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Una decisión judicial que causa estupor

El exjuez Salvador Alba, en una imagen de archivo.

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¿Cuáles son los límites del periodismo? ¿Cuándo se puede decir que vulnera el derecho a la intimidad o a la reputación de terceros? En caso de choque entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, ¿cuál debe prevalecer? Estas preguntas son el plato de cada día en el periodismo, sobre todo el que intenta ir más allá de las noticias de trámite y es, por tanto, más propenso a ser objeto de querellas por parte de quienes se sienten perjudicados por la información o de quienes buscan descaradamente intimidar al medio que la publica. Cada pronunciamiento de los tribunales constituye una nueva prueba de fuego para calibrar la actitud del Estado frente a la libertad de información.

En auto dictado el lunes 5 de febrero, una jueza de Madrid ha decidido enviar al banquillo a Carlos Sosa, director del diario canariasahora.es, medio asociado a elDiario.es, por una serie de noticias que difundió sobre las andanzas del juez corrupto Salvador Alba, condenado a seis años y medio de prisión por prevaricación, cohecho y falsedad en documento público. La jueza, María Ángeles Velázquez, ha asumido buena parte del argumento de la querella del hoy exjuez, que reclama para el periodista la friolera de 23 años de cárcel y una fianza de nada menos que 422.500 euros por tres delitos de descubrimiento y revelación de secretos, uno de odio y dos de acoso. La togada ha desoído la opinión de la fiscalía, que consideró inexistentes tales delitos, defendió con rotundidad la labor del periódico y pidió archivar la causa. La querella también pedía enjuiciar al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, a dos redactores de canariasahora.es y a Victoria Rosell, pareja de Sosa.

Todo este caso tiene en su origen un trasfondo político, ya que surgió dentro de una confabulación para destruir la incipiente carrera política de Rosell en Podemos. Antes de saltar a la política en 2016 –fue elegida diputada; posteriormente sería delegada del Gobierno contra la Violencia de Género–, Rosell encabezaba el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas y, entre los casos que investigaba, estaba el del empresario Miguel Ángel Ramírez por un fraude de 20 millones de euros contra la Seguridad Social. El entonces juez Alba se ofreció célere para llenar la vacante y, nada más llegar, propició un encuentro secreto con Ramírez en el que le propuso anularle la causa a cambio de que enlodara a Rosell revelando algún contacto comercial que el empresario hubiera mantenido con Sosa. Lo único que apareció fue un acuerdo institucional que una emisora de la empresa de comunicación de Sosa había hecho con el equipo UD Canarias, que presidía Ramírez. La maniobra sirvió de cobertura al exvicepresidente canario y exministro del PP José Manuel Soria para presentar una querella por prevaricación contra Rosell por supuesto interés personal en dilatar la investigación contra el empresario, y la jueza tuvo que renunciar a su escaño en el Congreso y a presentarse a las siguientes elecciones con el fin de defenderse. Con lo que no contaba el juez Alba es que el empresario grabó subrepticiamente la conversación, y ese testimonio se convirtió en pieza clave del proceso, que terminó con una dura reprimenda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que calificó el encuentro de “intolerable”. El juez corrupto acabó en prisión –ingresó en octubre de 2022 tras varias maniobras dilatorias– y expulsado de la carrera judicial. La participación del exministro Soria en la conspiración quedó sin investigar.

La venganza del exjuez ha sido la querella que llevará a Sosa al banquillo por haber dado cuenta minuciosa de todas las trapisondas del venal togado. Por ejemplo, cómo, estando de baja médica para eludir su suspensión como juez tras ser imputado, intervino en la sentencia del caso Faycán –un escándalo de corrupción en Canarias en el que el PP fue condenado como responsable civil subsidiario–, emitiendo un voto particular favorable a la anulación de la causa. O cómo la baja médica no le impidió disfrutar de unas vacaciones con su familia en Maldivas, lo que le valió un duro reproche del Poder Judicial, que le afeó que tratara de evitar su suspensión cautelar “alegando una baja que lo incapacitaba para el trabajo, pero no para acometer un viaje transoceánico”. O cómo alegaba enfermedades y otras justificaciones inverosímiles para esquivar su ingreso en prisión. La querella sostiene que esas y otras noticias se basaron en la revelación indebida de secretos sumariales. O que vulneraron la intimidad del exjuez y su familia. O que testimonios como la publicación de una foto de él y su hermano en un espacio público, en momentos en que supuestamente estaba de baja, constituyen un caso de acoso. La Fiscalía sostuvo en su escrito que la información publicada por Sosa se consiguió de manera lícita, era veraz y tenía interés público, entre otras cosas porque el personaje sobre el que se informaba era un servidor público, pero su opinión fue desatendida por la jueza.

Será por supuesto la justicia la que tenga la última palabra. Es lo que suele decirse en estos casos, y cumplo con el ritual. Pero no puedo evitar un sentimiento de estupor al ver que un exjuez corrupto hasta la médula, que intentó aprovechar su poder para destruir a una excolega que incursionaba en la política, ha logrado sentar en el banquillo a quien informó sobre él. Y peor aun, pidiendo que se le castigue con una pena de prisión que casi cuadruplica la suya y una fianza que multiplica por 35 la multa que se le impuso a él en la condena. Lo que está en juego no es solo la suerte personal de Sosa –lo cual sería suficiente para que nos preocupase el veredicto del tribunal– sino los límites del periodismo para cumplir su mision de informar. En estos tiempos de expansión de discursos restrictivos de libertades y derechos, y con un poder judicial en un momento de inquietante desprestigio, el caso del director de canariasahora.com nos dará una medida de lo que la justicia entiende por el ejercicio de un oficio que siempre ha sido vital –y hoy lo es más que nunca– para el funcionamiemto del sistema democrático. Confío en que el buen trabajo de Sosa y nuestros compañeros de canariasahora.es superará este desafío. Y, por nuestra parte, solo cabe reafirmarnos en nuestro lema: 'Periodismo a pesar de todo'.

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