A Alberto Núñez Feijóo no le faltan ganas para tumbar al presidente Sánchez. Lo que le faltan son los votos necesarios para quitárselo de encima cuanto antes con una moción de censura. El líder del PP, que dos años atrás exigía ser presidente del Gobierno porque su partido había sido el más votado en las elecciones, parece haber aprendido por fin que en una democracia parlamentaria lo que cuentan son las mayorías que se negocian en el Congreso. El PP tiene 137 escaños. Asumiendo que Vox apoyaría la moción, habría ya 170 votos. Más uno del diputado de UPN, van 171. Faltarían cinco para la mayoría absoluta. Justo los que tiene el partido conservador vasco PNV, pero este ya lo ha mandado a freír espárragos. Queda Junts. Con que le prestara los votos de cinco de sus siete diputados, por el amor de Dios. Incluso, ¿por qué no?, se podría tentar a ERC, que cuenta también con siete diputados.
Feijóo sabe muy bien que no es fácil negociar con los de Puigdemont. Mucho menos con los de Junqueras. Por eso ha apelado directamente a los que, a su juicio, son capaces de meter en cintura a ambos: la poderosa patronal catalana Foment del Treball. En un encuentro con los dirigentes empresariales catalanes este jueves en Barcelona, el líder popular no se anduvo con rodeos: “Me faltan los votos de los suyos, entre comillas, porque no los tengo”. No sé cómo les habrán sentado estas palabras a los líderes de Junts y ERC. Una cosa es que existan relaciones, a menudo inconfesables, entre el poder económico y la clase política; otra, que se diga de manera tan descarnada.
La patronal catalana, como toda patronal que se respete, tiene su corazoncito a la derecha, aunque la derecha española y la catalana no siempre coinciden en sus intereses. La pregunta es si Foment del Treball tiene motivos económicos objetivos para colaborar con la operación derribo contra Sánchez. Las empresas cotizadas catalanas dispararon sus beneficios en un 26% en el primer semestre de este año con respecto al mismo periodo del año anterior. Las pymes ganaron un 16% más. Catalunya encabeza la lista de España en crecimiento del PIB, y los datos de empleo y consumo son más que positivos. Pero hay algo más: en el barómetro de noviembre del CIS, los votantes de Junts son, entre todos los partidos de España, los que mejor valoran su situación económica personal (el 81,5% dice que es buena o muy buena) y la mayoría de encuestados que votan a ese partido y de ERC sostienen que la situación económica de España es buena o muy buena, frente al 14,4% de los votantes del partido que los quiere arrastrar a la moción de censura.
Por supuesto que los empresarios catalanes pueden pensar que el cuadro económico podría mejorar aún más si en el Estado gobierna un partido de derechas comprometido con la liberalización económica y que ha demostrado cada vez que llega al poder una simpatía mayor con los empresarios que con los trabajadores. Pero la práctica política demuestra que los intereses de la derecha españolista no confluyen necesariamente con los de la catalana. En ocasiones incluso pueden chocar. Sería interesante, por ejemplo, saber en qué medida las políticas ultraliberales y el dumping fiscal que practica la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impactan en la comunidad que hoy preside el socialista Salvador Illa.
Habrá que ver si la patronal catalana atenderá la petición de Feijóo. Si yo fuera Josep Sánchez i Llibre, president de Foment del Treball, le transmitiría a mi equipo que dejen las cosas tranquilas, que no se metan en los berenjenales de Madrid, que, parafraseando a san Ignacio de Loyola, en tiempos de agitación en la capital del Estado no conviene hacer mudanza, más aun si las cosas van relativamente bien en Catalunya.
Feijóo es consciente de que no le resultará fácil conseguir los cinco voticos que le faltan para echar al “presidente ilegítimo”. Por ello no descuida la otra vía para conseguirlo: la calle. En una democracia madura, lo normal es que las manifestaciones callejeras se reserven a los grupos de ciudadanos que no tienen a su disposición otros cauces para exponer sus reivindicaciones y sus quejas. Los partidos tienen a su disposición el Parlamento, un foro envidiable por la atención mediática que atrae, para exponer sus posiciones y plantear los debates que consideren oportunos. Más aun si hablamos de partidos con vocación de gobierno. Pero el PP, desde la era Rajoy, comenzó a tomarle el gusto al asfalto, con el resultado de que Feijóo lleva ya siete manifestaciones contra Sánchez.
Ahora ha convocado la octava, este domingo, en Madrid. El lema de la anterior fue ‘¿Mafia o democracia?’; el de esta será ‘Efectivamente, ¿mafia o democracia?’. El objetivo es seguir machacando con el mensaje de que este Gobierno es equiparable a la organización criminal italiana, así haya que recurrir al espantoso adverbio “efectivamente”. Presumo que si Sánchez no se rinde, el lema de la novena convocatoria será algo así como ‘Perdonen la insistencia, ¿mafia o democracia?’. El partido que antaño calificó a Zapatero de “candidato pancarta” porque apoyó la protesta contra la guerra ilegal de Irak ha terminado convertido en un activo organizador de manifestaciones. Es lo que se pasa cuando sobran las ganas, pero faltan los votos.