Dinamitando la democracia

Cuando conoces el sistema es fácil distinguir cada punto del proyecto de LOPJ que ha sido diseñado para disciplinar y sojuzgar la independencia del Poder Judicial y, por ende, asegurar una mayor impunidad para aquellos a los que el poder político determine. Un misil al centro mismo de la democracia. Ayer me decía un juez: “ese proyecto no pasará”. Pero entendí que era más una incredulidad frente a la magnitud del ataque y la gravedad de las consecuencias que una creencia basada en datos. Cuenta además el Gobierno de Rajoy -me resisto incluso a servir de propagandista del malvado Gallardón- con que, tras unos días de marejadilla en los medios, un encogimiento de hombros general les permita perpetrar semejante desatino democrático. Saben que los que claman por la “democracia real” no se van a ensañar a falta de comprensión técnica de cómo funcionan los mecanismos instalados como bombas de relojería a lo largo de la Ley.

Pero basta conocer el funcionamiento del sistema, saber cuáles son sus puntos de resistencia, aquellos que los políticos han intentado roer cada vez que un caso se les atravesaba en la mandíbula, para detectar la forma en los que los dinamitan. Nos han dado el caramelo del aforamiento de las consortes -que no tienen ninguna función atribuida pero a las que damos la protección- para que nos desgañitemos y así, mientras, cometer el verdadero crimen.

Voy a intentar resumir aunque esto da para mucho análisis. En primer lugar se desmonta de forma total la carrera judicial. El término “carrera” aplicado a lo militar, a lo diplomático o a lo judicial no es gratuito. Refleja un diseño determinado por el que el individuo iba ascendiendo en determinadas categorías, por antigüedad básicamente, de forma que estos funcionarios determinados no pudieran ver su progresión profesional mediatizada por intereses políticos espurios. Ya no quedaban en la judicial más que tres de esas categorias, que fueron muchas más, pero con la nueva LOPJ no quedará ninguna. Todos jueces. ¿Qué significa esto? Que la progresión profesional se produce al ser elegido para determinadas plazas TODAS ya en manos de la elección del CGPJ y, por tanto, como todos sabemos, mediatizadas políticamente. Esto incluye la desaparición de los decanos, los únicos cargos elegidos democráticamente por los propios jueces y, por tanto, los únicos que eran capaces de ser incómodos y denunciar las cosas incluso frente al CGPJ. Fuera pues.

También molestan los jueces instruyendo de manera independiente sobre todo en los casos que afectan al poder. Fuera también. Obviando lo que proponen ellos mismos en la reforma procesal que está en marcha, es decir, la futura instrucción del fiscal, se sacan ahora de la manga la instrucción colegiada. Por un lado para dinamitar también el control de la Audiencia Nacional, que quieren destruir tras no haber logrado dominar, pero también para los procedimientos de otras instancias que les afecten. La posibilidad de decidir en qué casos y qué jueces serán nombrados para formar la terna afecta también al principio del juez predeterminado por la ley.

Podría suceder que los desmanes que se derivaran de lo anterior fueran a ser denunciados desde dentro del sistema. Imposible puesto que los jueces y sus asociaciones son amordazados. Podría ser que la prensa quisiera denunciar la existencia de jueces obedientes o tribunales ad hoc. Pues tampoco puesto que el CGPJ, sin decisión judicial por medio, podría censurarles y obligarles a callar. Eso sí, los políticos y cargos públicos podrán emprenderla contra un juez en el ejercicio de su función siempre que les venga bien a sus intereses. Faltaría más.

¿Me siguen o el horror les ha paralizado ya? Podrían quedar jueces capaces de intentar luchar contra el sistema. Quedarán seguro. Ojo porque además de prohibirles, la inaplicación de normas con rango de ley “so pretexto de que son inconstitucionales”, contraviniendo la jurisprudencia del TJUE que permite hacerlo cuando la norma sea contraria a reglamentos y normas europeas obligatorias, permite que los procedimientos penales contra jueces puedan ser abiertos de oficio por el tribunal competente, o sea, sin que medie querella del fiscal o de particulares, sólo si sus superiores lo deciden.

“¿Por qué no controlas a esos jueces? ¿quién controla a esos jueces?”. Esa frase se la oí decir con mis orejitas a un cargo político e iba dirigida al presidente de un tribunal. Como quiera que la respuesta no ha gustado en la mayor parte de los casos al poder político, Rajoy y Gallardón han decidido ahora darla ellos.

Es sólo una aproximación. Si los lectores y eldiario.es tienen paciencia volvemos sobre ello, porque hay para no parar y porque nos afecta en el núcleo mismo de nuestra ciudadanía democrática.