Por qué lo llaman 'asuntos públicos' cuando quieren decir intereses privados

Estamos aprendiendo mucho con el caso Plus Ultra. Las últimas revelaciones de Julio Martínez Martínez me han hecho reflexionar sobre la amistad. Resulta chocante oír a los periodistas definirle como amigo de Zapatero, y a continuación escuchar cómo lo ha delatado ante el juez. Aristóteles dejó escrito que “los que se quieren por interés no se quieren por sí mismos, sino en la medida en que se benefician algo los unos de los otros”. Llamar amigo a Julito nos confunde, pero “correveidile” tampoco lo veo solución.

El verdadero desorden conceptual, no obstante, se ha generado en torno a la influencia de las empresas privadas en la gestión pública. Hay todo un sector de negocio dedicado a ello. En algunos países, y en Bruselas, tienen la suerte de que está regulado. En España se propuso establecer un registro de lobbies por primera vez en 2013 pero, qué lástima, los partidos que nos han convencido de que no tienen nada en común, se han puesto de acuerdo en que España no legisle sobre el lobby. Ahí seguimos.

Regulemos al menos la semántica. Los directivos de Plus Ultra han explicado que durante la pandemia necesitaban alguien que les abriera la puerta de la administracion para tratar de acogerse al rescate. Les comprendo. La administración es una caja negra. Son célebres los apuros que pasan quienes se quedan en paro intentando conseguir una simple cita del SEPE… Cómo será lograr 53 millones de préstamo para una aerolínea. No quiero ni imaginarlo.

La administración refina cada día los muros que levanta ante el ciudadano. Con el entorno digital lo están bordando porque les proporciona un parapeto mucho mejor que la clásica ventanilla. Y encima no hay ni que ver la cara a esos ciudadanos tan pesados con sus derechos y prestaciones.

Ante esas puertas cerradas ha crecido un sector llamado “asuntos públicos”, denominación confusa, pues se trata de empresas que se dedican a los “intereses privados”. Exactamente defienden a una empresa ante la administración para que sus necesidades sean atendidas. De asuntos públicos, nada.

La gente que hace trabajo de lobby explica que abrir las puertas de la administracion es un ejercicio de democracia. Cuando alguien va a regular un sector, pongamos el eléctrico, es fundamental para el proceso legislativo escuchar a las eléctricas, que aportan conocimiento técnico y su punto de vista. Esa es la parte confesable.

La menos confesable es que se contratan servicios de lobby para presionar. Soy muy comprensiva con los intereses de cada cual, y considero legítimos los de las empresas. Su interés declarado es hacer dinero, por tanto nadie se llama a engaño (salvo cuando dicen que quieren mejorar la calidad legislativa). Como es la parte menos confesable, Zapatero nunca lo confesó pero, según su antiguo amigo, es lo que hacía presuntamente mientras muchos creímos que hacía política.

Hay muchos conflictos cuando uno se dedica a defender intereses privados después de haber servido a lo público. El más político trata de desigualdad. El parado también tiene intereses: quiere legítimamente cobrar su prestación. Pero como no paga servicios de lobby, pasa noches en vela tratando de conseguir una cita en el SEPE o busca un amigo que conozca un amigo que tenga un primo dentro del SEPE. El lobby de los pobres de toda la vida es tener amigos hasta en el infierno .

La supuesta contribución democrática de los “asuntos públicos” palidece a la vista de la enorme desigualdad de trato de la administracion entre quienes llegan del brazo de un lobista o no. Ser parte de esa estructura de desigualdad no me parece el mejor destino para un ex presidente.

El sector empezó llamando a su actividad “hacer lobby”, porque quienes querían influir esperaban en el vestíbulo del Parlamento británico, allí donde los ciudadanos abordaban a sus representantes. La palabra se desprestigió, pero es preferible a esa engañifa de “asuntos públicos”. Que me perdonen la RAE, Fundéu y el espíritu de Lázaro Carreter. Lobby es un anglicismo feo, pero al menos no introduce confusión deliberada. Los asuntos públicos los defiende, en teoría, la administración. Si funcionara de verdad y para todo el mundo, sus puertas se abrirían sin pagar. Eso sí sería democrático.