Cuando a la infancia le falla el sistema

Save the Children ha publicado un exhaustivo informe sobre los abusos sexuales a niñas y niños en España. Resultado de una investigación con 48 entrevistas, se titula Ojos que no quieren ver y son 160 páginas que debería leer todo el mundo: maestros, profesoras, el médico de familia, las periodistas, el portero, la vecina del quinto. Y, sobre todo, las personas que se dedican a la política. Va encabezado por la respuesta de una psicóloga forense. Le preguntan por qué no se arregla un asunto tan terrible que, sin embargo, es tan fácil de arreglar. “Simplemente porque los niños no votan”, contesta. El informe va “dedicado a todas y todos los trabajadores públicos que, a veces incluso contra viento y marea, se dejan la piel y el alma protegiendo a la infancia contra la violencia”. Ese viento y esa marea son los ojos cerrados de una sociedad que no quiere aceptar sus peores vergüenzas. Y en esa dejación abandona a sus pequeños en un barco de oscuridad y terror donde naufragan solos, donde se ahogan solas. El de Save the Children es el SOS que las niñas y niños casi nunca pueden lanzar. Peor: cuando lo lanzan, nadie les cree, a pesar de que solo miente un 7% de los niños y niñas que aseguran haber sufrido abusos.

Este es uno de los principales problemas de los abusos infantiles: cuando consiguen superar el miedo, la vergüenza, la ansiedad y la culpa de contar que están siendo agredidos, las niñas y niños no suelen ser creídos. En julio de 2016 se hizo público que una niña de nueve años había escondido una grabadora en uno de sus calcetines para demostrar que su padre abusaba sexualmente de ella, que esa era la razón por la que, llorando y gritando, se negaba a verlo. No lo lograba. Los juzgados archivaron el caso por falta de pruebas. La policía la obligaba a subir al coche de sus abuelos paternos. La madre tenía prohibido acercarse al colegio el día de la entrega.

El sistema había fallado a esa víctima, una niña de tan solo nueve años. Como falló el sistema en el llamado “Caso Maristas”: el profesor de gimnasia Joaquín Benítez abusó sexualmente de sus alumnos durante 35 años, así como otros diez profesores y monitores de dos colegios concertados de los Maristas de Barcelona. Cuando alguna familia se quejaba al colegio, el profesor era trasladado a otro centro. Tierra por medio. El problema, alerta Save the Children, es que cuando los distintos estudios realizados dicen a la sociedad que entre un 10 y un 20% de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual en su infancia, la reacción no es el escándalo y la búsqueda del fallo en el sistema, sino la incredulidad. La misma que se encuentran las niñas y los niños. Por ello, consideran que es necesaria una ley orgánica para la erradicación de la violencia contra la infancia.

Para aceptar esa necesidad, debemos abrir los ojos a lo que no queremos ver y reconocer lo que ya sabemos: que los agresores se acercan a los niños y niñas más vulnerables; que los agresores son casi siempre conocidos del niño o la niña, incluso miembros de su familia; que, en su abuso de poder, los agresores logran generar con su víctima un secreto que impone el silencio; que los agresores no lo parecen; que los abusos sexuales se producen en todos los estamentos sociales; que el abuso sexual no siempre supone penetración u otras prácticas consideradas más graves, suele empezar con tocamientos y masturbaciones.

A pesar de que sabemos todo eso, los niños y niñas víctimas de la violencia sexual sufren una media de cuatro años de abuso; solo cinco comunidades autónomas cuentan con un servicio gratuito y universal; solo un 15% de los colegios en los que el niño a o la niña lo han contado lo comunica a las autoridades; y alrededor de un 70% de los casos que entran en el sistema legal nunca llegan al juicio oral. Solo un 15% de los casos son denunciados y, cuando llegan a constituirse en proceso judicial, los menores testifican en plenario y pasan tres años de media entre el inicio y el fin del proceso.

Para empezar a combatir los fallos del sistema, hace falta prevención, que se traduce, principalmente, en la formación de niños y niñas y su empoderamiento. Los programas de prevención aplicados en otros países, así como los de educación sexual, han logrado reducir a la mitad la posibilidad de que los niños y niñas sufran abusos. Para ello, hay que superar los tabúes y prejuicios que impone un ideario conservador, acabar con las resistencias que ejercen las propias AMPAS en muchos centros educativos, formar al profesorado para que sepa ver, ayudar a las familias a tomar conciencia de que ninguna está libre de esa lacra o a superar ese silencio que las convierte en cómplices, crear en todos los centros educativos protocolos de prevención, crear una fiscalía específica de violencia contra la infancia y juzgados de instrucción especializados.

El informe Ojos que no quieren ver ofrece estas y muchas otras recomendaciones, analiza la situación jurídica en España y unos fallos de las administraciones que tienen víctimas muy pequeñas y vulnerables: Joan, Dani, Sara, Carlos, Lucía, Charo, Omar, Cristina, Amparo, Lidia, Laura, Zoe, María, Clara, Sofía, Javi, Candela, Bea, Patricia… Cada una de esas pequeñas personas, de esas pequeñas víctimas, justifica la necesidad de esa ley orgánica por la que aboga esta organización. Así como la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, dicen, “tiene por objetivo generar un cambio cultural, hacer intolerable para la sociedad la violencia contra la mujer”, la Ley para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia pondría esta lacra en el centro del debate con el objetivo de hacer intolerable esta lacra para toda la sociedad. Las primeras que debieran buscarle solución son las personas que se dedican a la política. Aunque los niños y las niñas no voten. Para que no naufraguen solos, para que no se ahoguen solas.