El odio de la derecha a Sánchez nos pone en peligro a todos

Realmente se lo creen. Los votantes del Partido Popular y de Vox se creen que el Gobierno de Pedro Sánchez les está reprimiendo y persiguiendo. Están convencidos de que un gobierno legítimo y votado en las urnas por una mayoría de españoles superior a la que ellos representan es una amenaza para España. Se lo dicen desde sus formaciones políticas, en los periódicos que leen, dentro de sus grupos de Whatsapp, los canales de Telegram afines... Es la información que les llega, aunque no la buscasen.

Creen sin ningún tipo de dudas que tienen que salir a las calles a defender a sus familias y sus valores de patria. Para ellos estos son sus derechos: defender lo suyo y defender a los suyos. Sienten que está en serio peligro tras haber ingerido, semana tras semana, dosis de veneno contenido en miles y miles de fake news, de cadenas de mensajes falsos, de noticias mal intencionadas... Y, por supuesto, todo rubricado por las declaraciones de los líderes políticos de la derecha en los que confían.

Se da la paradoja de que a pesar de gustarles Martínez-Almeida por su tono conciliador, en este momento parece que conectan mejor con la virulencia de Abascal, Casado o Díaz Ayuso. Da la impresión de que, ante ese veneno de mensajes falsos que ingieren, no hay antídoto, que la única solución es dejar de ingerirlo. Algo que no parece posible, al menos no a corto plazo mientras siga esta situación de excepcionalidad y estos liderazgos políticos.

Estando como estamos todos bajo una situación de muchísima presión emocional por el impacto de la crisis, en muchísimos casos con secuelas gravísimas que los votantes de derecha que se manifiestan parecen ignorar, se han desbocado todos sus sesgos inconscientes y pensamientos automáticos. Inquieta comprobar cómo gente sensata y sensible en multitud de aspectos de su vida tiene la creencia de que el Gobierno está utilizando la enfermedad para restringir sus derechos e introducir políticas del peor corte populista posible. Da igual que la verdad sea otra, no les vale. Tienen el síndrome que padecen quienes pertenecen a las sectas más destructivas, aquellas que contravienen el ordenamiento jurídico para imponer sus propias reglas por encima de los derechos del resto, aquellas que son altamente lesivas desde el punto de vista psicológico, social y jurídico.

Desde la lógica de los derechos humanos –los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales– el Gobierno de España está siendo correctamente respetuoso con todos los instrumentos internacionales que indican cómo deben actuar los Estados en situaciones de excepcionalidad como esta. Aunque, por supuesto, que haya aspectos preocupantes en los que el Gobierno suspende en su protección a los derechos humanos. Pero curiosamente, ninguno de estos aspectos tiene que ver con una persecución ideológica a la derecha española, sino más bien con la discriminación estructural de las políticas públicas a los colectivos vulnerables.

Entre esos suspensos hay que destacar los dos más evidentes. Uno sería cómo el Gobierno no está respondiendo de manera humanitaria en su política migratoria frente a la posibilidad de una regularización extraordinaria o de traslados desde los CETI. Otra es la abusiva aplicación de la Ley Mordaza en las seis primeras semanas del estado de alarma entre las zonas más vulnerables y precarizadas. Una aplicación que se ha visto notablemente diluida a partir de la aparición de las protestas protagonizadas por los votantes del PP y Vox.

En este sentido, es importante subrayar que las protestas de la derecha descentrada no son ilegales, que el derecho a manifestación de todas y todos sigue aparentemente intacto excepto si estas movilizaciones son en automóvil. Al menos así lo determinó el Tribunal Constitucional ante una convocatoria del sindicato gallego CUT por el 1º de mayo para manifestarse en coche. Por tanto, las protestas no son el problema. De hecho, se están dando decenas por toda la geografía sin tanta repercusión.

El problema es cuando, en una situación tan crítica como esta, una ideología alimenta y justifica una percepción distorsionada de lo que sucede y utiliza la emocionalidad de quienes confían en ella para provocar un estallido social. No es legítimo que, a partir de un invento de persecución política creada por formaciones políticas, estas inciten y avalen que la ciudadanía pase por encima de la salud pública, de las fórmulas democráticas bajo las que convivimos y quieran anular la pluralidad de banderas, ideas, culturas y formas de actuar acusándolas de totalitarismo. Ninguno de los derechos políticos y civiles de los votantes del PP o Vox ha sido limitado durante este estado de alarma. Ninguno.

Visto en perspectiva, parece que el PP y Vox han aprovechado las secuelas de vulnerabilidad que en todos ha provocado (en distinta medida) esta crisis sanitaria para aislar todavía más a sus votantes y redirigirlos a los enemigos comunes: Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y los nacionalismos. Han hecho eso que Rita Segato llama “estrategia de política villana”.

Mientras, detrás de los balcones y las ventanas seguimos aplaudiendo a las 20h y tejiendo una lealtad cotidiana y ciudadana con la vida y los cuidados, una lealtad sencilla con la salud física y mental propia y de quienes nos rodean. Conscientes de la fragilidad de la vida, optamos por cuidarla en vez de pasar por encima de ella con cacerolas y banderas. Hace tiempo que sabemos que el origen de la vida no está en la costilla de Adán y que de esta crisis tan grave no nos va a sacar la providencia divina. Nos va a sacar la lógica de los derechos universales, interdependientes e indivisibles frente a la lógica de mis derechos por encima de lo que le pase, sienta o piense el resto.