Juan, al que prometieron el sol

Esta es la historia de Juan, pero podría ser la de Laia, Antón, Itziar o cualquier otro de los miles de ciudadanos españoles que, alentados por el Ministerio de Industria, empeñaron todo su patrimonio para invertir en energía solar fotovoltaica.

Nuestro protagonista tenía unas tierras gastadas a las que cada año resultaba más difícil arrancar una cosecha. Ya no era ningún chaval y temía por su futuro. Pero todo cambió el día que su hijo mayor llegó al pueblo con el ordenador portátil y le explicó un plan de inversión para convertir su vieja finca agraria en una moderna planta solar fotovoltaica.

La iniciativa partía de una propuesta del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE, durante el último gobierno de Jose María Aznar (2004). España debía acatar el mandato de la UE de impulsar las renovables. Un compromiso que asumió y desarrolló José Luis Rodríguez Zapatero, quien además decidió reforzar la apuesta del gobierno por las energías limpias.

El IDAE es una entidad perteneciente al Ministerio que depende directamente de la Secretaría de Estado de Energía. Todas las iniciativas que promueve el IDAE llevan por tanto el aval del Estado. Aquella publicidad con la que el hijo de Juan quería devolver la esperanza a su padre comenzaba con un mensaje directo: “El sol puede ser suyo”.

Ese era el reclamo con el que el Gobierno animaba a la ciudadanía a invertir en energía solar fotovoltaica. Y para ello, además de prometer una rentabilidad de hasta el 15% y facilitar la financiación del 80% del proyecto hasta un máximo de 600.000 euros a través del ICO, no dudó en recurrir al señuelo del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

“Cada kWh generado con energía solar fotovoltaica -decía la propaganda del IDAE- evita la emisión a la atmósfera de aproximadamente 1 kg de CO2, en el caso de comparar con la generación eléctrica con carbón, o de casi medio kilo de CO2 en el caso de comparar con generación eléctrica con gas natural”. La última página del folleto apelaba a la responsabilidad ambiental del inversor: “Cuando decida realizar este tipo de instalaciones, usted está contribuyendo al desarrollo sostenible de su comunidad, ya que está evitando la emisión de CO2 a la atmósfera”.

Así que Juan no se lo pensó dos veces y con la ayuda de su hijo, que decidió regresar al pueblo, emprendieron la tarea de solicitar permisos, realizar estudios técnicos, presentar el proyecto y lo más importante: pedir la ayuda al banco.

Para que se la concedieran fue fundamental el folleto del IDAE. Aquel proyecto no era una aventura ecologista: se enmarcaba en un plan nacional para el desarrollo de las energías renovables. De alguna manera el Gobierno estaba detrás apoyando a Juan. Pero tuvo que presentar un aval, y ese aval fueron sus tierras, sus pequeños ahorros y hasta la casa familiar, la casa en la que habían nacido sus abuelos, sus padres y sus hijos.

Y se lo concedieron, como a miles de pequeños inversores, de familias, que sin ser conscientes de ello (ni mucho menos culpables) fueron injustamente acusados de provocar la mal llamada “burbuja solar' del 2008, cuando buena parte de los paneles solares que se fabricaban en el mundo venían a España.

Pero en 2010 las cosas empezaron a torcerse y cuando la instalación solar de Juan ya estaba a pleno rendimiento, el gobierno decide tomar medidas para recortar las ayudas. El ministro Miguel Sebastián revisa la rentabilidad de los proyectos y decide recortar los ingresos un 30% durante 3 años.

Juan avisó al banco de que no podría retornar la inversión en los plazos previstos. La entidad lo encajó mal y amenazó a Juan con ejecutar las garantías sobre su casa y sus tierras.

Las familias que, como la de Juan, decidieron atender la llamada del Gobierno e invertir sus ahorros en pequeñas plantas de energía fotovoltaica vieron como las ayudas en forma de prima se iban reduciendo hasta que, con la llegada del PP al Gobierno y con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, se produjo el estrangulamiento final de las renovables.

Con el último marco regulatorio aprobado por el Gobierno de Rajoy, tan enrevesado como incierto, los pequeños productores de fotovoltaica dejaron de saber qué cálculo de retribución se les iba a aplicar y fueron incapaces de atender sus compromisos crediticios. Lo que el Gobierno de España les había ofrecido a través del IDAE y mediante Real Decreto pasó a ser papel mojado. Las plantas fotovoltaicas dejaron de ser rentables y los bancos empezaron a ejecutar los avales. En el caso de Juan perdió sus tierras, sus ahorros y la casa familiar.

La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) es una organización de ámbito nacional y sin ánimo de lucro que agrupa a más de 5.000 familias que, como la de Juan, han sido víctimas del ataque institucional a las renovables y de la inseguridad jurídica. Para defender sus derechos esta organización, en colaboración con Greenpeace, ha organizado una movilización social en favor de las energías renovables: el Camino del Sol.

Una movilización que, tras recorrer todas las comunidades de la Península, concluye este fin de semana en Galicia con dos actos finales, uno en Lugo y otro en Santiago de Compostela, en los que se leerá un manifiesto por un nuevo modelo energético basado en las energías renovables y el autoconsumo. Un manifiesto que puedes leer y apoyar con tu firma aquí: http://caminodelsol.org/ manifiesto/