Desenmascarados

Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

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Hace años, un presidente colombiano de infausto recuerdo se comprometió solemnemente a reducir la corrupción “a sus justas proporciones”, convencido de que su eliminación completa era imposible. Nunca cuantificó esas proporciones, pero en sus cuatro años de venal mandato dejó patente que eran lo suficientemente generosas para permitir que las maquinarias políticas amigas se lucraran a sus anchas de las arcas públicas. Emulando el cinismo de aquel mandatario, cabría aconsejar al PP que, si tan difícil le resulta erradicar la corrupción, intente al menos, por decoro, ponerle límites.

Lo sucedido en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid con los contratos de mascarillas contra el coronavirus –ambos casos adelantados en exclusiva por este diario– es la guinda de una ristra de corruptelas que no ha parado de poner al principal partido de la oposición en el foco de la justicia. Este mismo viernes, la Audiencia Nacional dictaba su tercera condena por el culebrón Gürtel, afirmando que se utilizó dinero de 'mordidas' para pagar eventos del PP y que cargos del partido montaron una “dinámica de beneficio mutuo” para “protegerse en sus puestos”. Sin embargo, los casos de las mascarillas tienen la ignominia añadida de que permitieron a algunos vivos, con la presunta connivencia de funcionarios de la administración, forrarse en lo peor de la pandemia, mientras cientos de españoles morían a diario en la soledad de sus casas o de los hospitales por una peste aún desconocida. 

Hasta el cierre de esta columna, el flamante presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se había pronunciado sobre el tema, ni siquiera para pedir a sus huestes que reduzcan la corrupción a sus justas proporciones. Un silencio clamoroso, sobre todo si se considera que el congreso extraordinario que lo consagró como líder del partido fue precipitado precisamente por un enfrentamiento en torno a uno de esos escándalos de corrupción, al denunciar su antecesor, Pablo Casado, que el hermano de Isabel Díaz Ayuso había obtenido un jugoso beneficio con un contrato para el suministro de mascarillas adjudicado a dedo por la Comunidad de Madrid.

Según Casado, Tomás Díaz Ayuso recibió 283.000 euros por tres contratos que obtuvo Priviet Sportive SL, empresa del sector textil sin ninguna experiencia en la comercialización de material sanitario. La presidenta madrileña ha alegado, como si ello zanjase el asunto, que solo uno de esos contratos fue con su gobierno y que su hermano recibió por él 55.850 euros, no en calidad de comisión, sino como contraprestación por su trabajo en la empresa adjudicataria. Las mascarillas que importó Priviet Sportive de China eran de una marca distinta y con un control de calidad inferior a lo que se especificaba en el contrato, lo que seguramente amplió el margen de beneficio al adjudicatario, y pese a todo fueron recibidas sin objeción por la administración. La Fiscalía Anticorrupción está indagando, entre otras cosas, qué papel jugó en el caso el jefe de contratos de material sanitario en la Comunidad, cuyo brazo derecho, curiosamente, había sido comercial en la empresa de la familia Díaz Ayuso.

El caso del Ayuntamiento de Madrid es más descarado si cabe. Dos pícaros –Luis Medina, hermano del Duque de Feria, y su socio Alberto Luceño– mediaron ante el Gobierno de Martínez-Almeida en la adjudicación de un contrato a dedo por 15,8 millones de euros a una empresa malasia, Leno, para el suministro de mascarillas y test de anticuerpos, que en el mercado se vendían a precios mucho menores. Por esa gestión recibieron de Leno una comisión desorbitada de seis millones, que ni cortos ni perezosos invirtieron en coches de lujo, yates y pisos, lo que revela los fabulosos márgenes de beneficio que dejó el negociete. Según la Fiscalía, los dos intermediarios se pusieron en contacto con un primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, que les suministró el nombre del contacto del Ayuntamiento para presentar la propuesta. Medina, un habitual de las revistas del corazón, dijo estar “súper tranquilo”, porque no hay “nada ilegal” en lo que hizo.

Más allá de lo que digan los tribunales, los escándalos evidencian, parafraseando al Marcelo de Shakespeare, que algo está podrido en la Comunidad y el Ayuntamiento madrileños. Estamos hablando de una rapiña vergonzante con los bienes públicos en un momento dramático para el país, en que se amontonaban sin cesar los muertos por la pandemia. No hay que ser un lince para saber que estos turbios negocios solo pudieron ser posibles con la complicidad, o al menos con la falta de vigilancia, de la Administración. Pero la reacción de Ayuso y Almeida tras el estallido de los escándalos se ha centrado en intentar desembarazarse de cualquier responsabilidad, sin que parezca preocuparles un pimiento, ni a ellos ni a sus leales fans, la gravedad de lo ocurrido. Núñez Feijóo, por su parte, se mantiene en marmóreo silencio, como si nada de esto le incumbiera. El presidente del PP parece empeñado en mantener la doctrina que ha aplicado sobre su pasada relación con el narcotraficante Marcial Dorado: que nada es política o éticamente censurable mientras no se tenga constancia de algún pronunciamiento de los tribunales. En un arrebato de despecho contra su ultrarrival de la Puerta del Sol, Casado quebrantó esa regla de oro al denunciar públicamente las andanzas de Tomás Díaz Ayuso. Y así le fue.

A falta de algún acto de firmeza del 'nuevo' PP contra la corrupción, solo queda, pues, esperar el resultado de las investigaciones de la Fiscalía.

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