Ayuso y la diligencia debida

Hace tiempo que Isabel Díaz Ayuso va sin frenos en aquellos asuntos que le exigen integridad y ejemplaridad institucional. La presidenta de la Comunidad de Madrid, y lideresa del PP, confunde naturalidad con demagogia y mala educación, quizá porque en esa forma de mostrarse reside el éxito de su popularidad. Su marca personal no es la buena gestión del bien común, ni siquiera disimular esa gestión como han hecho algunos de sus antecesores. Su seña de identidad es la de defender los privilegios de quienes se ven amenazados por la protección y reconocimiento de los derechos humanos como, por ejemplo, proponer el 8M que haya un Día del Hombre. 

Díaz Ayuso podría escribir un manual de liderazgo populista. Un liderazgo que necesita de una personalidad oscura como la suya en la que unas veces su indiferencia, otras su desprecio y, casi siempre, una mofa y una actitud desafiante le sirven de pantalla y mecanismo de distracción para no asumir su responsabilidad como gobernante y deslegitimar las opiniones contrarias a la suya. 

De su indiferencia y su desprecio saben mucho los familiares de 7.291 ancianas y ancianos que murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia por los denominados “protocolos de la vergüenza”. Más de 1.450 días después (tal y como recuerda Manuel Rico cada día), todos ellos siguen reclamando en las calles, en los tribunales, en el Parlamento europeo y hasta en el Tribunal Constitucional una explicación a la máxima responsable política en aquel momento, Isabel Díaz Ayuso. El informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad calcula que más de 4.000 de aquellas personas mayores que murieron en 2020 en las residencias de Madrid se podrían haber salvado. Pero a Ayuso este tema no le interesa, no quiere saber cómo ni por qué en las residencias de Madrid tuvieron una mortalidad de un 129% más de lo esperado. 

A Ayuso este tema le resbala porque, al fin y al cabo, tal y como ella afirmó en la Asamblea de Madrid, esas personas se iban a morir igual; se les llevara o no a los hospitales se iban a morir. Quizá es momento de empezar a hablar de de los “protocolos de la sin-vergüenza” con que los dejaron morir. Si bien quienes creemos en la Justicia, la Verdad y la Reparación sabemos que, tarde o temprano, las familias lograrán su objetivo, y las decisiones y actuaciones que negaron el traslado de mujeres y hombres ancianos a los hospitales, dejándolos agonizar en las residencias, no quedarán impunes. Mientras, su pareja hacía el negocio de la pandemia, ser comisionista e intermediario de mascarillas por un módico porcentaje del 4,5% de todas las ventas que gestionase. Ganancias que admite que no declaró.

Las provocaciones que suelen suponer las declaraciones de Ayuso son de sobra conocidas, especialmente cuando trata de zafarse de las críticas a la debida diligencia que se debe exigir a un Gobierno y a su presidenta en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción. ¿Qué significa actuar con debida diligencia? Que las administraciones públicas con responsabilidad ejecutiva tomen las medidas adecuadas para prevenir los abusos, investigarlos cuando ocurran y juzgar a las o los presuntos autores con las garantías legales oportunas. Algo que a Isabel Díaz Ayuso no le interesa. Ni que se investigue si su Gobierno actuó con la debida diligencia durante lo peor de la pandemia para establecer si hubo una violación masiva del derecho a una muerte digna en las residencias. Ni que se hable de las prácticas clientelares que la salpican porque afectan a su entorno personal.

Lo que está en juego en este momento es la idea de buena administración como derecho que tenemos las y los ciudadanos y que debería guiar cualquier actuación pública como concreción del estándar de diligencia debida. Sin embargo, en el caso de Isabel Díaz Ayuso, el único estándar que tenemos garantizado es el del buen espectáculo. Nada explica la presidenta, ni nadie en su nombre, de cómo combatió su Gobierno, durante los peores días de la pandemia, la mala administración y gestión de las residencias ni la corrupción y las redes clientelares que se tejieron. Nada dice a este respecto, ni nada tiene que decir. Este no es el buen gobierno que nos merecemos en Madrid. Esta no es la ética política que se merecen miles de familias que perdieron a sus padres, madres y abuelos. El daño moral ya está hecho; el daño a la democracia está haciéndose.