No se habló de la etarra Riaño
Ha querido el paso del tiempo que el día que la etarra Idoia López Riaño salía de la cárcel haya coincidido con el debate de la moción de censura.
López Riaño ha pasado 23 años en la cárcel, después de haber sido condenada a más de dos mil años por asesinar a 23 personas. Una de ellas es Ángel Facal Soto, un vecino de Pasajes (Guipúzcoa) que se fumaba sus porros y que estaba sentado en el alfeizar de un bar de su pueblo todas las tardes, a la misma hora, en el mismo sitio. Objetivo tirado. El asesinato de Facal, perpetrado por el comando Oker, en el que estaba Riaño, se realizó fuera de la hora habitual –le dispararon como a las ocho de la tarde–, y fue presentado como un ataque a los traficantes de drogas, dentro de una de las campañas con las que ETA trataba, a mediados de los ochenta, de presentarse como la solución a los problemas que aquejaban a la sociedad.
Ángel Facal, de apellido gallego, hijo del gallego que llevaba el gasolino, una barca que unía las dos márgenes de la ría de Pasaia, era cualquier cosa menos un traficante; se limitaba a proveerse para su propio consumo y llevaba una vida bastante miserable, pero el asunto fue presentado como si se tratara de un atentado contra un cartel de la droga. Pura propaganda.
Riaño, subida en una moto junto con su colega etarra, asesinó a Facal, como antes habían atracado bancos en una suerte de atentados que enlazaban con los delitos comunes.
López Riaño, de padre salmantino y de madre extremeña, nació en Rentería, como tanta gente cuyos padres llegaban en los sesenta a Gipuzkoa y Bizkaia en busca del trabajo que no tenían en su tierra y que allí se conseguía de un día para otro. Gallegos en Pasajes, extremeños y salmantinos en Rentería, leoneses en Ermua... En no pocos casos, los hijos de esos inmigrantes se hicieron de ETA o fueron víctimas de ETA, como Miguel Ángel Blanco, hijo de gallegos.
A López Riaño, nacida a mediados de los sesenta, le ocurrió lo que a muchos de su generación, que encontraron en el terrorismo un credo que los integraba en los valores vigentes, daba sentido a su vida y que consistía en arrebatársela a los construidos como enemigos españoles. Riaño asesinó a 23 como podía haber asesinado a 123, de no haber sido detenida.
A los familiares de sus víctimas, especialmente a las de los doce jóvenes guardias civiles asesinados en julio de 1986 en Madrid, 23 años de cárcel, uno por asesinado, les parece poco tiempo. Lo cierto es que son muchos años y también que por mucha cárcel que cumplan los asesinos nunca podrán reparar el destrozo causado en aquellas jóvenes víctimas, de edad pareja a las de sus criminales.
Riaño ha dicho por escrito que lamenta las muertes de los guardias civiles, aunque no me consta que haya pedido perdón explícitamente por pegarle un tiro a aquel pobrecillo drogata, mal considerado no solo por los criminales, obligado a dar más explicaciones que las que se exigían al resto de las víctimas. Riaño fue expulsada de la banda por decir que sentía los asesinatos cometidos.
De haberse producido la puesta en libertad de esta etarra con el PP en la oposición y el PSOE en el Gobierno, habríamos asistido a la catarata de palabras de este campo semántico-político: humillación a las víctimas, traición a los muertos, pacto de los socialistas con los terroristas, y así.
Afortunadamente, nada de esto ha ocurrido y ni siquiera se ha hecho la más leve alusión en el debate de este martes. Hace tiempo que el terrorismo etarra no ocupa ni un segundo en los debates del Congreso. Sí me ha llamado la atención que en el catálogo de agradecimientos y guiños a sus diferentes confluencias, y a sus dos eventuales votantes de EH-Bildu, el candidato haya pedido “que se reconozcan los derechos humanos en el País Vasco”. Creo que están reconocidos, sobre todo después del final de los crímenes y de la derrota de ETA, y no parece que una de las diputadas, que con tanto ahínco se ha entregado siempre a la defensa de los criminales, sea merecedora de semejante reconocimiento en su discurso.
(El próximo 19 de Junio se cumplirán 30 años de la matanza de Hipercor, en Barcelona, 21 asesinados y 45 heridos, todos civiles).
