanidad, Justicia e Igualdad, por nombrar algunos.

No obstante, el liderazgo y la coordinación no se tienen que dar únicamente en el ámbito del Gobierno estatal, sino también con el resto de las administraciones, esto es, las comunidades autónomas y los ayuntamientos: el 70% de estos últimos, indica la evaluación, no han intervenido en el diseño y la implementación de la estrategia, porque no se les ha dado la oportunidad de participar, mientras que en relación con las comunidades autónomas, la percepción más extendida es que su colaboración está siendo escasa. La nueva estrategia deberá implicar a todas las administraciones públicas, sin olvidar a las organizaciones del tercer sector que somos quienes ofrecemos la mayor parte de las plazas de alojamiento y que la propia evaluación reconoce que debemos “tener un mayor peso no solo en el diseño sino también en la implementación y seguimiento de la estrategia”.

En ese sentido, podemos acudir al concepto de cogobernanza, utilizado por el propio Gobierno para referirse a un ejercicio difícil en un Estado tan complejo en el ámbito competencial como el nuestro. La cogobernanza debería fomentar un estilo de liderazgo y aportar una financiación estatal para acordar y alcanzar, junto con el resto de los actores, la solución de problemas que son del conjunto del país y del conjunto de estados de nuestro entorno. La cogobernanza debería aspirar, mediante el diálogo, a la coordinación y la conexión con la Unión Europea, a aumentar las capacidades de las administraciones competentes para desplegar las medidas, adecuar territorialmente las posibles diferencias y recabar los datos sobre los resultados y el impacto de estas. 

La tercera lección es que es necesario “definir el compromiso financiero de las administraciones involucradas para garantizar la implementación y obtención de resultados de la estrategia”. Cualquier política pública que no esté dotada presupuestariamente se convertirá en un catálogo de recomendaciones y buenos propósitos, que de cumplirse parcialmente no será fruto de una acción concertada de gobierno ni de un proceso de cogobernanza, sino de la simple casualidad. En estos momentos, el Gobierno se prepara para presentar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado y aunque no esté en marcha la nueva estrategia, contar con una partida específica destinada a su diseño y puesta en marcha en 2021 sería una señal inequívoca de que se ha atendido a las lecciones aprendidas con la evaluación.

Tenemos la oportunidad de hacerlo mejor, aprovechando el impulso de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la renegociación de los fondos y programas europeos y la posibilidad de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, para sentar las bases de un modelo de liderazgo que genere el consenso político y social suficiente y ponga en juego la financiación necesaria para que ninguna persona en se vea obligada a vivir en la calle.