Ébola: manipulaciones, intereses y negligencia
“Cuando las personas no aprenden las herramientas de juicio
y se limitan a seguir sus esperanzas,
las semillas de la manipulación política se siembran“
Stephen Jay Gould
Desde mi punto de vista como ciudadano y como médico que trabaja en la sanidad pública, con alguna experiencia en ayuda humanitaria, no deja de crecer la indignación, una más de tantas, junto a la de muchos compañeros con vivencias similares, por la forma en que los gobiernos central y autonómicos manejan los servicios públicos y gestionan asuntos como la reciente decisión de evacuar a dos religiosos españoles de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) de Liberia a causa de la epidemia de ébola.
A estas alturas, tras las idas y venidas de declaraciones, contradicciones, ocultaciones y distorsiones, y aunque la información accesible sea limitada, podemos elaborar un esquema de la situación con los datos disponibles hasta la fecha, salvo nuevas distorsiones, contradicciones o sorpresas que pudieran surgir, tal y como nos tiene acostumbrados los Ejecutivos central y de la Comunidad de Madrid.
1. El 7 de agosto el Gobierno ejecutó el traslado a España en un Airbus medicalizado procedente de Liberia, de los religiosos Miguel Pajares, enfermo de ébola, y Juliana Bohi, que a pesar de no estar infectada, fue evacuada al tener nacionalidad española.
En el momento de la evacuación el hospital estaba cerrado y se encontraban en él, aislados y sin poder abandonar el centro, otros tres religiosos (dos de ellos infectados por ébola) que no fueron evacuados al no tener pasaporte español.
El 24 de abril de 2012 entró en vigor la Ley 16/2012, por la que se retiraba la tarjeta sanitaria a los sin papeles y la ministra de Sanidad, Ana Mato, declaraba: “Simplemente se quedan sin la tarjeta sanitaria que les corresponde a los españoles. [con la reforma] Se garantiza la universalidad de la sanidad para todos los españoles y se pone coto a los abusos y al turismo sanitario”. En resumen, sanidad española sólo para los españoles…. pero dentro del rango de la citada Ley.
En ese caso, ¿qué pasaría si el supuesto evacuado, altamente dedicado (o no) a labores de ayuda humanitaria, no está al tanto de sus obligaciones con la Seguridad Social (la OHSJD no ha precisado si el interesado estaba asegurado o no), se trata técnicamente de un parado de larga duración o es un compatriota que lleva más de tres años fuera del territorio español?: se encuentra fuera del rango de la norma.
En caso contrario, ¿se ha decidido la evacuación basándose en una nueva universalidad de la asistencia sanitaria para todos los españoles? Entonces, es de suponer que el Gobierno debe evacuar a cualquier enfermo español en el extranjero que lo solicite.
2. El 3 de agosto se inicia una campaña en las redes (change.org) para “repatriar desde Liberia a trabajadores sanitarios que han tenido contacto con casos de ébola y que están aislados”. El 6 de agosto el número de firmas superaba las 100.000.
La prensa española próxima al Gobierno ha hecho referencia de forma reiterada al número de personas que han pedido por internet a Exteriores la evacuación de los españoles aislados en Liberia (ABC,…), y de las trágicas peticiones de ayuda de alguno de los religiosos “no españoles”, como la hermana Catherine Agdodnito, en la COPE.
Con posterioridad, estos medios han hecho referencia a la sensibilidad de los decisores gubernamentales con las peticiones populares, aunque la respuesta no ha sido tal, en la medida que ha repatriado únicamente a los españoles.
¿Se concluye, por tanto, que esta decisión presupone una sensibilidad especial con el deseo de la población? Si fuera así, lo que resulta dudoso por los resultados, ¿lo va a hacer a partir de ahora (o, al menos, en este momento preelectoral) con cualquier petición que supere las 100.000 firmas, a diferencia del silencio que ha tenido con otras peticiones (proyecto de ley del aborto, desahucios, etc.)?
3. La directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, ha justificado la decisión tomada porque que la Orden sólo había solicitado la repatriación de los dos españoles.
Según ha revelado el director de su orden religiosa, José María Viadero, el misionero “tenía pánico a ingresar en la unidad de infecciosos a la que se lleva a los enfermos locales”.
La citada Orden, en su Carta de Identidad señala: “Nuestra Orden existe para evangelizar a los pobres, para acompañarlos y aliviarlos en sus sufrimientos, al estilo de San Juan de Dios… En tanto que personas, todos los hombres son iguales y merecen igual consideración y respeto. La dignidad es inherente al ser humano por ser sujeto de derecho y deberes” (Carta de identidad de la OHSJD).
De ser cierto (habría que oír a la orden religiosa) lo referido por Mercedes Vinuesa, ¿resulta congruente con el discurso cristiano y entregado, reflejado en sus escritos de base ética y fundacional, del que hace gala la citada Orden? ¿Qué piensa de ello su Comité de Ética? Y en caso de ser así, cuando actúen en situaciones equivalentes, ¿se va a nformar de antemano a la población de esta forma diferencial de actuación con respecto a ellos cuando vengan malas?
Por otro lado, la Orden religiosa en un comunicado reciente informa sobre el fallecimiento de la religiosa infectada que quedó en Liberia e indica que está preparando un equipo de profesionales sanitarios para enviar lo antes posible a la zona dentro de la campaña “Paremos el Ébola en África del Oeste”.
En ese caso, ¿se establece el acuerdo con el Gobierno español y, en su caso, los Gobiernos autonómicos, para la costear las posibles evacuaciones que fueran precisas, o bien se firman los correspondientes seguros incluyendo dicha contingencia?
Un dato añadido, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, según figura en su Sicav, Finanzas Quercus, contaba en 2011 con 12 millones de euros en productos deuda del Tesoro español y 1,16 millones en renta fija del Banco Santander. Además, según ha informado extracponfidencial.com, como empresa sanitaria factura en torno a 25 millones de euros anuales. Es de suponer que podría financiar tales seguros y repatriaciones.
Entonces, si no se trata de un trato diferenciado con una organización específica de carácter religioso, ¿prevé el Gobierno que en las acciones en el exterior de las organizaciones humanitarias, decididas por ellas mismas, se financien con dinero público las evacuaciones similares, o bien establecerá la obligación de subscribir seguros que las recojan?
4. Una vez tomada la decisión, el Gobierno en colaboración con la Comunidad de Madrid, ha habilitado el Hospital Carlos III para recibir a los religiosos evacuados. Dicho hospital era el centro más capacitado de nuestro país como centro especializado en enfermedades infeccionas con potencial epidemiológico, pero recientemente fue desmantelado como tal e integrado en el Hospital de La Paz, siendo transformado en hospital de media estancia para atender a pacientes derivados de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, todo ello dentro del Plan de Medidas de sostenibilidad de la Comunidad de Madrid.
Para ello, ha sido preciso evacuar una planta en la que había pacientes ingresados para volver a montar una unidad especial de tratamiento para 1-2 pacientes con el personal suficiente para su atención continua y con el nuevo traslado de medios a dicho centro para su correcta atención.
¿Acaso nuestros gestores madrileños, con este gesto, están reconociendo el rotundo fracaso y error de su plan de reforma y privatización sanitaria? Por cierto, dicho plan fue la base del discurso de investidura del actual presidente de Madrid, D. Ignacio González, en octubre de 2012.
¿Es de suponer con esta medida que, en consecuencia, el Hospital Carlos III volverá a partir de ahora, a su condición previa como Centro de Referencia de enfermedades infecciosas epidemiológicas, con la consiguiente funcionalidad, reinversión, acondicionamiento y contratación de personal?
5. Por otro lado, salvo la obtención del supuesto tratamiento secreto (en manos del ejército de EEUU y con una dosis almacenada en Ginebra) y el aislamiento del enfermo para evitar el contagio a otras personas, ¿qué otras medidas fundamentales se están tomando que no pudieran haberse habilitado sobre el terreno con una adecuada inyección de medios mínimos?
Los costes de la parafernalia puesta en marcha superan con mucho el de medios que podrían instalarse sobre el terreno, posibilitando el cuidado de un número considerable de pacientes infectados y el acceso preventivo y protector de otros, con resultados costoefectivos. Todo ello, sin necesidad de exponer a la población en nuestro país y Europa en general a un riesgo innecesario y, lo que podría ser peor, sin que se produzca la ruptura de la confianza y adecuación en unos protocolos y criterios de actuación integrados desde hace años, con notable esfuerzo, entre todos los profesionales, por una orden superior que actúa de forma inequitativa e insolidaria.
Otro dato de interés, en el año 2012 el actual Gobierno del PP recortó 1.348 millones de euros (16%) en cooperación internacional y en 2013 volvió a recortar otro 23,4% con respecto al 2012.
Más datos: En EEUU existen 10 hospitales con nivel 4 de aislamiento y aquí solo disponemos del Hospital Carlos III (ahora adscrito a La Paz) con un nivel 2 y elementos de nivel 3 para manejo de muestras.
Como especialista en Salud Pública se me plantean, como a muchos compañeros de profesión, múltiples preguntas más sobre lo adecuado, la oportunidad y la pertinencia de la decisión adoptada. Especialmente cuando hay que tomar múltiples decisiones de forma continua, en el ámbito de la medicina preventiva.
En este orden, resulta necesaria la transparencia gubernamental y técnica para poder garantizar a la población una seguridad y confianza mínima suficiente.
Con todo ello, a nadie se le escapa que en la decisión y habilitación de los medios para el traslado y atención del paciente subyacen intereses no manifiestos de carácter político y no sanitario, por los que debería responder éste o cualquier otro Gobierno.
La ausencia de una Oficina independiente de Evaluación Continua de Políticas Sanitarias y Sociales para controlar su impacto en la población deja las manos libres a un Gobierno que en sus decisiones tiene lo que los sanitarios llamamos conflicto de intereses. Esto le lleva a emplear, sin reparo, los medios públicos de forma poco costoefectiva y escasamente eficiente, a favor de sus propios intereses y los de su círculo, dejando al margen el cuidado de la población y la consideración del sufrimiento que pudiera derivar de sus acciones, tal y como ya hemos visto en gestiones del mismo partido en el Gobierno (Prestige, Yak42, Madrid Arena, Metro de Valencia…).
Lamentablemente se ha comunicado que el compañero Miguel Pajares, como le ha sucedió a otros compañeros del hospital de Liberia, enfermos de ébola, no ha logrado sobrevivir a pesar de los cuidados dispensados y, al parecer, tras la administración del tratamiento importado.
Tal y como ya se ha expresado en otro momento, solo queda agradecer a Miguel, sus correligionarios y el personal de apoyo en Liberia, su esfuerzo en el apoyo de la población del país.
