Un caso de corrupción llamado PP
Si colocáramos en el suelo, uno detrás de otro, los folios de todos los sumarios judiciales por corrupción que afectan al Partido Popular, Pablo Casado podría cruzarse España, de punta a punta, sin mancharse los zapatos. El líder de la oposición no es responsable de los chanchullos que se hicieron cuando daba sus primeros pasos en Nuevas Generaciones pero la herencia que ha recibido es la de un partido que se desangra en los tribunales como resultado de varias causas penales, cada vez más conectadas entre sí, que ponen de relieve que su financiación irregular con dinero negro se prolongó durante más de veinte años.
En la recta final de la campaña de las andaluzas, al candidato del PP a presidir la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, le ha estallado en las manos una más de las bombas que esconde el caso de los papeles de Bárcenas. El exalcalde de Boadilla Arturo González Panero rescató del recuerdo su nombre al señalarle como uno de los dos dirigentes a los que trasladó, a finales de 2005, que Bárcenas le obligaba a adjudicar obras a los constructores que después nutrían con generosas donaciones la caja B de Génova.
A medida que avanzan las investigaciones se pone de manifiesto que la mayoría de los casos de corrupción que afectan al PP no sólo no son aislados, sino que están cada vez más conectados y que, de hecho, acaban desembocando al unísono en uno mayor que les da sentido: el de la financiación ilegal de la formación que manejaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
Las pruebas de esas conexiones entre los presuntos corruptores y la organización corrompida se multiplican. Todos los sumarios conducen a Génova. David Marjaliza, el empresario más beneficiado por la red Púnica, que se forjó en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, ha declarado este viernes que, además de las aportaciones que hacía a la organización regional, desde la que Esperanza Aguirre conspiraba contra Mariano Rajoy, se pasó al menos en una ocasión por el despacho de Lapuerta y Bárcenas para entregarles 60.000 euros en metálico. “Fue un gesto que me pidió Paco”, explicó. Lo mismo que hacía Alfonso García Pozuelo, el dueño de una de las principales empresas de la trama Gürtel, Constructora Hispánica, que en su jerga reconoció durante el juicio que le entregó “cosas” a Francisco Correa para que las hiciera llegar a “organismos centrales”.
Por el pago de supuestas mordidas para adjudicarse contratos públicos también está imputado en los casos Púnica y Lezo el expresidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir, que casualmente también figura entre los donantes de la caja B del PP que anotaba Bárcenas con su angulosa caligrafía. Su yerno, Javier López Madrid, fue consejero de Caja Madrid y Bankia y, tras haber sido condenado por gastarse 34.800 euros con su tarjeta black, se enfrenta en estos días al juicio por la fusión y salida a Bolsa de la entidad.
Se ve que todos los caminos acababan en la puerta de Lapuerta, como reconoció también el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que en julio pasado aseguró que Bárcenas conocía los métodos de financiación irregular en la Comunitat, que consistían, entre otras cosas, en aceptar 150.000 euros de José Mayor Oreja, directivo de la constructora FCC y hermano del exministro del Interior, para financiar la campaña de las generales de 2008. Otro empresario que, también casualmente, está imputado en la causa de la caja B del PP por aparecer en los manuscritos de Bárcenas.
Adquiere veracidad, de esta forma, la declaración que Luis Bárcenas realizó ante el juez Pablo Ruz el pasado 10 de abril de 2014, cuando dijo que el PP tenía una caja B “en todas las provincias y regiones” y que esos fondos no declarados a Hacienda, que servían para financiar las campañas electorales, eran revisados por los distintos secretarios generales del PP y conocidos por los presidentes. Bárcenas, en vilo ahora por el recurso ante el Supremo que decidirá si su mujer, Rosalía Iglesias, ingresa en prisión, estaba entonces en situación de rebeldía ante su antigua formación mientras amenazaba con la documentación que, según hemos sabido ahora, el comisario Villarejo presuntamente intentaba sustraerle al margen de cualquier control judicial.
La madeja, también con la ayuda del policía y sus grabaciones multidireccionales, se va deshaciendo y el caso de la caja B es instruido por un juez que está determinado a rematar las pesquisas. Este miércoles, tras la declaración de González Panero, uno de los abogados de la causa le comentó a José de la Mata que esta instrucción no se acababa nunca. La respuesta del magistrado le despejó cualquier duda. “Llegaremos hasta el final”, le prometió.
