Vivienda digna, asequible y pública

Ha llegado la hora de la verdad. Por fin se ha desvelado el engaño. Es conocido el famoso proverbio oriental que dice: “Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo”. El derecho a la vivienda es la gran cuestión que la derecha y la extrema derecha, con sus poderosas terminales mediáticas, han querido eludir y evitar durante muchos años. Utilizaron políticamente, con bulos y mentiras, el fenómeno de la violencia en Euskadi; el procés en Cataluña o el fenómeno de la inmigración. Alimentando el miedo y los sentimientos más primarios. Enfrentando a territorios entre sí y a los penúltimos contra los últimos.

Y mientras tanto, ellos, los poderosos, bancos y fondos de inversión, haciendo el gran negocio y saqueando el país. Saben muy bien que en el Estado Español el dinero se mueve en el urbanismo más que en la bolsa. Los sucesivos gobiernos de González, Aznar, Zapatero y Rajoy se encargaron de ponerles la alfombra roja con un marco normativo favorable a la especulación. El derecho a la vivienda nunca estuvo entre sus prioridades.

PP y Vox enfilaban el fin de la legislatura frotándose las manos. Habían conseguido construir, con éxito, el relato que les interesaba. Estaban lanzados, con la complicidad de un sector muy influyente de la judicatura, en la operación de acoso y derribo al gobierno progresista.

Ha tenido que ser un desahucio de los más de 24.500 llevados a cabo en España en 2025 el detonante de un desencanto ciudadano, que exige soluciones efectivas a una emergencia habitacional que se agrava día a día. Un desahucio que ha sido la gota que ha colmado el vaso de la rabia, el sufrimiento y la indignación acumulados durante muchos años por tanta gente. La chispa que ha encendido la mecha de la movilización popular, sobre todo, de una juventud que ha dicho ¡basta ya! Que exige respuestas reales que garanticen el derecho a un lugar digno en el que vivir.

Y es que podremos prescindir de muchas cosas, menos de un trabajo decente y un techo en que poder desarrollar un proyecto personal y familiar. El derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución es algo más que un principio rector de la política económica de las diferentes instituciones del Estado. Es un derecho constitucional del mismo rango que el derecho a la sanidad, educación, pensiones o atención a la dependencia.

Conviene no perder de vista que en nuestro país tuvimos la oportunidad de hacer una intervención pública en materia de vivienda a gran escala aprovechando el desastre al que nos habían arrastrado las entidades financieras y el muy generoso dinero público que hubo que poner para rescatarlas: 60.000 millones de euros a fondo perdido más otros 15.000 en la sobrevaloración en la compra de los activos tóxicos de la banca. Sin embargo, desde el Gobierno de España se optó conscientemente por crear una entidad semipública —el banco malo, que se convirtió en la primera inmobiliaria del país— para vender grandes paquetes de activos inmobiliarios y a bajo coste a grandes fondos de inversión apuntalados con una política fiscal muy favorable. Eso explica también por qué estos mismos fondos buitre campan a sus anchas por nuestras grandes ciudades. Fueron los sucesivos gobiernos de PP-PSOE, los que les pusieron la carnaza. El Gobierno del Estado decidió vender el país a trozos a los fondos de inversión para poder reflotar a los bancos. Así le ha ido a Maricarmen y a tantas víctimas de la codicia sin límite de estas sociedades de inversión inmobiliaria sin corazón ni gota de humanidad.

Ahora se ha llegado tarde porque el mal ya está hecho. Y es que el Estado “solo” ha tardado casi 50 años en entender que la generación de un parque público de vivienda en alquiler es una infraestructura pública necesaria que no puede depender solo de las Comunidades Autónomas; porque algunas no pueden y otras, directamente, no quieren. La cuestión es que, si el Estado decide no intervenir, alguien aprovechará el vacío normativo para especular, como ya estamos viendo con los alquileres turísticos, de temporada y el alquiler de habitaciones. No perdamos de vista que todas las políticas públicas de vivienda que están dando buenos resultados. El modelo Viena es un buen ejemplo: parten de la base de que las Administraciones Públicas, en relación a las dinámicas del mercado de la vivienda, no solo tienen el deber de regularlas con leyes, sino que especialmente deben intervenir en dicho mercado como un agente más.

El reto que tenemos es colosal: poner en pie un sistema público de vivienda potente que conviva, y compita, con el mercado libre. Como sucede en educación y sanidad. Llevamos muchas décadas perdidas. Por eso, no es de extrañar que en España el parque público de vivienda, particularmente en alquiler asequible, es ridículo comparado con el resto de Europa. Hace falta mucha financiación pública y mucha determinación política para no sucumbir a la presión de los poderosos lobbis (banca, promotores, propietarios de suelo o fondos de inversión).

Es posible hacer otra política de vivienda. Esa es mi experiencia al frente del Departamento de Vivienda en Euskadi. En ocho años multiplicamos por dieciséis el parque público de vivienda en alquiler social y alquiler asequible. De 750 unidades a 12.000. Y con la medida de la calificación permanente de por vida actualmente hay 60.000 viviendas protegidas de precio asequible (el 6,5% del parque total) que están fuera del mercado libre, o sea, fuera de la especulación.

Desgraciadamente, he de constatar que, más allá de bonitas palabras, el acceso a una vivienda asequible ha sido la gran asignatura pendiente en los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez. No sirve la excusa de la deslealtad permanente de Junts. En la primera legislatura, no hubo un parque público potente de vivienda en alquiler social.

La izquierda a la izquierda del PSOE, también debe hacer una autocrítica seria por no haber sido capaz de imponer al Ejecutivo medidas eficaces y efectivas en este ámbito en las dos últimas legislaturas.

A los dos gobiernos progresistas les ha faltado valentía para afrontar el déficit estructural de vivienda en nuestro país. Para defender la vivienda como hogar y no como negocio de las élites con el que poder especular y enriquecerse.

Pero como dice el refrán nunca es tarde si la dicha es buena. Ha tenido que producirse el estallido social para que las fuerzas de izquierda se hayan “puesto las pilas”. Buena noticia. Esto no tiene marcha atrás. O derecho o negocio. Esto es lo que se dirimirá en las próximas elecciones. Antes de ir a las urnas el Consejo de Ministros debería volver a aprobar los decretos para proteger a los más vulnerables. Aunque, he de decir, que me ha resultado decepcionante el tratamiento dado a los fondos buitre. Se debería prohibir de forma mucho más taxativa su participación en el mercado inmobiliario.

Por experiencia sé que las medidas que no han tomado y ejecutado en ocho años no se pueden adaptar e implementar en quince días. Ahora es la calle la que empuja y marca el camino. La ciudadanía ya no quiere delegar más el derecho a disponer de un lugar en el que habitar sin arruinarse. Ahora le disputa el poder a la influencia en los representantes políticos de los lobbies del ladrillo, que no olvidemos han sido los que han conseguido que Junts diera marcha atrás en el último momento.

Aunque por primera vez estos fondos buitre empiezan a sentir el “aliento en la nuca” de la mayoría social. Se ha visto en el desenlace del desahucio de Maricarmen. Cada iniciativa recogida en los dos decretos ha sido fruto del levantamiento popular.

Ojalá el rechazo a los decretos en el Congreso sirva para redoblar la presión social en las calles en un contexto preelectoral y la vivienda sea, esta vez sí, el eje central sobre el que pivote la campaña electoral.

La defensa del derecho a la vivienda con propuestas concretas y valientes ha sido quien le ha dado la victoria a la izquierda de Die Linke en Berlín y la alcaldía a Zohran Mamdani. Deseo que el PSOE de Pedro Sánchez asuma e interiorice de forma sincera, más allá de discursos electorales, la defensa del quinto pilar del Estado del bienestar. Al igual que deseo que la izquierda alternativa esté a la altura y sea capaz de reilusionar a su base electoral con un programa y unas candidaturas de unidad por encima de egos, intereses partidistas y viejas rencillas.

Por eso, no podemos rendirnos ante la amenaza de un Gobierno PP-Vox sin dar la batalla. Las élites más privilegiadas, fondos de inversión y grandes tenedores, se frotan las manos pensando en un Ejecutivo Feijóo-Abascal. Pero mal que les pese, queda mucho partido por jugar si se recupera la confianza y la ilusión en la movilización por un mundo mejor.

La inminente huelga general, la acampada de la Puerta de Sol y en tantas ciudades ha marcado un camino y ha invertido el estado de ánimo de la izquierda. No perdamos ahora este rumbo.