Mejor el “salvadoreño especializado en bandas criminales” que el mediador del PP

Como esto no se detenga, pronto va a florecer un negocio de mediadores en torno a España, así como surgen los mercados de mercenarios alrededor de las guerras. Ya tenemos a un diplomático centroamericano ejerciendo como “verificador” del pacto entre el PSOE y Junts, a petición de la formación catalana. Ahora Feijóo ha arrancado a Sánchez el compromiso para que la Comisión europea “supervise” las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y reformar el sistema de elección de sus vocales. El líder del PP espera que el mediador sea el comisario de Justicia, Didier Reynders, y ha pedido no comparar ambos casos, pues a diferencia del “mediador salvadoreño especializado en bandas criminales”, la Comisión europea “es española”, al formar España parte de la UE.

Reynders, en efecto, no es salvadoreño, pero en el lío del poder judicial ha dejado ver que su corazoncito está escorado hacia el PP, y eso despierta inevitable suspicacia. Quizá la sintonía provenga de cierta afinidad ideológica, aunque también hay que reconocer que la derecha política y judicial ha hecho un lobby incesante por los pasillos comunitarios para vender su relato. El hecho es que el comisario ha mantenido a lo largo de este embrollo una pretendida equidistancia pese a ser claramente el PP quien impide desde hace cinco años la renovación del CGPJ, y la única vez que ha cuestionado expresamente a una de las partes fue cuando el PSOE y Podemos anunciaron en la legislatura pasada una reforma del sistema de elección de los vocales que permitiera superar los obstáculos de la derecha. Dicho proyecto fue finalmente archivado.

El “veedor” Didier ha expresado en más una ocasión su posición sobre el tema: que se renueve el CGPJ mediante el sistema hoy vigente de votación, pero vinculándolo a una reforma inmediata de la ley para que los 12 vocales de procedencia judicial, de los 20 que conforman el consejo, sean elegidos por los propios jueces, sin que la decisión final la tomen, como ahora, las Cortes. La UE no tiene ninguna norma que establezca cómo deben elegirse los vocales de los consejos judiciales. Es más, ni siquiera obliga a los Estados a tener dichos órganos, de modo que varios países –incluido Alemania, con un sistema judicial sólido y respetado– prescinden de ellos. Sí hay jurisprudencia de los tribunales europeos que exige que los Estados donde funcionen estos consejos garanticen su independencia, al margen de cómo hayan sido elegidos sus miembros. Al menos en el papel, esas garantías están consagradas en España. Otra cosa es que se cumplan, lo cual depende menos del sistema de elección de los vocales –el corporativismo judicial también puede amenazar esa independencia– que de la integridad de los propios jueces. ¿Por qué vincula Didier la renovación del CGPJ a una reforma legal que apuntala el corporativismo judicial? ¿Por qué simplemente no ha instado al PP a cumplir el mandato constitucional español sin añadir peros ni coletillas, con la contundencia con que su portavoz amonestó al PSOE y Podemos por pretender sortear el inaceptable secuestro del poder judicial? En suma, ¿no sería más fiable un mediador salvadoreño?

En contra de los que algunos sostienen, la Constitución española no dice que los 12 vocales del CGPJ deben ser elegidos por los jueces, sino “entre” los jueces. Y eso es lo que se hace, sobre todo tras dos reformas legales –en 2001 y 2013– que han consolidado un modelo mixto en el que los jueces (a modo individual o con el aval de las asociaciones) deciden los nombres de los candidatos al cargo, cuya elección final recae en las Cortes. Estas reformas fueron iniciativa del PP y contaron con el apoyo del PSOE. En ninguno de los casos el PP planteó que los jueces eligieran a los jueces. Más aún, el preámbulo de la ley de 2013, durante el Gobierno por mayoría absoluta de Rajoy, enfatiza atinadamente el carácter democrático del método actual de elección: “Se ha diseñado un sistema de elección que, por un lado, garantice la máxima posibilidad de participación en el proceso de todos y cada uno de los miembros de la carrera judicial, estén o no asociados, y que, por otro, atribuya al Congreso y al Senado, como representantes de la soberanía popular, la responsabilidad de la designación de dichos vocales”.

En realidad, lo que está haciendo ahora Feijóo es enredar para impedir la conformación de un CGPJ de talante progresista que refleje los cambios de opinión de la sociedad expresados en las urnas. Si estuviera en la Moncloa, no pediría que los jueces elijan a los jueces, sino que dejaría las cosas como están, como hicieron Aznar y Rajoy en su día con sus mayorías absolutas. Eso de que Reynders supervise la renovación del consejo es dar largas a su obligación de aceptar las reglas actuales del juego, y lo de defender la elección de los jueces por ellos mismos es un ardid para minar cualquier posibilidad de acuerdo. Para demostrar que el PSOE es una amenaza contra la independencia judicial, Feijóo seguirá imperturbable con su costumbre de mentir o tergiversar. Este viernes, a su salida del encuentro con Sánchez –en el Congreso, no en la Moncloa, porque, ya se sabe, es un presidente ilegítimo–, afirmó que el fiscal general del Estado, Álvaro García, es una persona “condenada” por “abuso de poder”, cuando en realidad –lo que no deja de ser grave– recibió una reprimenda por desviación de poder del Tribunal Supremo dentro del fallo que anuló el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera judicial.

Al menos hay que reconocer a Feijóo un logro en su reunión con Sánchez: se avino generosamente a reformar el artículo 49 de la Constitución, que califica de “disminuido” a quien pasará a denominarse “persona con discapacidad”. Una excelente noticia, pese a que el cambio no se haya acordado con la celeridad con que en 2011 se modificó la Carta para dar prioridad el pago de la deuda externa como impuso Alemania a la UE. La pregunta es cuánto más habrá que esperar para una próxima reforma que limite la inviolabilidad del rey y elimine la prelación del varón en la línea de sucesión de la Corona.