¿De verdad somos solidarios?

Conservo en mi retina dos imágenes recientes. En la primera, una madre española sostiene a su hija y muestra agradecimiento. La pequeña se recupera tras una delicada operación en Estados Unidos que puede haber salvado su vida y que ha sido posible gracias a las aportaciones monetarias que generó la movilización de la sociedad. 

En la segunda, una anciana sale de la UCI de un hospital español tras varias semanas en las que su vida estuvo en serio peligro debido al coronavirus. Con los ojos vidriosos muestra su enorme agradecimiento al equipo médico que la cuidó con esmero.

Dos historias de éxito que muestran facetas solidarias de la sociedad española. Pero el modo de ejercer dicha solidaridad fue muy diferente en estos dos ejemplos. En el primero nos movilizamos puntualmente para ayudar a una familia. En el segundo el final feliz fue posible gracias a la utilización del dinero recaudado a través de los impuestos para financiar la asistencia hospitalaria.

A menudo oigo hablar elogiosamente sobre el carácter solidario de nuestra sociedad. Pero el elogio se apoya en ejemplos como el de esa ayuda puntual a la operación de una niña. Y, sin embargo, a diario hay que soportar demasiadas voces públicas que ponen en entredicho el valor solidario asociado al pago de impuestos. Y en el ámbito privado sigue siendo demasiado habitual oír voces que presumen de haber eludido el pago de impuestos, sin que nadie les recuerde que la anciana de nuestro ejemplo podría haber muerto por su comportamiento insolidario. 

Una sociedad que aspire a que sus miembros vivan con dignidad no puede apoyarse en la beneficencia. La solución está en construir un estado del bienestar capaz de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. Y para ello se necesita una recaudación suficiente de impuestos, a la que contribuyan todos los ciudadanos, cada uno en función de su capacidad económica. 

No seremos, pues, una verdadera sociedad solidaria hasta que no elevemos significativamente la conciencia fiscal de nuestros ciudadanos. Y para ello debe fortalecerse la educación sobre el valor social que implica el pago de impuestos y las ventajas de las que todos disfrutamos cuando cumplimos con nuestras obligaciones en este sentido. La reforma de la Ley de Educación nos proporciona una oportunidad para incrementar dicha conciencia, que debemos aprovechar: a partir de ahora la educación primaria y secundaria deberá incluir entre sus contenidos la enseñanza relativa al valor social de los impuestos y la justicia fiscal. 

En los próximos años, una buena parte de nuestro éxito como sociedad pasará por que todos aumentemos nuestra contribución al sostenimiento del estado del bienestar, al menos todos los que podamos, mediante el pago de impuestos. En el ámbito europeo, si queremos prolongar el éxito inicial de la construcción europea, será clave que la Unión Europea se dote de una política fiscal digna de tal nombre. Las actuaciones recientes en respuesta a la pandemia permiten un cierto optimismo, que ojalá actúe como impulso para construir esa verdadera pata fiscal. Desde un punto de vista macroeconómico, la convivencia entre política monetaria centralizada y políticas fiscales nacionales resulta muy inestable, y las reglas fiscales no han eliminado dicha inestabilidad. Hace falta mucha más decisión para frenar la competencia desleal, en el terreno fiscal, entre los países miembros. Y fomentar el carácter solidario de la Unión con el impulso a políticas redistributivas, como la creación de un seguro de desempleo común, que requieren de un presupuesto comunitario más potente. 

En el plano doméstico, España debe elevar significativamente su presión fiscal, esto es, elevar la recaudación tributaria, si queremos al menos mantener las prestaciones de nuestro estado de bienestar. Esto ya era muy claro antes de la pandemia, sobre todo por el impacto que tiene el progresivo envejecimiento en el sistema sanitario y en el de pensiones: Mantener iguales prestaciones exige elevar el gasto público. Pero los efectos de la pandemia hacen aún más evidente ese diagnóstico. Y si alguien albergaba dudas respecto del hecho de que invertir en educación y en investigación son los caminos prioritarios para que progrese nuestra economía, creo que lo que nos ha tocado vivir este último año les habrá hecho ver la luz. 

Necesitamos, pues, avanzar rápido en dos líneas distintas, pero convergentes, para afianzar el futuro. En primer lugar, acometer de una vez por todas una reforma fiscal integral.  Nuestro sistema tributario necesita una profunda revisión para aumentar su potencial recaudatorio y hacerlo más progresivo. Además de cambios sustanciales en algunos impuestos, abordar de manera mucho más decidida una política de reducción del fraude es primordial. ¿Para cuándo la reforma fiscal? El Gobierno anunció una comisión, que ni siquiera se ha formado aún… Ya ha habido muchos comités de expertos y lo que hace falta ahora es decisión política para convencer a la sociedad de la necesidad de estas reformas y tomar decisiones sin más dilación.

En segundo lugar, aumentar la conciencia fiscal de los ciudadanos (lo que a la larga sería la manera más eficaz de limitar definitivamente el fraude fiscal). Y, para ello, educar, educar y educar. La reforma de la Ley de Educación abre una ventana de oportunidad para enseñar a nuestros niños respecto a los verdaderos valores solidarios en los que debe apoyarse una sociedad, que no son los asociados a la beneficencia. Educar desde la infancia sobre el valor social asociado al hecho de pagar impuestos. Y también seguir educando a los adultos. La ejemplaridad es lo más importante a esos efectos. Perseguir con determinación la corrupción y el fraude fiscal, y vigilar el gasto público, asegurando su buen uso. La existencia de casos de fraude, corrupción o ineficacia no son elementos que justifiquen el incumplimiento de las obligaciones fiscales, solo proporcionan excusas al mal pagador.

Todavía es el momento de las ayudas para paliar las consecuencias económicas de la pandemia. Pero si queremos avanzar en estas dos direcciones hay que tomar decisiones ya, porque su efecto no es inmediato. El actual sistema tributario tiene muchos agujeros para que podamos considerarlo justo, por lo que urge que el Gobierno plantee su reforma integral. Y reforzar la conciencia fiscal requiere educar desde la escuela para que los niños conozcan el valor social de los impuestos. Nuestra sociedad será realmente solidaria cuando introduzcamos en el imaginario los valores de la justicia fiscal, sustituyendo a los actos de filantropía o caridad.