El infiltrado, las activistas y la responsabilidad del Estado

¿Por qué un policía ha estado casi tres años infiltrado en movimientos sociales que no tienen ninguna conexión con el terrorismo o el crimen organizado? ¿Había autorización judicial y conocimiento del Ministerio del Interior? ¿Hay una investigación judicial o una operación policial en marcha relacionada con la actividad de este agente encubierto? ¿Sabían los superiores del policía y el juzgado que lo autorizó de sus relaciones sexuales con activistas investigadas y las consintieron?

Y una pregunta más, no relacionada con el meollo de este caso pero para mí relevante: ¿Cómo es posible que una buena parte de la reacción en redes sociales haya sido reírse o atacar a estas mujeres activistas y tratar al agente como un James Bond patrio?

Cuestiones pertinentes ante la supuesta infiltración de un policía nacional en movimientos sociales y sindicales de Barcelona y el también supuesto uso que este hizo de sus relaciones sexuales y afectivas para obtener información y consolidar su posición en estos círculos. Si todo es como lo ha desvelado el medio catalán independiente La Directa, se trata de una actuación de las fuerzas de seguridad que no tiene cabida ni en nuestra legislación ni en una sociedad democrática.

No tiene cabida pero no solo sucede, lo toleramos y hasta hacemos memes aunque vaya en ello nuestra libertad de asociación o expresión y el hecho de que el Estado pueda meterse en nuestra cama. La Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada 'ley mordaza', aprobada en 2015 y hoy pendiente de reforma, respondía a estos criterios profundamente represivos y a la tentación que tienen determinados poderes de conformar un Estado policial. En el espíritu de aquella norma estaba lo que ahora estamos debatiendo: considerar al manifestante y al activista como supuestos delincuentes y la peligrosa idea de que los gobiernos deben impedir que circulen ideas y se organicen grupos de ciudadanos, si el gobierno de turno considera que esas ideas y grupos son peligrosos, aunque no haya ningún indicio de criminalidad.

La actuación de este policía infiltrado, a falta de la información que Interior debería proporcionar cuanto antes, es contraria a la norma que regula estas actuaciones, diseñada para luchar contra el terrorismo, el tráfico de drogas y otros delitos graves cometidos por organizaciones criminales, y necesita de autorización y control judicial. Usar a un agente encubierto para simplemente obtener información no está previsto en la ley. Pero, además, hacerlo obedece a las mismas ideas antidemocráticas que dieron luz a la ley mordaza: la necesidad de controlar el espacio público y utilizar procedimientos opacos frente a los adversarios políticos o los movimientos antisistema, en este caso el movimiento libertario barcelonés que, conviene también aclararlo, no es lo mismo que el independentismo catalán ni está vinculado al procés.

Las posiciones de los grupos donde actuaba el policía pueden ser radicales, pero también son legítimas, y la mayoría canalizan el descontento social ante la precariedad, los desahucios, el recorte de derechos o la falta de actuación ante emergencias como la climática. El Estado no puede olvidar que es precisamente en su actuación en estos espacios supuestamente radicales donde una sociedad democrática pone a prueba la libertad de ideas y expresión de sus ciudadanos y los límites que debe tener toda actuación policial.

Este caso se agrava con la supuesta vía utilizada por el policía para obtener información: las relaciones sexuales y sentimentales con mujeres activistas. Cinco de ellas se han querellado contra él, sus superiores y el Ministerio de Interior por delitos de abusos sexuales continuados, contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento de ejercicio de derechos cívicos. La querella fue al momento objeto de burlas en redes sociales, algunas de ellas con un componente machista de muy bajos vuelos. Otros usuarios de la red comparaban lo que les ha sucedido a las activistas con cualquier mentira que alguien le cuenta a su pareja durante una relación, sin entender que aquí el engaño atañe a la identidad entera de una persona y se produce en el contexto de una investigación policial que no tiene causa aparente.

Que un agente infiltrado tenga relaciones sexuales y sentimentales con mujeres que ignoraban su condición de policía y el hecho de ser utilizadas como fuentes de información ya ha provocado condenas judiciales en otros países. El más conocido es el caso Spy Cops Scandal de Reino Unido, destapado por The Guardian, en el que se investigó a decenas de policías encubiertos en movimientos sociales. Un tribunal británico falló que el agente encubierto Mark Kennedy había degradado y humillado gravemente a una de estas mujeres, la activista medioambiental Kate Wilson, y se habían violado sus derechos a no sufrir tratos inhumanos, al respeto a la vida privada, a no sufrir discriminación por razón de género, a su libertad de expresión y su libertad de asociación. Por todo esto se la indemnizó con 220.000 euros.

El recorrido que puedan tener las querellas de las activistas en España ya se verá, pero parece al menos deseable que Interior y la cúpula de la policía ofrezcan una pronta explicación a la ciudadanía en general y disculpas y resarcimiento a las activistas implicadas. Es grave que el Estado autorice o tolere que un policía nacional acceda a través del sexo a informaciones íntimas, personales y políticas con el objetivo de entrar en espacios legítimos de la sociedad civil. El perjuicio a estas mujeres y a su libertad ideológica e identidad política está claro pero también nos concierne a los demás. Porque el derecho a asociarse para expresar colectivamente una opinión y realizar acciones dentro de la ley es fundamental para la existencia de una sociedad democrática.