Equivocar el camino: criminalización, alarmismo y confrontación

Ocho meses después de que la OMS declarase la pandemia a nivel mundial por COVID-19, en España –al igual que ya han hecho otras democracias europeas como Francia o Bélgica– parece que desde el Ministerio de Sanidad se valora la idoneidad de medidas más drásticas para frenar la cifra de contagios y, entre estas, se habla del toque de queda. Dicho así, sin más, “toque de queda”, sin aclarar en qué consistiría –y desde su significado en los instrumentos de derechos humanos– suena muy fuerte. Al igual que en su momento rechazamos el uso de la terminología bélica para hacer frente a una pandemia que es un problema de salud pública, es necesario rechazar el uso del lenguaje restrictivo de derechos para referirse a medidas que deben dar respuesta a un problema sanitario y no de seguridad ciudadana.

El “toque de queda” es una medida muy excepcional cuya regulación legal no es homogénea a todos los Estados europeos, es decir, no es comparable estrictamente su regulación en Francia o Bélgica a la que existe en España. En cualquier caso, su significado jurídico y legal, desde la filosofía del Derecho, es el de garantizar la seguridad, atenuar los disturbios o minimizar enfrentamientos. O, dicho en otras palabras, “toque de queda” es sinónimo de “falta de orden y seguridad”. De hecho, la última vez que se adoptó en España fue durante la noche del golpe de estado de 1981.

No deja de ser inquietante que el gobierno autonómico más disruptivo, el de Díaz Ayuso, sea ahora el que más interés tenga en que el Gobierno central adopte esta medida excepcional. Tras semanas de declaraciones públicas de los representantes del PP tachando de conductas dictatoriales a Pedro Sánchez, acusando al Gobierno de secuestrar a los madrileños y alarmando a la población con la llegada de un caos por la declaración del estado de alarma que quienes vivimos en la capital no hemos percibido, resulta preocupante su liderazgo en esta nueva estrategia. Especialmente cuando, como autoridad competente en materia sanitaria, no han cumplido con sus deberes, obligaciones y compromisos de invertir en políticas de salud pública destinadas a contratar rastreadores, reforzar la atención primaria o aumentar las plantillas de médicos y sanitarios en los hospitales. 

Si a lo que se refieren desde ese Madrid que es España con “toque de queda” es a limitar horarios de actividad de ocio nocturno –algo que se puede decidir autonómicamente– sería más que adecuado que, tanto representantes políticos como medios de comunicación, usarán de forma apropiada la terminología legal cuando esta es extremadamente delicada por las implicaciones que tiene en los derechos y libertades. No vaya a ser que, entre unos y otros, se termine haciendo el juego a la derecha extrema que busca echar más madera al fuego para avivar en el imaginario colectivo, y a poder ser europeo, que el Gobierno de España es autoritario y restringe derechos desproporcionada y unilateralmente. 

En este sentido, es necesario empezar a hablar de los criterios contenidos en los Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de limitación y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que obligan a España, al ser parte de este Pacto. Estos, tal y como recomienda Naciones Unidas, establecen que cualquier restricción de los derechos civiles y políticos ante una emergencia de Salud Pública deben establecerse en el marco de la Ley, responder a una necesidad apremiante de interés general, ser estrictamente necesarias para alcanzar el objetivo legítimo, ser proporcionadas y lo menos intrusivas y restrictivas posible, basarse en la evidencia científica y no aplicarse de manera arbitraria ni discriminatoria. Además, han de tener una duración limitada, ser respetuosas con la dignidad humana y estar sujetas a revisión desde la separación de poderes. 

Es probable que, a una gran parte de la opinión pública, incluso aquella de ideas más progresistas y garantistas de derechos, les cueste comprender que el control de la pandemia no pasa por medidas destinadas a problemas de inseguridad ciudadana. Las llamadas “conductas insolidarias e irresponsables” existen, pero hay que valorar bien si justifican un “toque de queda” o ponen en evidencia la falta de otras políticas no punitivas para concienciar a la población. Es muy delicado poner en tensión el estado de derechos y libertades en un contexto donde la partida política española se está jugando en un tablero donde se añoran dictaduras y se criminaliza a golpe de tuit a los que eran enemigos políticos del franquismo a través de una retórica de odio y confrontación. 

Viendo la curva de contagios es necesario ser capaces de detectar a aquellas autoridades, instituciones y liderazgos que están trabajando duro y diligentemente en frenar al virus y dejar de dar protagonismo e importancia a quienes quieren ocultar su incompetencia o su mala fe enrocando a la sociedad en hechos alternativos y falseados que solo buscan frenar que la alternancia política fruto de la democracia ahora les haya llevado a ser oposición.