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¿La economía le puede aguar la fiesta al Gobierno?

Nadia Calviño.

Carlos Elordi

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Parece que la desaceleración está siendo más rápida de lo previsto. Dos datos sugieren que eso puede estar ocurriendo. Uno, la fuerte caída de la afiliación a la Seguridad Social y el aumento del paro registrado en el mes de enero. El otro, la reducción en dos décimas, hasta el 1,6%, de las previsiones que el FMI y otros organismos habían hecho hace solo cuatro meses sobre crecimiento de la economía española. No son buenas noticias. La cosa no sería grave si no va a más. Pero empieza a no estar claro que eso no vaya a ocurrir.

El barómetro de empresas que elabora Deloitte y ha publicado esta semana El País no es precisamente alentador. El 47% de las empresas consultadas cree que la economía española empeorará este semestre. El 41% opina que se mantendrá y sólo el 12% se muestra optimista.

La demanda interna, que se verá reforzada aunque no mucho, por los aumentos salariales y las exportaciones son las bases del crecimiento económico español de los últimos seis años. Pero han empezado a surgir dudas sobre el tiempo en que se mantendrán esas tendencias.

Entre otras cosas, falta por saber qué impacto tendrá sobre la economía mundial, y directa o indirectamente sobre la española, la epidemia de coronavirus. Es una pesada incógnita sobre la que los especialistas no se atreven a pronunciarse. Sobre todo porque nadie sabe cuánto va a durar. Por el momento no hace sino expandirse. Y empiezan a llegar algunos datos económicos preocupantes. Como expresión del parón que está sufriendo China, su consumo de petróleo se ha reducido un 25%, que equivale a un 3% mundial. De ahí que los precios del crudo lleven ya dos semanas cayendo.

Los proveedores europeos de piezas para la industria automovilística china, alemanes sobre todo aunque también hay alguno español, ya han anunciado que están a punto de proceder a fuertes recortes de producción. Otros sectores podrían encontrarse en la misma situación. Sin embargo, las bolsas mundiales están aguantando hasta el momento.

El asunto no pinta bien. Pero aún no hay base para hacer predicciones demasiado negativas. Entre otras cosas porque un empeoramiento de la epidemia, en intensidad o en duración, podría provocar reacciones mundiales para hacer frente a sus consecuencias económicas y estas revertir, o cuando menos paliar, el actual proceso de deterioro. Ni siquiera cabe descartar que provocara una tregua en la guerra comercial que libran Pekín y Washington y que es una de las causas de la ralentización que desde hace bastantes meses sufre la economía mundial y la europea en particular. En los últimos días China ha dado algún paso en esa dirección.

No es fácil trasladar a la escena política española tanto dato económico inquietante. Por el momento, las prioridades del debate público son muy otras. Durante unos días las protestas de los agricultores han quitado el protagonismo a la crisis catalana. Pero la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra ha vuelto a poner las cosas en su sitio. Aunque la situación de algunos de sus sectores sea angustiosa, a los agricultores les costará volver a ocupar las primeras, a no ser que su movilización suba hasta cotas hoy por hoy impensables. Porque sus problemas son hondos y antiguos y no de fácil solución. El gobierno se ha comprometido a actuar y cabe sospechar que, aparte de alguna reforma, eso se traducirá en más gasto público.

Es de suponer que Pedro Sánchez se resistirá cuanto pueda a eso. Porque ahí, en el gasto, reside el principal problema de su gobierno. La subida de las pensiones acaba de costar 1.400 millones de euros. La del sueldo de los funcionarios, 3.200. Y el monto de las reformas sociales que figuran en el programa del Gobierno de coalición ascendería a no menos de 12.000 millones, en su versión más optimista, o de 21.000 según otros cálculos.

¿De donde va a salir ese dinero y más si la desaceleración económica reduce las previsiones de recaudación fiscal que se han hecho hace sólo pocas semanas? Esa es la gran incógnita del momento, mucho más sólida que la duda de si va a haber presupuestos o no, que todo indica que los habrá, salvo una sorpresa mayúscula. Aunque el suspense se mantendrá hasta el último minuto. Para solaz de una derecha que sigue perdida y que, por no saber, no sabe ni hacer oposición.

Aunque no lo ha confirmado oficialmente, el Gobierno confía en que la Comisión Europea acepte ampliar de uno a cuatro años el plazo de reducción del déficit público español. (De la deuda pública ni se habla, porque hasta los más optimistas creen que pasará al menos una década hasta que empiece a reducirse significativamente). Pero, ¿aceptaría Bruselas un presupuesto que, bien leído, supusiera un aumento significativo de ese déficit, como consecuencia de los mayores gastos previstos?

Nadia Calviño se tendrá que remangar para lidiar ese toro. Porque, por el momento, nadie en el Gobierno ni en los partidos que lo forman ha hecho la mínima mención a la posibilidad de ir más allá de lo anunciado en materia de aumento de impuestos, que es claramente insuficiente para atender al citado aumento del gasto. ¿Se planteará esa cuestión de cara a los próximos presupuestos, que, si se hicieran bien las cosas, deberían empezar a discutirse este mismo otoño?

Y una cuestión más. La contrarreforma laboral es otro de los banderines de enganche del Gobierno de coalición. Aún no se ha hablado a fondo del asunto, pero Unidas Podemos, e incluso los sindicatos, han moderado el tono de sus exigencias en esta materia. El mundo empresarial mantiene su rechazo. La CEOE, CCOO y UGT han acordado la subida del salario mínimo y se disponen a afrontar la negociación de los convenios sobre la base de un aumento salarial en ese mismo porcentaje. Pero sus posiciones en materia de contrarreforma laboral siguen tan alejadas como siempre. Lo que cabe preguntarse es si el Ejecutivo mantendrá sus intenciones en ese capítulo -que, por otra parte, no se conocen con precisión- si la coyuntura económica empeora.

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