El Algarrobico sigue insultándonos a todos
Es un día azul de primavera en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, uno de los espacios naturales más bellos de la península. Tras recorrer sus principales enclaves, a cual más asombroso, tomo la carretera que sube desde Carboneras hacia Mojácar, en la provincia de Almería, para dirigirme al enclave de El Algarrobico: uno de los últimos tramos de playa virgen del Mediterráneo.
Pero al tomar la última curva e iniciar el descenso de los acantilados, cuando las vistas se abren al mar y esperas que aparezca un paisaje paradisíaco, lo que te recibe es una de las mayores aberraciones urbanísticas perpetradas en nuestro litoral: el famoso hotel ilegal de El Algarrobico, la mayor reliquia de los años del pelotazo.
Resulta increíble que esa gigantesca mole de cemento a medio construir, ese leviatán de hormigón rodeado de zanjas y coronado de grúas oxidadas, siga alzado sobre la arena a escasos metros del agua: como un buque fantasma que se hubiera empotrado contra el acantilado.
Es inexplicable que ese cascajo urbanístico deshonre desde hace quince años una de las playas más bellas del Mediterráneo, sobre todo si tenemos en cuenta que hasta el Tribunal Supremo ha sentenciado que su construcción fue doblemente ilegal: por alzarse sobre terreno no urbanizable y por estar dentro de un espacio protegido.
El último obstáculo para acabar con la pesadilla del hotel de El Algarrobico era la necesaria recalificación de los terrenos como no urbanizables por parte del Ayuntamiento de Carboneras. Y por fin se ha salvado. Leo en una publicación local que el consistorio ha aceptado por fin modificar el plan general para acatar la sentencia del alto tribunal. La historia se acabó. No hay nada más que añadir.
La crónica de esta majadería urbanística está llena de despropósitos y mangoneos y resume los años del pelotazo: cuando los planos se dibujaban en la servilleta de una marisquería y las licencias de obras se firmaban en la barra de un puticlub.
Nunca sabremos como lograron convencer a tantos para que mirasen a otro lado mientras ellos bajaban la maquinaria a la playa y empezaban a reventar el acantilado. Nunca sabremos cómo lograron construir durante tres años a plena luz del día y a la vista de todos: desde 2003, cuando consiguieron el permiso de obras, hasta 2006 cuando se las pararon. Pero ya está.
La prioridad ahora debe ser recuperar cuanto antes la titularidad pública de los terrenos y proceder de manera inmediata a la demolición de la obra y la restauración ambiental del entorno. Al parecer hay acuerdo institucional para ello: el gobierno central se hará cargo de derribar el edificio (con más de veinte plantas y 400 habitaciones e incrustado en el acantilado), mientras que la Junta de Andalucía procederá a la retirada y el reciclado de los escombros y la recuperación del entorno natural. Estamos hablando de unos siete millones de euros entre una cosa y otra. La inacción y la falta de coordinación frente a los infractores, que todavía tienen el morro de pedirnos una indemnización, nos va a salir carísima.
Hemos tardado 15 años en conseguir todos los auxilios legales y administrativos necesarios y en sumar todas las voluntades. Acabemos con el insulto: ¡retiremos eso de ahí de una maldita vez!
