Estado de indecencia

No bastaban el saqueo reiterado del dinero público y las maniobras de distracción, ahora se da el salto cualitativo de intentar normalizarlo. La laxitud moral que nos atribuyen a los españoles desde los tiempos de la Picaresca vive momentos de esplendor. En Rumanía el gobierno se propuso hasta legalizar la corrupción (leve, decían) y dos ministros han saltado para calmar la indignación ciudadana. Aquí ya ni causan especial sobresalto la cadena de desvergüenzas que nos caen encima a diario. Lo prueba lo sucedido en apenas una semana, citando solo lo más relevante.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, coparía él solo la ración para revolver estómagos curtidos. Es el autor del dicho 'Prevaricar no es corrupción', formulado al indultar a unos funcionarios condenados por su actividad delictiva continuada. Los jueces no saben, las fiscales, mucho menos. Catalá descalificó expresamente a las del Caso Púnica. Apoyando por la banda derecha, llegaba el portavoz del PP Rafael Hernando para defender que la Fiscalía General ponga límites a los fiscales que se “inventen delitos”. Es de suponer cómo van a ser los cambios y relevos que preparan para esta misma semana. El Fiscal de Murcia tiene las horas contadas, desde luego.

La Fiscalía General, precisamente. La que proporcionó al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, información reservada de su imputación, según admitió Catalá sin un pestañeo. La que le avisaba de que no sería imputado. El presidente murciano está acusado de prevaricación continuada, fraude contra la Administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Y va a tener que declarar ante la Audiencia Nacional, a pesar de la oposición de la Fiscalía Anticorrupción. El PP le apoya con firmeza. No ven corrupción por parte alguna.

En la Murcia entregada al PP ocurren hechos curiosos, como recordando el ambiente de la Tangentópolis italiana. El asalto a la casa de un subinspector de Hacienda que investiga para la Fiscalía casos de corrupción en la Comunidad y, en la misma semana, un nuevo allanamiento al domicilio del fiscal anticorrupción, tras el de junio en el que se llevaron el ordenador con datos de casos judiciales.

Otro presidente autonómico del PP, Pedro Sánz, se ha librado por el momento de ir al juzgado por el caso de su chalet ilegal y del decreto que aprobó para regularizarlo. La Fiscalía también lo ha evitado. Concretamente, el fiscal del caso cambió de criterio en menos de dos semanas, según informaba El Mundo.

Al exministro offshore José Manuel Soria le ha ido peor a causa de la tenacidad periodística. Los hechos se inician cuando eldiario.es publica que ha sido invitado a una suite de lujo en Punta Cana (con mayordomo las 24 horas del día), por un empresario amigo suyo que tiene un hotel ilegal en Lanzarote. Soria lo niega y demanda al diario.es, a su director Ignacio Escolar y al autor de la noticia Carlos Sosa. Tras un intento de componenda a la que Escolar se negó. Un juez acaba de sentenciar contra Soria, afirmando la veracidad de la información e incluso su interés como servicio público. Obliga a pagar las costas al exministro.

Para la historia del cinismo quedan las declaraciones de inocencia de Soria cargadas de acusaciones. Gran parte de la prensa parece no compartir la necesidad de esta información relevante. Cuesta encontrar la noticia destacada en los medios.

Y entre tanto Rajoy no sabe nada. No ha leído siquiera la sentencia contra Soria, dice. De nuevo osan hablarle de alguien de su remoto pasado. Aquel señor que nombró ministro al llegar al gobierno en 2011 y hace solo meses quiso mandar “becado” al Banco Mundial. Rajoy nunca sabe nada, salvo cuando “tiene la impresión” de que a la infanta le irá bien. O cuando tiene “la convicción moral de que ha sido ETA”, respecto a los atentados del 11M en entrevista publicada en El Mundo en día de reflexión en 2011. O cuando pide respeto y presunción de inocencia para el presidente de Murcia.

Faltaba la sentencia del Caso Nóos. Cristina de Borbón resultó absuelta de responsabilidad penal, no así de una tenue multa. Su marido Iñaki Urdangarin fue condenado a 6 años y 3 meses de cárcel. La tercera parte de lo que pedía el fiscal y dos años menos que su segundo en la trama Diego Torres. La hija del Rey Juan Carlos y hermana del Rey Felipe ha sido considerada por la justicia ignorante de los hechos.

Aquí se han saltado todas las barreras. Medios y políticos se volcaron en parabienes. El PSOE afirmó que “la sentencia muestra el funcionamiento ejemplar de la justicia”. Ramón Jáuregui llegó a calificarla de “Orgullo para la democracia” en la Cadena SER. La derecha oficial, PP y Ciudadanos, participaron del mismo júbilo. “Queda demostrado que en España funciona el Estado de Derecho y que nadie está por encima de la ley”, concluía en editorial El País. Para ABC, Nóos ha entrado en “sus proporciones”. Por el contrario, Ignacio Escolar argumentaba, con datos comparados, que “Sin la infanta no habría habido negocio, con ella se gastó el botín. Cristina de Borbón estaba allí. Era cómplice y coartada, escudo y arma de su marido, Iñaki Urdangarin”. La Razón ya avanza que Zarzuela debate sobre la rehabilitación de la infanta tras su absolución.

La enumeración de esta semana delirante chirría pero hay que ir más allá. Incluso personas poco sospechosas de contaminación han alabado la simple celebración del juicio sobre Nóos. Alegando que hubiera sido impensable hace 15 años. ¿15?, entonces ¿vivimos en un remedo de democracia con condiciones? ¿Debemos dar las gracias por permitirnos soñar con la justicia? ¿No condenar a familiares de sangre del rey son las “proporciones” requeridas? El colmo es ya explicar esta sentencia por “Razón de Estado”, compartida o no. ¿Hemos de entender que España se tambalea si se certifica por sentencia judicial que parientes directos del rey son unos delincuentes que han robado o distraído dinero público? ¿Los problemas de honestidad de la familia del jefe del Estado serían intocables por el bien del conjunto de los españoles?

El dinero público ha desaparecido de las arcas en todos los casos. En la Púnica, la Gúrtel, Nóos y la larga lista de corrupciones que son atropellos a la integridad y dignidad como pueblo. Mantener al mando a estas élites tan tiznadas dice mucho de España. Toda la sarta de perversiones que nos aquejan son hechos consumados. Las responsabilidades en cambio se diluyen.

Por las palabras de personajes de relevancia pública, la honradez y la credibilidad son ya valores negociables. De manera que se está educando en la indecencia. También en el abandono de valores éticos que sí sustentan una sociedad. Un padre de la Constitución “levita” por la absolución de la infanta, como un vendedor de telefónica rindiendo cuentas, en palabras de Antón Losada. Juan Luis Cebrián, director de El País, se lanza un poco más y pide que se invada Cataluña y se suspenda su autonomía; denosta la Ley de Memoria histórica y le saca la cara al franquismo. Un diputado canario rechaza que se investigue a la Fundación Francisco Franco porque es “inquina innecesaria”. Mucha complicidad y mirar para otro lado desde sillas del poder se ha dado para llegar a esta situación. Demasiada comprensión ante la inmundicia. Tantos pelillos se han echado al mar de la decencia que lo han atascado.

Pocos han resumido estos días el espíritu que impera en estas gentes. Rafael Hernando lo declaró en ABC: “Mantener principios inquebrantables te convierte en una opción inútil”. No puede estar más claro, ni Groucho Marx lo hubiera dicho mejor.